En el tiempo el IV Informe presidencial, la tarea será enmendar errores y prevalecer en la ruta de las reformas.
1. Democracia, ajuste y reformas. El Presidente de la República arriba al tiempo del IV Informe de Gobierno tras un revés electoral, catalizado por los bajos niveles de popularidad y una percepción de impunidad y corrupción prevalecientes que le debilitan de cara a la sociedad y le obligan a adoptar decisiones trascendentales.
Los resultados netos de las elecciones muestran que, si bien el PRI tendrá menos gubernaturas, sigue siendo el partido con mayor votación nacional, cerca del 30% de los votos, seguido ya muy de cerca por el PAN como segunda fuerza electoral, con el 26% de sufragios y a la distancia por Morena y PRD, que en lucha fratricida se distribuyen el 20% de las preferencias.
Dado el sesgo electoral en que fue evidente el hartazgo de los ciudadanos, cabría esperar acciones anticorrupción, coronar de manera ejemplar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y buscar una política de seguridad más eficiente y tangible.
Ante ello, son perceptibles tres líneas de acción política adoptadas tras la evaluación presidencial con el Gabinete; una, inherente al proceso electoral con el reconocimiento del cauce democrático, que impulsó la alternancia en ocho entidades, disponiéndose el gobierno a trabajar con los nuevos gobernadores sin distingo de partido o filiación.
En este sentido, en un ejercicio de congruencia, el Presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, asumió la responsabilidad que le compete y decidió presentar su renuncia al cargo, tras reconocer que los resultados no fueron favorables. Para Manlio, el partido en el poder no puede claudicar ahora en el proyecto de Nación emprendido y ceder ante los populismos de derecha e izquierda, sin dejar de reconocer la razón de los electores para contar con resultados concretos y perceptibles, atajando corrupción e impunidad dondequiera que se presente.
En el PRD, partido que ha caído al cuarto o quinto lugar nacional en las preferencias electorales, también renunció su presidente, Agustín Basave, al no poder conciliar un liderazgo eficaz con las disputas interminables entre las tribus que le integran.
Segundo, el Presidente dispuso ordenar la casa y establecer prioridades en materia de gasto e inversión, considerando el ajuste presupuestal venidero para 2017, que le permitan sostener la estabilidad macroeconómica y la salud de las finanzas públicas sin dejar de apoyar el gasto social. El recorte presupuestal acumulado ya ronda los dos puntos del PIB, hay preocupación externa (Fitch dixit) por el nivel que alcanza la deuda pública cercana al 50% del PIB, que si bien está cubierta por el binomio reservas/crédito flexible del FMI, no dejan de suponer presión sobre las finanzas públicas, sobre todo cuando, en algún momento del segundo semestre, la Reserva Federal norteamericana elevará las tasas de interés en un medio punto porcentual más, lo que automáticamente se refleja en el servicio de la deuda como también en las tasas internas de referencia; es decir, el crédito se encarece. Y tercero, el Presidente optó por concentrarse en la ruta de consolidación de las reformas estructurales, los programas y las acciones que les son consecuentes, así como a redoblar esfuerzos para entregar resultados tangibles a la ciudadanía. Si la seguridad mejora, si los precios de bienes y servicios públicos se reducen o si la agenda legislativa incluye temas polémicos, el partido gobernante requiere estar en sintonía para beneficiarse, definir estrategias o pagar el costo que le corresponda en el aprecio de los ciudadanos.
2. Hacia el IV Informe de Gobierno. Trasciende que el presidente Enrique Peña Nieto se ha reunido con su Gabinete para evaluar lo acontecido, pero también para establecer la ruta de lo que viene, de cara al IV Informe de Gobierno y al cierre del ejercicio fiscal.
En el calendario político, aparece en el horizonte la entrega del IV Informe de Gobierno, con lo que daría inicio el último tercio de la Administración y se estaría entrando en el tiempo llano de la sucesión presidencial.
Tradicionalmente, ese cuarto año había sido considerado como el año de mayor poder del Presidente, que es cuando puede influir en la planeación de su sucesión (anteriormente, decidía quién sería el sucesor).
Empero, tras las elecciones de junio, el rubro de los gobernadores se ha debilitado, pues ahora el partido gobernante podrá integrar a su causa sólo 15 entidades que le dejan en minoría en CONAGO y menoscaban el respaldo electoral pero también en lo que se refiere a las exigencias del federalismo, que implican, sobre todo, más recursos y políticas públicas orientadas hacia los Estados, de suyo afectados por la baja en los ingresos públicos.
