Ni más impuestos ni mayor endeudamiento y sí una mayor disciplina y eficiencia en el ejercicio del gasto público.
1. El debate más importante
En estos días acontece en el Congreso una de las discusiones más relevantes del año legislativo: el gobierno federal presentó el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2016, el cual se encuentra en consideración, debate y eventual aprobación por los legisladores.
El debate en torno a las propuestas del Ejecutivo Federal es del mayor relieve, no sólo por las circunstancias complejas y volátiles del entorno mundial, que obligan a anticipar efectos en los ingresos y redimensionar los gastos, sino también porque el sentido del mismo suele afectar la vida cotidiana de todos los ciudadanos, las empresas y los grupos sociales.
El techo presupuestal, es decir, el total de recursos que habrá de implicar el proyecto de ingresos y gastos, es esencialmente equivalente al del año que concluye. En 2015, el gasto total devengado, incluido el ajuste de casi un punto del PIB realizado al menguar el precio internacional del petróleo y por ende los ingresos públicos, habrá de significar 4.695 billones de pesos, en tanto que el proyectado para 2016 habrá de ser por 4.747 billones, representando un incremento relativo del 1.1% pero, una vez descontado el efecto inflacionario, representa un crecimiento real de -1.9%.
Lo relevante es la estructura de ingreso y gasto que se presenta a la consideración del Congreso, pues no obstante que las previsiones de crecimiento económico han debido reducirse y los ingresos públicos por este motivo y la declinación de los precios petroleros también se afectan, el gobierno federal no presenta solicitudes de nuevos impuestos ni habrá de modificar los actualmente existentes ni está solicitando mayor endeudamiento, manteniendo el programa que venía aplicando para reducir el déficit (que el año próximo se ajustará al 0.5%) y conteniendo la expansión del gasto corriente en al menos 1.15% del Producto Interno Bruto.
Esto, que en cualquier otra circunstancia habría significado un ajuste trascendental en el gasto y la consecuente repercusión en el conjunto de la economía nacional, habrá de ser asumido en su totalidad por el Gobierno Federal, que habrá de sacrificar el gasto corriente en partidas no sustantivas para sostener el gasto en las partes que son relevantes en el manejo de las políticas públicas.
Ello permite superar, por vez primera en mucho tiempo, el viejo paradigma de que la estabilidad macroeconómica no encontraba expresión favorable en el bolsillo de los mexicanos. Esta vez, el sostener la estabilidad y viabilidad de las finanzas públicas no habrá de repercutir lesivamente en la economía familiar. La estructura de los ingresos públicos, en donde el petróleo representa menos del 20% en contraste con el 40% que era hace apenas tres años, descansará en la mayor formalización de la economía y en la eficiencia de recaudación de los impuestos existentes.
2. Buenas noticias en la microeconomía
En ese contexto, y es menester destacarlo, sí existe alguien que habrá de apretarse el cinturón y que habrá de asumir los costos del ajuste antes que trasladarlo a los contribuyentes o a las empresas. Ese alguien es el Gobierno Federal, que habrá ajustado el gasto no sustantivo en 124 mil millones de pesos en 2015 y lo hará en otros 135 mil millones en 2016.
En este sentido, el paquete económico para el 2016 establece el objetivo primordial de continuar preservando la estabilidad de la economía, proteger el empleo, fortalecer los ingresos y mejorar el nivel de vida de las familias, asegurando una forma de hacer más con menos y sin trasladar el costo de las necesidades financieras gubernamentales ni a la sociedad ni a las empresas productivas. Para ello, no se recurrirá tampoco a un mayor endeudamiento público, sosteniendo el objetivo de reducir a 0.5% (medio punto porcentual) los requerimientos financieros, para llevarlo a 0%, es decir, al equilibrio presupuestal, en el paquete del 2017. Ni más impuestos ni mayor endeudamiento y sí una mayor disciplina y eficiencia en el ejercicio del gasto público. En lo que se refiere a los egresos, en el paquete económico del 2016 se estará protegiendo el gasto social, que incluye educación pública de calidad, combate a la pobreza y más y mejores servicios de salud pública. Se estará fortaleciendo el gasto en seguridad pública y vigencia del Estado de Derecho.
El próximo año de 2016, además, se estima un crecimiento situado en un rango de 2.6 a 3.6%, un punto porcentual más de lo que habremos de crecer en 2015, previsión que sin duda estará afectada por los constantes efectos de la desaceleración mundial en todas las economías nacionales.
Habrán de fortalecerse los recursos previstos para los Estados y Municipios, que no obstante las consideraciones presupuestales de ajuste y austeridad, consideran incrementos relativos del 4.5%, que descontando el efecto de la inflación serán del 1.3%. Habrá especial atención también a los recursos suficientes para la educación superior, las universidades públicas y para ciencia y tecnología, que también verán incrementado su presupuesto.
Ciertamente, en el Congreso se escuchan voces que estarían pensando en reducir impuestos, elevar cargas fiscales a algunos sectores o seguir con la política inercial y expansiva del gasto público, aún a sabiendas de que una mala decisión hoy podría costar mucho más en el futuro.
