En la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el rubro de pensiones y jubilaciones, así como servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios del fideicomiso “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”, habría irregularidades por 74 millones 816.5 mil pesos.
De los cuales, 4 millones 94 mil pesos fueron pago sin procedentes a 56 pensionados y jubilados, ya que la ASF descubrió que los CURP están dados de baja por “defunción”, “sin uso” y por “documento apócrifo”, de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).
El documento, fechado el 6 de febrero de 2024, tras la conclusión de la Auditoría, señala que, si bien el INDEP y Nacional Financiera (NAFIN), en líneas generales cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables, existen puntos preocupantes que requieren atención inmediata:
Así, la ASF localizó pagos en contratos de servicios médicos por un importe de 18 millones 587.5 miles de pesos, ya que no hay evidencia que ampare el envío de los entregables y no se cuenta con acuse de recibos, en virtud de las fechas y plazos establecidos en los contratos.
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La ASF encontró que de la contratación de un servicio de encuestas cara a cara para conocer la satisfacción del servicio médico, no se retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un importe total de 48.2 millones de pesos.
También, no encontró documentación que ampare las actividades que fueron pagadas por un importe de 52 millones de pesos a personal contratado para laborar en el fondo mencionado.
De un universo de 3 mil 129.6 millones en la auditoría forense, las observaciones e irregularidades representaron el 2.4%, que aunque bajo el porcentaje, debería de ser cero por ciento.
Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, especialmente en áreas sensibles como las pensiones y la atención médica. Se espera que el INDEP tome medidas concretas para abordar estas irregularidades y garantizar el uso adecuado de los fondos destinados a beneficios sociales.
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