En todo caso, lo que habría de propiciarse es hacer de las elecciones una oportunidad de cambio, de reorganización, se dice, para, escuchando a los electores, establecer los parámetros de la nueva gobernabilidad democrática. Si hay un clamor contra la corrupción y la inseguridad, bueno sería dar algunos pasos para encauzar los temas y ofrecer mejores resultados, al mismo tiempo que propiciar la reorganización del Gobierno Federal.
3. Triste extraordinario. Conforme a las expectativas que había levantado, el periodo de sesiones extraordinarias concluyó sus labores en la medianía de lo alcanzado. Al cerrar el periodo convocado, se procesaron dos grandes bloques legislativos, que se refieren a la Miscelánea Penal con la que concluye la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que involucraron leyes como la de Ejecución de Penas, la de Justicia para Adolescentes así como diversas disposiciones de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Penal Federal y de las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, con el efecto final de haber cumplido en tiempo y forma con el plazo exacto de ocho años previsto para concluir su implementación, que se venció el pasado 18 de junio.
Se aprobó, por fin, el paquete de leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, esa gran arquitectura institucional ejemplificada por el entonces diputado Beltrones como una mesa apoyada en cuatro pilares, para cerrar el paso a la corrupción y a la impunidad que tanto han lacerado al país y enojado a los ciudadanos en los últimos años. Sin duda, dada la enorme presión mediática prevaleciente, se quiso centrar la cuestión en la llamada “iniciativa 3 de 3” que se refiere a la obligatoriedad de presentación para los entes obligados, de las declaraciones de bienes, de intereses y fiscal, que, se decía, al ser de dominio público podrían cerrar el paso al problema.
Pero esto no es así; en realidad, el Sistema Nacional Anticorrupción es bastante más que la presentación de las tres declaraciones de bienes, de intereses y fiscal; el sistema empieza por establecer una Fiscalía Anticorrupción con autonomía técnica y de gestión, inserta en la nueva Fiscalía General de la República, que permitirá, con el carácter de un Ministerio Público, recibir denuncias e investigar casos de presumible corrupción, lo que ya de suyo inhibe esas conductas.
Se integra, asimismo, un componente preventivo, con la rehabilitación de la Secretaría de la Función Pública para establecer procedimientos que anticipen casos de corrupción y normen la debida transparencia y disciplina de los servidores públicos, como también un ente juzgador, al transformar el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en un verdadero Tribunal de Cuentas (que se llamaría de Justicia Administrativa), a efecto de juzgar los casos y establecer las sentencias como también la debida reparación del daño que se causare por los actos de corrupción.
La cuarta pata de la mesa la constituyen las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, que en el ámbito de la Ley de Fiscalización, podrá revisar las cuentas públicas ya no sólo al concluir el año fiscal, sino también “en caliente”, es decir, durante el ejercicio y disponer medidas preventivas, correctivas o de apremio.
Y, en la parte de supervisión y definición de políticas públicas anticorrupción, estará ubicado el Consejo del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde habrá un Consejo de Participación Ciudadana que podrá, sobre todo, decidir en qué circunstancias las declaraciones de bienes, intereses y fiscal de los entes obligados podrían ser públicas.
Esta parte no gustó a los particulares y sus defensores, pues buscando ser más papistas que el papa, la propuesta ciudadana pretende establecer la obligación de publicidad sólo para los servidores públicos, en tanto que los legisladores aprobaron este deber para todos aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o celebren contratos con los tres niveles de gobierno, dado que la corrupción es un problema binario: existe un corrupto y un corruptor, ambos igualmente responsables del lacerante fenómeno. Esta propuesta originalmente fue hecha por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, según consta en las documentales de la Comisión Legislativa a la que correspondió elaborar el dictamen.
Lo cierto es que una legislación tan invasiva como extensiva es lesiva de los derechos humanos de los sujetos obligados, que también deben ser observados, por lo que esta disposición legal tiene ya visos de inconstitucionalidad. En el ámbito máximo de los derechos humanos, la protección de datos personales y la salvaguarda de la integridad física de las personas está indicada, por lo que no puede haber legislación secundaria que obligue a persona alguna a la violación de sus derechos humanos.
