El pasado lunes 18 de mayo, la presidenta de la República anunció en la conferencia mañanera que enviará una propuesta al Congreso para posponer la elección judicial federal hasta 2028 y, en consecuencia, las elecciones judiciales de las entidades federativas.
La propuesta no solo representa un respiro para las autoridades electorales en términos de organización, también puede ser una buena noticia para la ciudadanía. Si la elección judicial no se realiza de manera concurrente en 2027, las personas recibirán menos boletas, tendrán que revisar menos perfiles y enfrentarán un formato más sencillo para emitir su voto.
Todavía falta conocer el contenido completo de la iniciativa y las modificaciones que deberán hacerse a las constituciones locales y a las leyes electorales. Sin embargo, desde ahora hay varios temas que vale la pena poner sobre la mesa, particularmente pensando en la Ciudad de México.
Es importante reconocer la necesidad de ajustar el modelo antes de repetir una elección tan compleja. Durante meses, en distintos foros organizados por autoridades electorales y espacios académicos, se señalaron varios focos rojos que hoy aparecen en esta discusión.
Uno de ellos es el proceso de registro y selección de candidaturas. Se necesita un mecanismo más claro y homogéneo. También hace falta reducir el número de candidaturas para facilitar la votación y ampliar los tiempos de revisión de requisitos de elegibilidad. Se trata de dar tiempo suficiente para revisar perfiles y resolver posibles impugnaciones antes de la impresión de las boletas.
Otro tema importante es que la propuesta parece resolver el problema inmediato, pero, al parecer, deja pendientes varios desafíos futuros. Se dijo que únicamente cambiaría la elección de 2027 para llevarla a 2028, pero que posteriormente, a partir de 2030, las elecciones judiciales se realizarían junto con las elecciones legislativas y ejecutivas. Ahí podrían repetirse muchos de los problemas que hoy se intentan evitar.
La concurrencia de elecciones implica retos logísticos importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México significa replantear la capacidad de almacenamiento de las bodegas electorales existentes y homologar los distritos judiciales locales con los 33 distritos electorales existentes. Subdividir aún más esos distritos haría mucho más complicada la votación, la integración de paquetes electorales y el conteo de votos.
Además, la elección judicial tiene una complejidad adicional. Existen distintas materias tanto para juzgados como para magistraturas y no en todas se elegirá el mismo número de cargos (aproximadamente 45 magistraturas y cerca de 300 juzgados). Eso obliga a distribuir las candidaturas de manera equilibrada entre distritos, aunque no necesariamente de forma idéntica.
En 2025, el IECM aplicó una metodología transparente y replicable para resolver esta distribución, pero si se buscara ubicar ciertos cargos y materias en zonas geográficas específicas, tendría que definirse desde la convocatoria y en coordinación con el Poder Judicial local.
Compartir casillas entre elecciones partidistas y judiciales también genera tensiones operativas importantes. Mientras en una elección participan representaciones de partidos políticos, en la otra no ocurre igual. Eso vuelve difícil excluirles completamente de etapas como la jornada electoral o los cómputos distritales, lo que podría poner en entredicho la independencia partidista del proceso judicial.
A esto se suma el diseño de las boletas. El modelo presentado, que requiere cruzar columnas por especialidad y filas por poder postulante, necesitará una fuerte campaña de pedagogía del voto. Existe un riesgo importante de votos nulos si las personas marcan más opciones de las permitidas en una misma columna. Por eso será necesario establecer reglas claras sobre cuándo un voto debe considerarse válido o nulo.
El conteo de votos es otro desafío mayor. Si las boletas judiciales se contabilizan directamente en casilla, los resultados podrían tardar mucho más tiempo en conocerse. Aunque disminuya el número de candidaturas, cada boleta contempla varios votos que deben verificarse individualmente.
Finalmente, hay temas indispensables que todavía no aparecen con claridad en la discusión pública. Uno de ellos es la regulación de campañas. Si en el futuro se pretende mantener elecciones concurrentes, será necesario definir cómo se fiscalizarán y regularán las campañas judiciales al mismo tiempo que las campañas partidistas tradicionales.