De ahí la importancia de que en la discusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, tanto los legisladores como la sociedad analice, piense y actúe con responsabilidad, sin renunciar a las legítimas posiciones políticas o ciudadanas, pero sin dejar de ver el bosque para intentar salvar sólo algunos árboles. En el mundo, las economías están siendo afectadas por la desaceleración, la caída pronunciada de los precios del petróleo y de otras materias primas fundamentales, por el cambio geoestratégico que las nuevas tecnologías están auspiciando en las economías más desarrolladas, que sustentan una nueva competitividad basados en energéticos más baratos y disponibles en la zona de control de los consumidores, así como por la inminente normalización de las tasas de interés.
Habrá que estar atentos. Habrá que asegurar que, en efecto, el gobierno gaste menos en gasto superfluo y aplique de mejor manera los recursos disponibles en el gasto sustantivo. Como resultado de una gestión económica más transparente y eficaz, muchos precios públicos están bajando, como el internet, las llamadas telefónicas (incluida la desaparición del cobro de la Larga Distancia), la electricidad, las gasolinas (no hay gasolinazos y ha dicho el secretario de Hacienda que habrán de reducir su precio en 2016), que empiezan a reflejarse en la menor inflación registrada en décadas; todo ello se traduce directamente en las finanzas familiares y de las empresas. Así, lo que queremos los ciudadanos es que lo inusual siga sucediendo y que no obstante las dificultades, las buenas noticias sigan produciéndose, generando empleos, ingreso y bienestar, más allá del habitual griterío de la política y de las tribunas.
3. Pendientes en la agenda legislativa presidencial
No obstante la tremenda presión de la opinión pública para que el gobierno rinda resultados, la agenda legislativa presidencial se sigue acumulando en el Congreso, dominado por temas de coyuntura y efecto mediático, con más disposición a la controversia pero mucho menor arreglo al diálogo y los acuerdos que en el pasado inmediato hicieron posible la eficiencia legislativa. Cabe señalar que no son temas menores; son asuntos que están entre las principales preocupaciones nacionales y que en buena medida, al dejar hacer sin resolver, abonan a que el Gobierno carezca de los instrumentos que ha pedido para dar resultados.
Esta situación podría originarse en los diferentes estilos y protagonismo de los liderazgos congresionales, como también en una curva de aprendizaje diferente a la que se utilizó en los tiempos de la reforma del Estado o del Pacto por México, cuando la agenda de los partidos podía coincidir con la agenda nacional y resultaba muy eficaz el método del diálogo-negociación-acuerdos, y cuando a los liderazgos les resultaba más útil convenir que diferir.
En este sentido, en las diferentes Cámaras del Congreso se han acumulado los siguientes temas de la agenda presidencial:
a) El Paquete Anticorrupción, que en el aspecto reglamentario y secundario, podría requerir de la expedición de seis nuevas leyes y adiciones o modificaciones a otras 14 leyes existentes. Siendo como es el de la corrupción el tema que más impacta la aceptación gubernamental y en consecuencia, la popularidad presidencial, el seguir difiriendo el asunto abona a la sensación de impunidad que en esencia lastima a la sociedad.
b) El paquete de Seguridad Pública, que aún se encuentra en el Senado como iniciativa de reforma constitucional, el que, habiendo formado parte del decálogo comprometido por el Presidente en noviembre de 2014 para atender la crisis generada por el caso Iguala, pronto cumplirá un año sin que lograra avanzarse un dictamen. Son varias cuestiones esenciales en este paquete, destacando la del Mando Unico en el Gobernador, la desaparición por el Senado de Ayuntamientos infiltrados por la delincuencia organizada así como la redistribución de competencias en el combate al crimen organizado entre la Federación y los Estados.
c) Paquete reglamentario en materia de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, pendiente en Cámara de Diputados, mediante el cual cobraría vigencia el sistema diseñado para controlar el problema del crecimiento de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios.
d) Iniciativa de Ley de Zonas Económicas Especiales, enviada a la Cámara de Diputados en días recientes, indispensable para impulsar el desarrollo regional en las entidades del sur que concentran el mayor rezago económico y social.
e) Paquete económico del 2016, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como reformas a otras leyes concurrentes al nuevo esquema de Presupuesto Base Cero, que han sido comentados en los dos primeros segmentos del actual Pentagrama.
f) Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la creación de la Secretaría de Cultura.
Las Comisiones Ordinarias fueron integradas en la Cámara de Diputados, con lo que será posible que dé inicio el trabajo legislativo sustantivo. Es claro que la mayor prioridad reside en la aprobación en tiempo y forma del paquete económico para el año entrante, el cual, cabe decir, parece bien sustentado y contiene los elementos necesarios para que sea aprobado.
No obstante, el tiempo legislativo, como es bien sabido, siempre es más breve de lo que parece. Lo que es indudable es que, para dar resultados, el Gobierno Federal requiere contar con los instrumentos que le ha solicitado al Congreso. Al final de cuentas, la sociedad tiende a evaluar al conjunto de los actores políticos, que al no ponerse de acuerdo, contribuyen todos a su propio descrédito.
4. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Entre los pendientes, se encuentra también el nombramiento de dos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrán de concluir el periodo al que fueron electos el próximo 30 de noviembre, cuando habrán de concluir su gestión los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Conforme al nuevo estilo de hacer las cosas, que suelen litigar los asuntos en los medios de comunicación, se ha ido perfilando una confrontación entre la propia Corte, el Ejecutivo Federal y los grupos de interés de la sociedad. Se advierten dos grandes corrientes al respecto: una, la del llamado “servicio de carrera judicial”, que estaría pugnando porque los ministros provengan de las filas de Magistrados y Jueces federales, con experiencia judicial; la otra, que se supone se da en la órbita del Ejecutivo, que estaría por aportar integrantes externos al Poder Judicial, como fueron recientemente los casos de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora.
A esta situación se ha sumado un tercer elemento que buscaría influir en la decisión, que es una corriente civilista porque los nominados no fueran “cuotas de partidos políticos” como lo señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (léase Emilio Alvarez Icaza), como también que se considere la aportación de género en las propuestas, siendo las juzgadoras quienes estarían proponiendo que, inclusive, las dos ternas a proponer fueran de magistradas o juezas actualmente en ejercicio, lo que permitiría mantener o acrecentar la participación de las mujeres en el máximo tribunal.
Evidentemente, podrá haber distintas combinaciones entre las opciones, pero de que el proceso de renovación de la Corte podría politizarse no parece haber la menor duda.
Entre quienes se mencionan, se encuentra el senador con licencia Raúl Cervantes, muy identificado en las cercanías del poder presidencial, primo del Consejero Jurídico, Humberto Castillejos Cervantes; en similar sentido se menciona a Martha María del Carmen Hernández, ex colaboradora en el Estado de México y actual consejera del Consejo de la Judicatura; se menciona también a Javier Laynez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. Al suponerse que la mayoría útil para el nombramiento se daría entre el PRI y el PAN, se considera también a abogados panistas y políticos, como Santiago Creel o Germán Martínez, objetables precisamente por obvias razones.
En el terreno de la carrera judicial, se estaría perfilando Carlos Pérez Vázquez, ex coordinador de Derechos Humanos de la Corte; la magistrada Lilia Mónica López, quien ya había sido propuesta en anterior ocasión y por un voto no alcanzó la votación calificada requerida; el magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz o la académica del CIDE, Ana Laura Magaloni.
5. Sucesión en la UNAM
En similar secuencia estaría entrando el proceso de sucesión en la rectoría de la UNAM, que deberá haber concluido el próximo 16 de noviembre con la elección por la Junta de Gobierno del nuevo rector para el periodo 2015-2019.
Siendo el proceso de elección de carácter meritocrático, cerrado e indirecto (es decir, la Junta de Gobierno consulta, ausculta, define a los elegibles y, tras escucharlos en audiencia, elige en secrecía y conciliábulo al futuro rector). En la era de la democracia, el método resulta cuestionable y por ende, confrontable por medios que intentan construir popularidad e idoneidad a partir de promociones personales. Al respecto, se están dando paseíllos en los medios de comunicación de los aspirantes, como también se están construyendo redes sociales para acumular respaldos electrónicos. Sin duda, estas estrategias influyen en el proceso, pues evitan que se invente a los aspirantes como también ventilan ampliamente las ventajas y desventajas de cada quien.
Al igual que en el caso de la Corte, se ha dado un movimiento para resistir injerencias externas, extendiendo etiquetas de gobiernistas y autonomistas. En el primer caso, figura señaladamente el caso del doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, quien dejara la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para reintegrarse a la UNAM hace pocos meses; está la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias y cercanía con las izquierdas, así como el doctor Enrique Graue Viechers, director de la Facultad de Medicina, del considerado segmento institucional de la Universidad.
Hay otras opciones registradas en el proceso que amplían el menú de opciones, como el doctor Francisco Bolívar Zapata, ex Coordinador de Ciencia de la Presidencia de la República; se han postulado Héctor Hernández Bringas, Coordinador de Planeación de la UNAM, así como los directores de las Facultades de Derecho, María Leoba Castañeda; de Ciencias Políticas y Sociales, Fernando Castaneda Salido, y Suemi Rodríguez Romo, ex directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.
En este sentido, hay insistencias públicas de grupos de académicos, trabajadores y medios para que la elección del Rector pudiera abrirse, que se realizaran votaciones públicas o debates entre los aspirantes, en fin, lo usual en los casos en que se cuestiona un método cerrado para la elección de un directivo. El proceso de elección de un nuevo Rector en la UNAM no debiera llevar a mayores complicaciones, pues lo que debe evaluarse es el mérito, calidad y pertinencia del programa de trabajo presentado por cada uno de los aspirantes, cualquiera de los cuales podría ser un excelente Rector, dadas las calidades exhibidas.
