A partir de este lunes, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue declarada persona non grata para el Istmo de Tehuantepec. La Coordinadora General de Damnificados del Istmo (CGDI) emitió un comunicado lamentando la informalidad del gobierno de Oaxaca y el federal en los apoyos para la reconstrucción de viviendas, y anunciaron la toma de oficinas gubernamentales. Los damnificados istmeños informaron sobre la serie de acciones que implementaran a partir de ahora ante la falta de atención a sus demandas de la secretaria de Finanzas estatal, la Comisión de Reconstrucción Oaxaqueña y la propia oficina del gobernador Alejandro Murat. Durante las reuniones de enero entre los representantes del gobierno estatal y federal, la asociación logró que se instalaran dos módulos permanentes de la Sedatu. Sin embargo, la secretaria se negó a reinspeccionar los domicilios que tenían reporte de daño. A finales de enero, los damnificados y la secretaria de Finanzas llegaron a un acuerdo, para que 10 mil familias que resultaron damnificadas por las réplicas del sismo del 7 de septiembre, fueran tomadas en cuenta y recibieran un apoyo económico.
Se elevará la queja ante los organismos de Derechos humanos en todos sus niveles para exigir atención a todos los damnificados, y exigiremos que se auditen los recursos del FONDEN destinados a Oaxaca para la reconstrucción”, menciona el comunicado como primer punto.
En un segundo punto, los damnificados pugnan por los “6 mil millones de pesos correspondientes al 2017, recurso que de manera absurda fue devuelto a la federación, y que es necesario para la reconstrucción”. En su semanario número 88, ejecentral dio a conocer, que la CGDI pugnaba por el reconocimiento de 10 mil familias damnificadas que eran prácticamente invisibles y estaban a la espera de la respuesta del gobierno estatal para el apoyo económico. Desde este lunes, al menos para la Coordinadora, las visitas de la titular de Sedatu no serán bien consideradas en el istmo, mientras que a las del gobernador Murat o de funcionarios de su gabinete, advirtieron, “la CGDI se manifestará hasta lograr que los damnificados sean atendidos”.
Con el fin de no dañar a terceros y no golpear la precaria economía de nuestros paisanos, las acciones de presión que se lleven a cabo en el momento que esta Coordinadora lo considere, estarán orientadas en toma de oficinas públicas de los tres niveles de Gobierno”.
La asociación civil que nació a finales del 2017 llamó a todas las familias que no aparecen en un censo o que necesitan reclasificación de daño en sus hogares a sumarse a su movimiento. Temen que los 200 millones que el Congreso estatal etiquetó para el apoyo de los istmeños.
En el Istmo no habemos damnificados de primera ni de segunda, todos somos damnificados por igual. No buscamos acuerdos en lo oscurito; no pedimos techo financiero, apoyos, ni somos gestores de proyectos, pedimos respeto y atención a los damnificados ¡Ya basta!”
La CGDI iniciará un proceso de reorganización y búsqueda de nuevas alternativas para la reconstrucción de viviendas istmeñas en 18 municipios afectados por el sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre del 2017.