GABRIELA RIVERA | @gAbs_07
El traslado de agua de una cuenca a otra –conocido como proceso de trasvase-, permitirá a las empresas privadas utilizar y explotar las aguas nacionales en áreas donde no hay disponibilidad del líquido, con fines industriales y no para el consumo humano.
El artículo 116 de la iniciativa de la Ley General de Aguas Nacionales señala que el trasvase es “la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural”. Dicha conexión puede realizarse por la federación o los concesionarios mediante infraestructura hidráulica ya existente.
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Además, ese artículo establece que el Estado construirá la infraestructura hidráulica con recursos del erario público para que se pueda hacer el trasvase de cuencas de agua, que será aprovechado por las empresas concesionarias.
Aunado a eso, el artículo 119 autoriza que las empresas privadas soliciten el trasvase de una cuenca con abundante agua hacia el lugar donde requieren el recurso, al mismo tiempo que piden la concesión para la explotación del líquido.
Sin embargo, en ninguno de los artículos se indica que el trasvase podrá realizarse para abastecer de agua potable a las comunidades más alejadas o a aquellas regiones donde la población recibe el líquido de manera regular.
La diputada perredista Aleida Alavez, señaló que el ejemplo más claro de los trasvases es el acueducto Monterrey VI, que llevará agua desde Veracruz hasta Nuevo León, para uso industrial y específicamente para las primeras obras de “fracking” en la entidad.
“Monterrey VI es el modelo que se verá replicado en todo el país”, denunció por su parte Elena Burns, miembro del colectivo Agua para todos y una de las impulsoras de la iniciativa de ley elaborada por ciudadanos, en conferencia de prensa.
Distintas organizaciones sociales y diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que estos millones de litros que sean trasladados a otras entidades, se destinarán al “fracking”, o la explotación de gas shale.
Esta práctica consiste en la extracción de gas a través de un pozo vertical al que se le inyectan 29 millones de litros de agua, mezclados con arena y sustancias químicas, a alta presión para que la presión provoque la salida del gas. El agua utilizada queda contaminada y ya no se puede volver a utilizar.
Si bien el “fracking” está prohibido en otros países, en México los legisladores aprobaron su uso en la reforma energética y ahora permitirán el uso de grandes cantidades de agua en este tipo de extracción.
El artículo 10 fracción 49 establece los usos industriales del agua “en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, en las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y para cual proceso de transformación”.
“La Ley General de Aguas es el brazo que articulará la reforma energética”, aseguró Alessia Kachadourian, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una conferencia de prensa con organizaciones sociales.
En tanto, Elena Burns aseguró que permitir el trasvase de una cuenca a otra es la parte más peligrosa de esta legislación porque abre el manejo de grandes volúmenes de agua sin controles específicos.
Y es que al ser el brazo ejecutor de la reforma energética, el líquido se utilizará también en minas, pozos, presas productoras de energía y otras obras relacionadas con el sector.
