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Redacción ejecentral

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) constituyeron fideicomisos para financiar tareas operativas, especialmente las pensiones complementarias de sus funcionarios, han preferido usar recursos presupuestales para mantener intocables esos fondos.

Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esta mecánica al utilizar tan bajos porcentajes para el financiamiento de las pensiones complementarias “ha generado una acumulación de los recursos con los que cuentan los fideicomisos para poder pagar este tipo de pensiones hasta por 100 años para el caso de la SCJN, y por 72 años para el caso del CJF, según estudios actuariales”. 

Esta no es la primera vez que lo advierte la ASF, de hecho “ha sido una constante en los últimos 10 años”.

“Se considera que la operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos… En promedio, solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, destacando los fideicomisos relativos a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado mayormente con recursos de los propios presupuestos de dichos órganos en lugar de hacer uso de los recursos disponibles con los que cuentan dichos instrumentos financieros, originando ello que las disponibilidades se hayan incrementado casi 4 veces en los últimos 10 años, lo cual representa un incremento de 11,538.2 millones de pesos”, concluyó  la ASF en su primera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2018, correspondiente al último año de la presidencia del ministro Luis María Aguilar.

El documento establece que el órgano revisó el 100% de los ingresos y aportaciones obtenidos por los 11 fideicomisos y un fondo del Poder Judicial de la Federación. Al 31 de diciembre de 2018 mantenían un saldo de 15 mil 514.1 millones de pesos, cuyas erogaciones, en ese mismo ejercicio, ascendieron a un mil 23.6 millones de pesos, “lo que representa que del total de recursos disponibles sólo se utilizó el 6.6%, circunstancia que se ha presentado en por lo menos los últimos 10 ejercicios, en los que, en promedio, se ha utilizado sólo el 4.9% del saldo total en dichos fondos y fideicomisos”. 

En la revisión de la cuenta pública 2014 la Auditoría ya había observado a estos fondos del máximo órgano de justicia del país, lo que originó una recomendación “para que en la elaboración de su anteproyecto de presupuesto considerara la utilización de los recursos disponibles en sus fideicomisos para el pago de un mayor porcentaje de las pensiones complementarias; así́ como dos sugerencias a la Cámara de Diputados, la primera para que se evaluara la pertinencia de emitir una legislación general que regule la creación, operación, duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos en los que participan los organismos integrantes del Poder Judicial de la Federación, y la segunda para que en la asignación del presupuesto de la SCJN se considerara el monto de los recursos disponibles en sus fideicomisos”. Pero esos exhortos no se atendieron por alguno de los dos poderes.

El Poder Judicial de la Federación, detalló la ASF, “continúa limitando el uso de los recursos de sus fondos y fideicomisos, dado que su operación, administración y extinción se rige por Acuerdos de sus Órganos de Gobierno que no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos”, concluyó la ASF. 

Es por eso que el ente auditor sugirió a la Cámara de Diputados que “evalúe la pertinencia de emitir una legislación general que regule la creación, operación, duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos en los que participan los organismos integrantes del Poder Judicial de la Federación, y la segunda para que en la asignación del presupuesto de la SCJN se considere el monto de los recursos disponibles en sus fideicomisos ya que muchas erogaciones son efectuadas con cargo a sus propios recursos presupuestales”. 

Las claves 

En los resultados de la auditoría se plantean observaciones que ya fueron solventadas por la nueva administración que ahora encabeza el ministro presidente Arturo Zaldívar:

– Aunque el CJF publicó en 2018 en el Diario Oficial la totalidad de los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; así́ como los egresos y saldos de los fideicomisos en los que participaron, no lo hizo de forma detallada el destino de los recursos. En abril pasado, esto ya fue cumplido.

– En el caso de los fideicomisos de la SCJN «Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN» y «Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN» que, conjuntamente mantenían un saldo al 31 de diciembre de 2018 de 2 mil 809.4 millones de pesos, sólo el 10% del total de sus erogaciones se destinó al pago de pensiones en 2018. El 90%, un total de 28.9 millones de pesos se financió con el presupuesto de la SCJN.

– El fideicomiso del CJF «Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados», que al 31 de diciembre de 2018 tenía un saldo de 3 mil 564.8 millones de pesos utilizó sólo el 5% de lo que erogó para el pago de pensiones en 2018. El 95% restante, por un total de  290.2 millones de pesos, se financió con el propio presupuesto del CJF con cargo a la partida 15301 denominada «Prestaciones de Retiro» (recursos fiscales). 

– Este año, el Poder Judicial se comprometió a utilizar los recursos de los fideicomisos para los proyectos de instalación de Centros de Justicia Penal Federal y sedes de los órganos jurisdiccionales. 

– La SCJN hará un estudio actuarial de los fideicomisos de «Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN» y «Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN», para incrementar el porcentaje de recursos fideicomitidos para destinarse al pago de pensiones. – El CJF también realizará un estudio actuarial del fideicomiso de «Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados», para valorar los escenarios de participación del mismo en los pagos del plan de pensiones complementarias.

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