Dentro del complejo del asesinato

La denuncia de irregularidades no es sólo una filtración, es un acto de resistencia política

Por Edward Snowden | @snowden

He estado esperando 40 años a alguien como tú”. Ésas fueron las primeras palabras que Daniel Ellsberg me dijo cuando nos conocimos el año pasado. Dan y yo sentimos una afinidad inmediata. Ambos sabíamos lo que significaba arriesgar tanto –y pasar por un irrevocable cambio– al revelar verdades secretas.

Uno de los retos de ser un informante es vivir con el conocimiento de que hay gente sentada –tal como tú lo hiciste, frente a esos escritorios, en esa unidad, en toda la agencia – que ve lo que viste y que cumple en silencio, sin resistencia ni queja. Ellos aprenden a vivir no sólo con mentiras, sino con mentiras innecesarias, mentiras peligrosas, mentiras corrosivas. Es una doble tragedia: Lo que comienza como una estrategia de supervivencia termina comprometiendo al ser humano que trataba de preservar y menoscabando la democracia sólo para justificar el sacrificio.

Pero a diferencia de Dan Ellsberg, yo no tuve que esperar 40 años para presenciar el que otros ciudadanos rompieran ese silencio con los documentos.

Ellsberg entregó los Papeles del Pentágono a The New York Times y otros periódicos en 1971; Chelsea Manning proporcionó los registros de las guerras de Irak y Afganistán y los materiales del Cablegate a WikiLeaks en 2010. Yo hice lo que me correspondía en 2013. Ahora, aquí estamos, en 2016, y otra persona valiente ha puesto a disposición pública el conjunto de documentos extraordinarios que se publicó en The Assasination Complex, el nuevo libro publicado por Jeremy Scahill y The Intercept (Los documentos fueron publicados originalmente el pasado 15 de octubre en The Drone Papers).

Somos testigos de la compresión de un periodo de trabajo en el que la mala política se refugia en las sombras, del marco temporal en el que las actividades inconstitucionales pueden continuar hasta ser expuestas por actos de conciencia. Y esta compresión temporal tiene un significado que va más allá de los titulares inmediatos, permite a la gente de este país (Estados Unidos) conocer las acciones críticas del gobierno, no como parte del registro histórico, sino en una forma que permite la acción directa a través del voto, en otras palabras, de una manera que permite a una ciudadanía informada defender la democracia que los “secretos de Estado” se supone deben apoyar. Cuando veo a las personas que son capaces de entregar información, tengo la esperanza de que no siempre será necesario restringir las actividades ilegales de nuestro gobierno como si fuera una tarea constante, arrancar de raíz la violación oficial de la ley como si fuera algo tan rutinario como cortar el pasto (Curiosamente, así es como algunos han comenzado a describir las operaciones de asesinato a distancia, como “cortar el pasto”). Un solo acto de denuncia no cambia la realidad de que hay partes significativas del gobierno que operan por debajo del agua, fuera de la visibilidad del público. Esas actividades secretas continuarán, a pesar de las reformas. Pero aquellos que realizan dichas acciones ahora tienen que vivir con el temor de que si se involucran en actividades contrarias al espíritu de la sociedad –incluso si un solo ciudadano es catalizado para detener la maquinaria de esa injusticia– aún podrían ser obligados a rendir cuentas. El hilo del que cuelga el buen gobierno es esta igualdad ante la ley, dado que el único temor del hombre que mueve los engranes es que pueda encontrarse a sí mismo atrapado en ellos.

La esperanza reside más allá, cuando pasamos de las filtraciones extraordinarias a una cultura colectiva de responsabilidad dentro de la comunidad de inteligencia. Aquí habremos dado un paso significativo hacia la solución de un problema que ha existido desde que existe nuestro gobierno.

No todas las filtraciones son iguales, como tampoco lo son los informantes. El general David Petraeus, por ejemplo, proveyó a su amante ilícita y biógrafa favorable información tan secreta que desafió a la clasificación, incluyendo los nombres de los agentes secretos y las ideas privadas del presidente sobre asuntos de interés estratégico.

Petraeus no fue acusado de un delito grave, como el Departamento de Justicia había recomendado en un principio, en cambio se le permitió declararse culpable de un delito menor. Si un soldado de rango modesto hubiera extraído una pila de cuadernos altamente clasificados y los hubiera entregado a su novia para arrebatarle una sonrisa, enfrentaría varias décadas en prisión, no una serie de referencias sobre cómo funciona la jerarquía en el ejército.

