A casi dos años de que diera inicio el programa Quédate en México, que impuso el entonces presidente Donald Trump, Estados Unidos expulsó a más de 70 mil migrantes. Esto provocó un desastre humanitario sin precedentes en la frontera, por los secuestros, torturas, extorsiones, desapariciones forzadas, explotación sexual, falta de atención sanitaria en plena pandemia y abusos sistemáticos por parte de instituciones del Estado mexicano y grupos criminales.
De acuerdo con el informe En la boca del lobo, elaborado por varias organizaciones, se establece que el gobierno aceptó implementar ese programa, pero “no ha cumplido con su compromiso de brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a la educación y de garantizar su seguridad”.
Este documento narra los abusos de las autoridades mexicanas a las personas migrantes, en particular por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, y la Guardia Nacional. Incluso el título del informe fue tomado del testimonio de una migrante que afirmó que los mandaban a “la boca del lobo”, ya que la frontera norte mexicana es uno de los lugares más hostiles de la región y alberga a tres de las ciudades más peligrosas del mundo: Ciudad Victoria, Tijuana y Ciudad Juárez, controladas por el crimen organizado, a lo que se suma la corrupción estatal.
En sus páginas se hace especial mención a la situación de las mujeres, adolescentes y niñas secuestradas por las organizaciones criminales, lo que considera aún más preocupante, porque además de las «labores» que les son encomendadas, son esclavizadas sexualmente, forzadas a ejercer la prostitución o ejecutadas si se niegan a obedecer las órdenes de sus captores.
El documento ofrece una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para enfrentar la crisis migratoria que es, a su vez, una grave crisis humanitaria, la cual continuará pese a que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la suspensión de nuevos registros al programa.
El informe En la boca del lobo fue elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).