El colapso del sistema de impartición de justicia

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Hay estados de la República donde “prácticamente no tienen sistema de justicia” y en otros más, el sistema ya colapsó, por el déficit de funcionarios judiciales, lo que abona a los altos índices de impunidad.

El Índice General de Impunidad en México (IGI-MEX) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), además de revelar que en 26 estados los niveles de impunidad aumentaron, y que México es el país más impune del continente americano, muestra un déficit de jueces, personal e infraestructura en ministerios públicos.

›A nivel mundial, México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados, cuando la media internacional indica 16 jueces por cada 100 mil habitantes, pero en el país hay 3.9 jueces por cada 100 mil habitantes y sólo se ha mostrado un “aumento marginal” de 3.5, en 2016, a 3.59, según el informe.

A nivel local, el escenario es peor. Existen estados muy por debajo de la media nacional: Puebla es la entidad que menos jueces y magistrados tiene con 1.5 por cada 100 mil habitantes, y también es el que menos invierte de esta lista.

Le sigue el estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Tamaulipas, Michoacán, Sonora y Aguascalientes con índices por arriba de tres jueces.

De las entidades con crisis de impartidores de justicia, también se señala que la inversión es poca respecto a las tasas nacionales. En México, hasta 2018 se han invertido 242 pesos por cada 100 mil habitantes para los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura.

Puebla apenas invierte 82.94 pesos en sus tribunales; le siguen Hidalgo, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Aguascalientes y Yucatán. El resto de los estados superan, no por mucho, la media nacional que presenta el IGI-MEX.

Al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, sostiene el estudio de la UDLAP, “existe un vacío en el sistema judicial mexicano. Un desgaste prolongado entre jueces y personal judicial que afecta directamente a la víctima y abona a la impunidad nacional”.

El MP también en aprietos

La casa de estudios también alerta sobre el sistema de Ministerios Públicos en el país. Existen cuatro indicadores en el estudio en el que se puede mostrar esta tendencia. El número de agencias ministeriales en los estados de la República, a nivel nacional es de 3.53 por cada 100 mil habitantes.

Mientras que el personal de los MP cayó de 33.9, en 2016, a 31.19 en 2018. Así como el número de agentes ministeriales: de 7.6 a 6.27 (por cada 100 mil habitantes).

“También descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos: por cada mil delitos registrados, la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97”, menciona el estudio.

Las principales entidades con menor número de Agencias del MP por cada 100 mil habitantes son estado de México con 1.01, Tlaxcala con 1.25 y Yucatán con 1.27 oficinas. Puebla, Baja California, Quintana Roo y Ciudad de México también muestran ese déficit.

Entidades sin castigos. En el rango de impunidad alta se ubica Jalisco, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Colima, Morelos, Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua.

Casos especiales son Yucatán y Tabasco, que no reportaron agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes y por cada mil delitos registrados.

Aunque, se observó una reducción de agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes en Campeche (9.8 a 3.52), Durango (12.1 a 8.05), Guerrero (12.1 a 5.97), Hidalgo (8.2 a 6.25), estado de México (5.2 a 3.57) y Veracruz (3.6 a 0.47).

El índice de Causas Penales en Primera Instancia entre número de Jueces demuestra que el sistema de justicia en varios estados ya colapsó. Un caso a considerar es el de Aguascalientes, que pasó de 62.1 puntos en 2016 a 213.41 en 2018.

El número de casos por atender aumentó para cada juez en Baja California Sur, donde se atendían 30.4 casos hace dos años, pero pasaron a 76.89. En Durango pasaron de 32.6 a 51.19 casos por juez.

Los indicadores en este ramo también señalan al estado de México (de 38.3 a 48.60), Michoacán (de 46.1 a 58.41), Morelos (de 17.4 a 26.48), Nuevo León (de 51.5 a 103.97) y Zacatecas (de 10.7 a 20.85).

Aunque el incremento de la carga de trabajo de los impartidores de justicia “puede generar incentivos perversos, como impunidad procesal y corrupción”.

Sin embargo, aún no está reglamentado el número de Agencias del Ministerio Público ni de jueces por cada 100 mil habitantes.

Al respecto, Andrea Ambrogi Domínguez, presidenta del Consejo Honorario de Estudios de Impunidad y Justicia de la UDLAP, mencionó que “definir esta cifra y su determinación está en función de la voluntad y el interés de cada procurador o fiscal estatal”.

Esto no sólo aplica al número de agencias requeridas por la población, sino a la cantidad del personal con el que cada una de ellas debe operar “para garantizar una atención digna, ágil y de calidad (hoy en día, el tiempo promedio de atención es de más de dos horas a nivel nacional)”, mencionó el documento.

La policía no alcanza

Las tareas de prevención y procuración de justicia a través de la policía no pintan un mejor panorama.

El país presenta un déficit de 50.86% en policías operativos en los estados. “Esto quiere decir que México tiene la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, según lo que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”

Tomando en cuenta los datos actuales de control de confianza en corporaciones, México cuenta con apenas 0.8 policías por cada mil habitantes, cuando la medida nacional debería ser mayor a 1.8; y todos los estados, sin contar a la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), están muy por debajo de estos indicadores.

Todo este caldo de cultivo provocó que la llamada cifra negra, es decir, los casos que todavía no se denuncian, aumentará de 92.8 a 93.7% en este año. El informe de la UDLAP también indicó que los mexicanos confían cada vez menos en las autoridades y apenas una de cada 10 víctimas, denuncia un crimen.