Hay filtraciones autorizadas y también revelaciones permitidas. Es raro que los funcionarios de la administración pidan explícitamente a un subordinado filtrar el nombre de un agente de la CIA para tomar represalias contra su marido, como parece haber sido el caso de Valerie Plame. Es igual de inusual que pase un mes sin que algún alto funcionario dé a conocer alguna información protegida que sea benéfica para los esfuerzos políticos de los partidos. Pero claramente “perjudicial para la seguridad nacional” bajo las definiciones de nuestra ley.

Esta dinámica se puede ver muy claramente en la “conferencia telefónica de la perdición” de Al Qaeda, una historia en la que funcionarios de inteligencia, probablemente tratando de inflar la amenaza del terrorismo y desviar las críticas generadas por la vigilancia masiva, revelaron a un sitio web neoconservador balances extraordinariamente detallados de comunicaciones específicas que habían interceptado, incluyendo la ubicación de las partes participantes y el contenido exacto de las discusiones. Si tomamos como válidas las declaraciones de los funcionarios, se quemó irrevocablemente un extraordinario medio de aprendizaje sobre los planes y las intenciones de los líderes terroristas en aras de obtener una ventaja política tan fugaz como un ciclo de noticias. Ni una sola persona parece haber sido disciplinada como resultado de la historia que nos costó la capacidad de escuchar la supuesta línea directa de Al Qaeda.

Si la lesevidad y la autorización no hacen ninguna diferencia, ¿qué explica la diferencia entre la divulgación permisible y no permisible?

La respuesta es el control. Una fuga es aceptable si no es vista como una amenaza, como un desafío a las prerrogativas de la institución. Pero si todos los componentes dispares de la institución –no sólo su cabeza, sino sus manos y pies, cada parte de su cuerpo– pueden asumir que tienen el mismo poder para abordar temas de interés, eso se vuelve una amenaza existencial para el monopolio político moderno del control de la información, sobre todo si hablamos sobre revelaciones de irregularidades graves, actividades fraudulentas o actividades ilegales. Si no puedes garantizar que sólo tú puedes explotar el flujo de información controlada, entonces la suma de todo aquello de lo que es mejor no hablar en el mundo –incluyendo tus propios secretos– comienza a lucir más como un pasivo que como un activo.

Las divulgaciones verdaderamente no autorizadas son necesariamente un acto de resistencia, siempre y cuando no se hagan simplemente para el consumo de la prensa, para esponjar el aspecto público o la reputación de una institución.

Sin embargo, eso no quiere decir que todas provengan del rango operativo más bajo. A veces las personas que dan un paso hacia adelante se encuentran cerca de la cúspide del poder. Ellsberg estaba en la cima; reportaba al secretario de Defensa. No se puede llegar mucho más alto, a menos que seas secretario de Defensa, y simplemente no existen los incentivos para que un funcionario de alto rango se involucre en revelaciones de interés público dado que esa persona ya ejerce su influencia para cambiar directamente la política.

En el otro extremo del espectro se encuentra Manning, un joven soldado que se ubicaba mucho más cerca de la base de la jerarquía. Yo estaba a medio camino en mi carrera profesional. Me sentaba a la mesa con el director de Información de la CIA, y le reportaba a él y a su director de Tecnología cuando hacían públicamente declaraciones como “Tratamos de recolectarlo todo y aferrarnos a ello para siempre”, y todo el mundo aún pensaba que era un lindo eslogan publicitario. Mientras tanto, yo diseñaba los sistemas que utilizarían para hacer precisamente eso. Yo no reportaba al lado de la política, a la Secretaría de Defensa, reportaba al área de operaciones, al director de Tecnología de la Agencia Nacional de Seguridad. Las irregularidades oficiales pueden impulsar a empleados de todos los niveles a revelar información, incluso a pesar de que podrían enfrentar un gran riesgo, siempre y cuando se les pueda convencer de que es necesario hacerlo.

Llegar a esos individuos, ayudarles a darse cuenta de que su primera lealtad como servidor público es para el público en lugar de para el gobierno, es el desafío. Eso es un cambio significativo en la cultura de los empleados del gobierno de hoy.

He argumentado que los informantes son elegidos por las circunstancias. No es una virtud de lo que eres ni de tu formación. Es una cuestión que apunta a aquello a lo que estás expuesto, lo que atestiguas. En ese punto, la pregunta es, ¿realmente crees que tienes la capacidad para remediar el problema, para influir en la política? No animo a las personas a filtrar información, incluso sobre actividades irregulares, si no creen que pueden ser eficaces al hacerlo, porque el momento adecuado puede ser tan raro como la voluntad de actuar.

