Destapan alteración de cifras delictivas en las 32 entidades
Causa en Común señala que el subregistro y la reclasificación de delitos y víctimas es un problema que se ha agudizado este año
En el primer trimestre de 2023, el subregistro de la incidencia de delitos y de víctimas, derivado de una probable “manipulación” de la estadística que cada mes reportan los estados, experimentó un incremento. De acuerdo con el “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones” de la organización civil Causa en Común, en el arranque de año se mantienen las probables anomalías en las estadísticas de diversos delitos de prácticamente todas las entidades del país.
Incluso en el caso de los homicidios dolosos, uno de los indicadores de la violencia más precisos, ya que no amerita una denuncia, el análisis de la organización halló esa posible alteración.
Este fenómeno ocurre tanto por la reclasificación que se les da a las víctimas a una categoría distinta, como por las irregularidades que presentan los estados en cuanto a la cifra de personas desaparecidas.
“Tenemos estados donde el número de desaparecidos es igual al de asesinatos o incluso es mayor y debería haber un seguimiento, una explicación por parte de las autoridades y no la hay. Donde se refleja una disminución de homicidios, sigue creciendo el número de desaparecidos”, señaló Nancy Angélica Canjura Luna, coordinadora del análisis.
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En entrevista con ejecentral, la investigadora de Causa en Común señala que las variaciones, algunas de ellas con “disminuciones abismales”, se debe a la reclasificación que hacen las fiscalías del país de ciertos delitos.
Las subcategorías en las que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) clasifica una misma conducta (delito) ha permitido que esa posible manipulación “se agudice” en los últimos meses, según el seguimiento a la incidencia de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, violencia familiar y narcomenudeo.
“No se busca denostar el trabajo de las fiscalías, ni tampoco los reportes, sino poner sobre la mesa las dudas y que haya un interés de las autoridades por transparentar la información, esforzarse en que estos registros de verdad sirvan como materia prima de política pública y sean un reflejo real de la situación de los delitos en las entidades”, refirió Canjura Luna.
Si bien “hay estados que generan menos suspicacia”, la investigadora sostuvo que en las 32 entidades hay evidencia de posibles anomalías en sus registros, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala y la incidencia de violencia familiar donde en el primer trimestre del año pasado registró 98 casos y en el mismo periodo de este 2023 sólo reportó tres casos.
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