Para fortuna, aún los legisladores del PAN originalmente proponentes de la medida se muestran dispuestos a reconsiderar, en lo que los diputados y senadores del PRI y PRD concuerdan, por lo que próximamente habrá una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para precisar el ámbito de aplicación de las disposiciones preventivas, atribuibles fundamentalmente a los servidores públicos y sujetos en su publicación, al dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana anteriormente referida. 4. Lo que faltó. El periodo de sesiones extraordinarias cerró sus labores dejando varios temas sin resolver. Entre ellos, sin concluir el proceso legislativo inherente al Mando Mixto, que es en lo que quedó la iniciativa de Mando Unico enviada por el Ejecutivo Federal. Mediante un dictamen aprobado en Comisiones por legisladores del PRI y del PRD y de resultar eventualmente aprobado por el pleno de ambas Cámaras, sería posible la permanencia de cuerpos de policía municipales certificadas, con una intervención temporal de fuerzas estatales o federales, y la remoción de mandos cuando no cumplan con la evaluación o haya petición de los gobernadores o el Presidente de la República. No se incluye en el paquete los aspectos relativos a la disolución de Ayuntamientos infiltrados por la delincuencia organizada.
Tampoco se procesó legislativamente lo relativo al uso lúdico de la marihuana ni la posesión de hasta 28 gramos. Se aprobó el uso medicinal, regulado por el Estado y la portación para uso personal sigue siendo sólo de cinco gramos.
Concluyó así el periodo de sesiones extraordinarias convocado de manera inusual, sin que hubiera dictámenes previamente convenidos, aprobando legislación “descafeinada” desde el punto de vista de medios y ciertos grupos e la sociedad civil, y sin agotar toda la agenda que se había propuesto abordar.
5. Factores del Presupuesto 2017. Subyace en el contexto el tema del presupuesto para el 2017. Al momento, las variables macroeconómicas que rigen la elaboración del paquete presupuestario siguen situándose en la zona de prevención o de riesgo latente.
El precio internacional del petróleo aún se encuentra presionado, si bien en recuperación; al momento se ubica por encima de los 45 dólares, en un vaivén caracterizado por la situación geopolítica mundial. En lo inmediato, una eventual salida del Reino Unido de la Eurozona puso al petróleo del Mar del Norte en la indefinición, en tanto que un eventual acuerdo para congelar la producción de los países miembros de la OPEP ha mantenido el equilibrio de los precios entre los 40 y 50 dólares el barril. Hoy, el petróleo de referencia cotizó en 47 dólares, lo que ubica la mezcla mexicana en 40 dólares.
El peso mexicano también sigue presionado por la volatilidad e incertidumbre mundial, pero también por la elevación del monto de la deuda mexicana, que estría rondando los 50 puntos del PIB. Hoy la divisa norteamericana está en 18.75 pesos por unidad, lo que se estima subvaluada, pero no tiende a ubicarse por debajo de los 18 pesos. Al elevarse las tasas de interés, y no se dude que se elevará a finales del año, sube el servicio de la deuda y el costo del dinero, con lo que la colocación de bonos y la capación de inversores también se encarece. Nuestro país, ubicado por Fitch Ratings en la zona del BBB+ (aún con perspectiva estable) paga intereses externos entre 5 y 6%, que se consideran caros en el mundo del dinero.
La inflación también se ha visto presionada debido al costo del dinero y al deslizamiento de la paridad cambiaria; si bien se ubica aún por debajo del 3%, los analistas del sector privado estiman que estará por encima de este nivel para finales de año. La evolución de la inflación es suficiente tema para que el Banco de México decida eventualmente intervenir y forzar, otra vez, al gobierno a definir el monto del ajuste presupuestal, el incremento de impuestos o la subida de las tasas de interés.
El otro factor que preocupa, es el relativo al monto del ajuste o “priorización” del presupuesto que se ha anunciado para 2017. En febrero, la SHCP anticipó que sería de un 1.3% del PIB por lo menos, pero podría ser aún mayor, dada la presión del exterior para que el gobierno cumpla con el déficit cero y equilibre el presupuesto, por vez primera en muchos años. Los ajustes no le gustan a la opinión pública ni a los empresarios, que sienten que tales ajustes son, precisamente, un freno al crecimiento.
En lo que se refiere a la parte impositiva, trasciende otra vez que el gobierno mexicano sostendrá su perspectiva para no crear nuevos impuestos ni subir las tasas existentes; se ha hablado de volver a la tenencia para fortalecer las tesorerías estatales, exhaustas como están, como también sigue la cruzada del PAN y el sector empresarial para buscar abrir la reforma hacendaria y volver a privilegios que sienten, les fueron escamoteados en materia de consolidación, deducciones y tablas de impuestos.
Finalmente, la expectativa de crecimiento de la economía mexicana, aún en este entorno de retracción mundial que estamos viviendo, se sitúa en ruta positiva, al pasar de un 2.2% en que le habían ubicado los analistas del sector privado, a un más positivo 2.5% que se está planteando hoy, con posibilidades de hasta 3% para el 2017.