Ésta es simplemente una consideración pragmática y estratégica. Los informantes son algo atípico, improbable, y si se quiere que sean eficaces como fuerza política, es fundamental que maximicen la cantidad del bien público producido a partir de esas escasas semillas. Cuando yo estaba tomando mi decisión, comprendí cómo una consideración estratégica, tal como esperar hasta el mes previo a una elección nacional, podría verse abrumada por otra, como lo es el imperativo moral de ofrecer una oportunidad para detener una tendencia mundial que ya ha ido demasiado lejos. Yo estaba concentrado en lo que vi y, en mi sentido de abrumadora privación de derechos en que el gobierno, en el que yo había creído, estaba involucrado en un acto tan extraordinario de engaño.

En el corazón de esta evolución se encuentra el que la denuncia de irregularidades es un evento de radicalización, y por “radical” no me refiero a “extremo”, sino al sentido tradicional de radix, la raíz del problema. En algún momento reconoces que simplemente no puedes escribir un par de letras en una página y esperar lo mejor. No puedes informar de ese problema a tu supervisor, como intenté hacer, porque, inevitablemente, los supervisores se ponen nerviosos. Ellos piensan en el riesgo estructural en sus carreras. Les preocupa hacer olas y “hacerse de una reputación”. No existen los incentivos necesarios para producir una reforma significativa. Fundamentalmente, en una sociedad abierta, el cambio tiene que fluir desde la base hasta la cima.

Si trabajas en la comunidad de inteligencia, renuncias a mucho para conseguir el trabajo. Te comprometes felizmente a restricciones tiránicas. Te sometes voluntariamente a polígrafos; le cuentas al gobierno todo acerca de tu vida. Renuncias a una gran cantidad de derechos porque crees que la bondad fundamental de tu misión justifica el sacrificio incluso de lo sagrado. Es una causa justa.

Y cuando te enfrentas a la evidencia –no en un caso extremo, no en una peculiaridad, sino como consecuencia natural del programa– de que el gobierno está revolviendo la Constitución y violando los ideales en los que tan fervientemente crees, tienes que tomar una decisión.

Cuando ves que el programa o la política son incompatibles con los juramentos y las obligaciones que adquiriste con la sociedad y contigo mismo, entonces ese juramento y esa obligación no puede conciliarse con el programa. ¿A qué le debes una mayor lealtad?

Una de las cosas extraordinarias sobre las filtraciones de los últimos años, y su ritmo acelerado, es que han ocurrido en el contexto de Estados Unidos como la “híper potencia sin oposición”. Hoy tenemos indiscutiblemente la mayor maquinaria militar en la historia mundial, y está respaldada por un sistema político que está cada vez más dispuesto a autorizar cualquier uso de la fuerza en respuesta a prácticamente cualquier justificación. En el contexto actual esa justificación es el terrorismo, pero no necesariamente porque nuestros líderes estén particularmente preocupados por el terrorismo en sí mismo o porque piensen que es una amenaza existencial para la sociedad. Reconocen que, incluso si tuviéramos un episodio como el del 11 de septiembre todos los años, seguiríamos perdiendo a más gente en accidentes de tráfico y enfermedades del corazón, y no vemos el mismo gasto de recursos para responder a esas amenazas.

A lo que en verdad se reduce esto es a la realidad política de que tenemos una clase política que siente que debe inocularse a sí misma contra las acusaciones de debilidad. Nuestros políticos temen más a las políticas contra el terrorismo –a las acusaciones de que no toman el terrorismo en serio– que a los crímenes en sí.

Como resultado, hemos alcanzado esta capacidad sin par, sin restricciones, gracias a la política. Hemos llegado a confiar en lo que estaba destinado a ser el último recurso de control: los tribunales. Los jueces, al darse cuenta de que de repente sus decisiones tienen una carga de mucha mayor importancia política e impacto del que se pretendía originalmente, han hecho un gran esfuerzo tras los ataques del 11 de septiembre para evitar la revisión de las leyes o las operaciones del Ejecutivo en el contexto de la seguridad nacional y de sentar precedentes restrictivos que, aunque fueran del todo adecuados, impondrían límites al gobierno durante décadas o más. Eso significa que la institución más poderosa que la humanidad ha atestiguado en su historia también se ha convertido en la menos contenida. Sin embargo, esa misma institución nunca fue diseñada para operar de esa manera, tras haber sido fundada explícitamente sobre el principio de equilibrio de poderes. Nuestro impulso fundador fue decir: “Aunque somos poderosos, somos voluntariamente restringidos”.

