REDACCIÓN
En el Istmo se vive una violencia generalizada e institucional que ejercen los sectores políticos y económicos y los grupos criminales se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la región, denunció Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac.
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En las estadísticas oficiales, detalló, las cifras de delitos no reflejan la realidad de la región, porque los pobladores no denuncian, ante la falta de confianza en las autoridades y porque se han acostumbrado a las distintas formas de violencia.
“Es una inercia natural. Inclusive el delito como tal, la justicia como tal, la impunidad como tal, se hace un círculo vicioso en la medida que los sistemas se pervierten, se hace natural, digamos que se naturaliza la violencia y mucha gente no denuncia y busca maneras de cómo hacer sus catarsis y eso también es violencia”, aseveró.
Nolasco Martínez, quien dirige esta organización con más de 20 en las zonas marginadas. En la región, sostuvo, “los secuestros están a la orden del día, los crímenes están a la orden del día”. Es por eso que en materia de protección de los derechos humanos, aseveró, “el gobierno tiene una cuenta pendiente con la sociedad istmeña”.
Para las comunidades una de las formas de violencia más común es la que se ejerce desde el Estado que pretende impulsar inversiones económicas con empresas trasnacionales, sin consultar a los habitantes de la región.
“Hay una complicidad entre el poder económico y el poder político y lo que está produciendo es una violencia institucionalizada”, consideró el defensor de derechos humanos. Las comunidades que viven del mar o del campo y tiene carencias, “pero no le pide nada al gobierno y éste irrumpe con sus programas para corroer el tejido comunitario, la gente se indigna y adopta otras posturas, de ahí esas cuestiones de policías comunitarias, pueblos en resistencia”.