A cinco años del acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), que forma parte de las irregularidades que fueron expuestas en “La Estafa Maestra”, dos funcionarios ligados a la institución no serán procesados.
Fue un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa quien determinó que Rafael Zozaya Nucamendi, Director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, exsecretario administrativo, no serán vinculados a proceso.
Ambos directivos de la UPCH fueron señalados como responsables del desvío de más de 186 millones de pesos, ilícito en el que, se denunció, incurrieron como parte del contrato que se firmó con la Sedatu durante el sexenio pasado.
Eligio Valdenegro, juez de control, aseveró que no se presentaron elementos suficientes para que Zozaya Nucamendi y Jiménez Jonapa fueran vinculados a proceso.
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La Fiscalía General de la República (FGR) fue la que solicitó esta acción y la que presentó, junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las pruebas que fueron desechadas tras más de 10 horas de audiencia al referir que carecen de “argumentos probatorios”.
Cabe precisar que los personajes que han sido detenidos a raíz de “La Estafa Maestra” han sido imputados por ejercicio indebido del servicio público (como la exsecretaria de Estado Rosario Robles Berlanga) y uso ilícito de atribuciones y facultades. Por lo que estos directivos de la UPCH son los primeros que la FGR trata de procesar por desvío de recursos.
Zozaya Nucamendi y Jiménez Jonapa son acusados de participar en las transferencias que realizó Sedatu a empresas que sirvieron justificar los recursos que debieron ser depositados a las distintas universidades y entes públicos con los que se firmaron los contratos para las acciones que no se completaron y, en algunos, casos no se iniciaron.
Cabe señalar que ayer el primer Tribunal Colegiado en materia administrativa dio a conocer que se desechó el amparo promovido por Rosario Robles, titular de Sedatu durante el sexenio pasado, para que sus cuentas bancarias fueran habilitadas. La exfuncionaria no puede acceder a sus recursos debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “congeló" sus cuentas. GA
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