El fracaso en materia de justicia que representa el caso Ayotzinapa es atribuible a una suma de responsabilidades que es tiempo de evidenciar.
Cuando los 43 normalistas se convirtieron en víctimas de desaparición forzada, el gobierno federal no quiso atender el caso, un mal consejo y una pésima visión. Once días después debieron atraerlo. Le pregunté al entonces procurador Jesús Murillo Karam por qué llegaron tan tarde al caso, si sabían que la esposa del alcalde José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, estaba relacionada con los hermanos Beltrán Leyva, y sus hermanos Julio, Alberto, Mario y Salomón eran identificados en
México y Estados Unidos como personajes de relevancia en el andamiaje del narcotráfico; incluso las autoridades sospechaban que la fortuna de Abarca, que le permitió tener hasta un centro comercial el Iguala, podría ser producto de lavado de dinero.
La respuesta, muy molesta, del procurador fue: actuamos hasta que tuvimos una averiguación previa.
En Iguala hay dos bases militares, una de ellas especializada, y otra de la Policía Federal, que por sus funciones debieron tener información suficiente sobre el control criminal que existía sobre las instituciones municipales, la presencia del grupo de Guerreros Unidos y su confrontación con sus enemigos, Los Rojos. El gobierno del estado también debió estar informado.
Todos fallaron.
Al principio, todos los recursos se concentraron en la oficina del procurador Murillo y de Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pero poco atendieron el trabajo de los ministerios públicos y abrieron de par en par la puerta al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Con la llegada de la procuradora Arely Gómez se dio un giro. No sólo se avanzó y se dio lugar a los agentes para indagar y soportar las pruebas en los expedientes y ante los jueces, sino también se abrió el diálogo con los padres de los estudiantes desaparecidos y se pusieron mejores reglas de trabajo con el GIEI; además de transparentar, por primera vez, un expediente de esa envergadura.
Para finales de 2015 se creó la oficina especial para las investigaciones del caso Ayotzinapa, dentro de la PGR se le dotó de personal para continuar las pesquisas y los juicios. El primer problema fue la elección de los fiscales, primero llegó José Aarón Pérez Carro, actual secretario de gobierno en Tlaxcala, quien estuvo seis meses y avanzó casi nada.
Luego llegó Alfredo Higuera Bernal, en junio de 2016, y desde entonces quedó a cargo del caso, pero la falta de coordinación con Zerón no facilitó
el trabajo y avanzó demasiado lento.
El segundo problema, bajo el argumento de la falta de capacidad y recursos, Alfredo Higuera fue dejando en manos de la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, que dirigía su hermano Gilberto Higuera, la defensa de los casos en los tribunales. Cuando su hermano salió de esa área, en enero de 2018, el poco trabajo coordinado se perdió.
Durante 2018, la oficina del caso Iguala muy poco buscó la coordinación interna, para poder vincular casos del grupo criminal de Guerreros Unidos, y así fortalecer las acusaciones. El argumento era que sólo le correspondía lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, no más. Mucho menos se coordinó con los ministerios públicos adscritos a juzgados y que peleaban los casos en tribunales.
Ayotzinapa necesitaba de un litigio estratégico y de investigaciones en las que participaran órganos de inteligencia con información de calidad, y con apoyo de investigación de campo. Alfredo Higuera (ahora subprocurador para casos de delincuencia organizada) no peleó por eso durante su gestión.
En paralelo, las organizaciones de derechos humanos pelearon el tribunales hasta conseguir que uno en Tamaulipas anulara la mitad de las pruebas por haber sido obtenidas bajo tortura y ordenara la creación de una comisión de la verdad. La PGR no peleó el caso.
Les pareció entonces a las organizaciones civiles un gran triunfo porque su misión fue exhibir a las autoridades, pero las condiciones de la sentencia abrían la puerta de par en par a personas de las que existen datos oficiales, incluso provenientes de Estados Unidos, sobre su participación en actos criminales, incluyendo los normalistas.
El único recurso que tenía la PGR para evitar la absolución de hasta ahora 50 acusados, pero que podrá extenderse a por lo menos 20 más, era sumar pruebas y profundizar investigaciones. Y una cosa más, sentarse con el Poder Judicial Federal para discutir los estándares que se estaban exigiendo, y encontrar modelos que si bien garantizaran los derechos humanos, éstos no fueran inalcanzables. No hicieron lo necesario.
@Gosimai