Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados en calidad de Jurado de Procedencia aprobó el desafuero del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública.
Aunque la determinación aprobada en la sesión de esta tarde con mayoría de votos de Morena y aliados abre la posibilidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda penalmente en contra del fiscal, será el Congreso de Morelos el que decida de manera definitiva si retira o no la inmunidad procesal del funcionario.
En representación del fiscal morelense, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presuntamente haber obstruido el acceso a la justicia en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, acudió su abogado, Gabriel Regino García, quien en tribuna acusó que se trataba de “una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia”.
Al asegurar que tanto la Sección Instructora como el Ministerio Público de la Federación no atendieron el señalamiento de que la acusación en contra de Carmona Gándara respondía a una “artera persecución” sobre hechos ya prescritos, el penalista reiteró que el fiscal es inocente, y que la FGR como la Fiscalía de la ciudad de México actuaban “inclinadas hacia el poder político y el poder punitivo”.
De acuerdo con la solicitud de declaración de procedencia presentada en diciembre de 2020 por la FGR, el fiscal morelense no contaba con los exámenes de control de confianza actualizados al momento de tomar protesta como fiscal general del estado, en febrero de 2018. Sin embargo, Regino García refirió que de acuerdo con la Constitución del estado ese requisito no lo exige como condición para asumir el cargo.
Fue en septiembre de 2021 cuando la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que se indicaba que el fiscal de Morelos carecía de fuero constitucional; no obstante en julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión y reiteró que Uriel Carmona contaba con fuero constitucional al resolver la controversia constitucional que promovió el Congreso estatal, con lo cual la FGR quedó impedida de proceder legalmente en su contra.
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