El día en que entras en servicio en la CIA, levantas la mano y haces un juramento, no al gobierno, no a la agencia, no a guardar el secreto. Haces un juramento a la Constitución. Así que existe esta fricción, esta competencia que emerge entre las obligaciones y los valores que el gobierno pide que resguardes, y las actividades reales en las que se te pide participar.

Estas filtraciones sobre el programa de asesinatos de la administración de Obama revelan que hay una parte del carácter estadounidense que está profundamente preocupada por el ejercicio del poder sin límites, sin control. Y no hay mayor o más clara manifestación de poder sin control que asumir por sí mismo la autoridad para ejecutar a un individuo fuera de un contexto bélico y sin la participación de cualquier tipo de proceso judicial.

Tradicionalmente, en el contexto de los asuntos militares, siempre hemos entendido que la fuerza letal en combate no podía ser sometida a la restricción de una evaluación judicial previa. Cuando los ejércitos se están disparando el uno al otro, no hay espacio para un juez en ese campo de batalla. Pero ahora el gobierno ha decidido –sin la participación del público, sin nuestro conocimiento y consentimiento– que el campo de batalla está en todas partes. Las personas que no representan una amenaza inminente en cualquier sentido significativo de esas palabras son definidas de nuevo, a través de la subversión del lenguaje, para encajar en esa definición.

Inevitablemente esa subversión conceptual encuentra la forma de llegar a casa, junto con la tecnología que permite a los funcionarios promover cómodas ilusiones de matanzas quirúrgicas y vigilancia no intrusiva.

Tomemos, por ejemplo, el Santo Grial de la llamada persistencia de los drones, una capacidad que Estados Unidos ha perseguido desde siempre. El objetivo es desplegar aviones no tripulados alimentados por energía solar que puedan volar durante semanas sin necesidad de aterrizar. Una vez que puedas hacer eso, y poner cualquier dispositivo típico de recolección de señales en la parte inferior del vehículo para monitorear, sin parpadear, las emanaciones de, por ejemplo, las diferentes direcciones de red de todas las computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y iPods, sabrás no sólo qué dispositivo en particular vive en cada ciudad, sino en qué departamento vive cada dispositivo, a dónde va a una hora determinada, y por qué ruta.

Una vez que conoces los dispositivos, conoces a sus propietarios. Cuando empiezas a hacer esto en varias ciudades, realizas un seguimiento de los movimientos no sólo de los individuos sino de poblaciones enteras.

›El poder ilimitado puede ser muchas cosas, pero no estadounidense.

Al aprovecharse de la necesidad moderna de mantenerse conectado, los gobiernos pueden reducir nuestra dignidad a algo similar a la de animales marcados, la principal diferencia es que hemos pagado por las etiquetas y éstas se encuentran en nuestros bolsillos.

Suena como paranoia, pero en el nivel técnico es tan trivial de implementar que no puedo imaginar un futuro en el que no se intente hacerlo. En un principio esta práctica estará limitada a las zonas en guerra, de acuerdo con nuestras costumbres, pero la tecnología de vigilancia tiene la tendencia de seguirnos a casa.

Aquí vemos el doble filo de nuestra marca de nacionalismo estadounidense. Estamos educados para ser excepcionalistas, para pensar que somos la mejor nación con el destino manifiesto para gobernar. El peligro es que algunas personas creen realmente esa afirmación, y algunas de ellas esperarán que la manifestación de nuestra identidad nacional, es decir, nuestro gobierno, se comporte a la altura.

El poder ilimitado puede ser muchas cosas, pero no estadounidense. Es en este sentido que el acto de filtración de información se ha convertido cada vez más en un acto de resistencia política. El informante activa la alarma y levanta la lámpara.

Los individuos que hacen esas filtraciones sienten un compromiso tan elevado por lo que han visto que están dispuestos a arriesgar sus vidas y su libertad. Ellos saben que nosotros, el pueblo, somos, en última instancia, los vigilantes más fuertes y confiables del poder del gobierno. Los empleados en los niveles más altos de gobierno tienen una capacidad extraordinaria, recursos extraordinarios, y un fantástico acceso a la influencia y el monopolio de la violencia, pero en el cálculo definitivo no hay más que una sola cifra que importe: el ciudadano individual. Y hay más de nosotros que de ellos.

Fragmento de The Assasination Complex: Inside the Government’s Secret Drone Warfare Program, por Jeremy Scahill y el equipo de The Intercept, con prólogo de Edward Snowden y epílogo de Glenn Greenwald.