La reciente movilización encabezada inicialmente por jóvenes, pero que terminó convocando a mexicanos de todas las edades y sectores, no fue una marcha más. Fue una respuesta emocional y política a un país que vive bajo una tensión permanente: la inseguridad. El caso de Carlos Manzo, convertido en un símbolo nacional, detonó una indignación acumulada durante años. Lo que estalló en las calles no fue un episodio aislado, sino un hartazgo profundo ante un Estado que no logra garantizar lo más básico: la vida, la tranquilidad y el derecho a caminar sin miedo.
Desde los días previos a la marcha, el gobierno intentó controlar la narrativa. Claudia Sheinbaum buscó reducir la convocatoria a un acto menor, casi anecdótico, atribuyéndolo a la desinformación. Fue un intento de minimizar una movilización que ya no podía minimizarse. La estrategia era clara: restarle legitimidad antes de que ocurriera.
Pero el discurso oficial chocó con la realidad. Mientras insistían en que la protesta era irrelevante, Palacio Nacional amaneció rodeado de vallas, un gesto que reveló exactamente lo contrario. Cuando un gobierno se defiende antes de ser interpelado, confiesa la magnitud de su preocupación. Ese contraste, desdén en el discurso y blindaje en la práctica, terminó por fortalecer el mensaje ciudadano. La autoridad quiso pintar la marcha como pequeña; sus acciones la volvieron inevitablemente grande.
La relevancia del caso Manzo no radica solo en su impacto individual, sino en lo que representó para millones: un punto de quiebre emocional. La marcha surgió como un eco del hartazgo por una inseguridad que no distingue edad, clase social ni territorio. Por eso la convocatoria trascendió a la generación Z. Aunque el impulso inicial vino de jóvenes, en las calles se observó a profesionistas, trabajadores, estudiantes, adultos mayores y personas que quizá nunca antes habían participado en una manifestación. El mensaje fue claro: el cansancio es generalizado.
La movilización también traspasó fronteras. Reuters, The Guardian y otros medios internacionales retomaron el caso como una señal de desgaste político y de frustración social frente a la inseguridad. Para la prensa extranjera, lo relevante no fue solo la convocatoria, sino el hecho de que un fenómeno nacido entre jóvenes se transformara en un reclamo nacional, expandiéndose con rapidez y articulando un mensaje que expuso el hartazgo acumulado por la violencia y la desconfianza institucional. Ese eco global mostró que la preocupación por el rumbo del país ya no es únicamente interna: México está siendo observado con creciente inquietud.
Aun con su espontaneidad, la marcha dejó ver algo más profundo: la ciudadanía ya no está esperando el permiso de los partidos, ni la guía de líderes tradicionales, ni la estructura de movimientos formales para expresar su frustración. La marcha nació del hartazgo, se amplificó en redes y se consolidó en la calle. Fue orgánica, fue emocional y fue colectiva.
Y si un movimiento así, sin estructura, sin financiamiento y sin partidos, logró alterar la conversación nacional, incomodar al poder y llamar la atención internacional, entonces queda abierta una pregunta que ningún gobierno debería ignorar:
Si esto ocurrió sin estructura, sin financiamiento y sin partidos, ¿qué podrá contener a una ciudadanía que decida avanzar?
