En México, las reformas laborales suelen discutirse en el terreno de los principios sociales —derechos, justicia y bienestar—, pero terminan aterrizando en el espacio donde realmente se definen sus efectos: la economía. La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, actualmente discutida en el Congreso de la Unión, no es la excepción. Más que una conquista simbólica, se trata de una decisión que obligará a replantear costos, productividad y competitividad en un país donde el margen de error es estrecho.
El discurso político presenta la reforma como un paso inevitable hacia los estándares internacionales. Y lo es. Pero también es, sin rodeos, una apuesta arriesgada: México busca trabajar menos en un contexto de bajo crecimiento, alta informalidad y productividad estancada. La pregunta incómoda es si el país está realmente listo para dar ese salto.
Reducir ocho horas semanales sin recortar salarios equivale, en términos prácticos, a encarecer la hora trabajada. Para los grandes corporativos —con músculo financiero y capacidad de automatización— el ajuste puede ser absorbible, aun cuando desde la narrativa oficial suelen presentarse como el “enemigo a vencer”.
Sin embargo, para miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), que sostienen buena parte del empleo formal, el impacto puede sentirse como un impuesto silencioso. En México existen aproximadamente entre 5.1 y 5.5 millones de unidades económicas con esta clasificación, que representan más del 98 % de los negocios, generan cerca del 70 % del empleo y aportan más del 50 % de los ingresos del sector privado. Para ellas, los caminos posibles son limitados: subir precios, reducir personal o exigir mayor productividad en menos tiempo. Ninguno es políticamente popular, pero todos son económicamente plausibles.
En sectores como manufactura, comercio y servicios —donde la operación depende de turnos continuos— la reforma podría traducirse en más contrataciones o en reorganizaciones costosas. En el mejor de los escenarios, impulsará eficiencia; en el peor, incentivará esquemas informales o simulaciones para evitar mayores costos laborales.
Desde la perspectiva laboral, el argumento es contundente. México es uno de los países donde más horas se trabajan dentro de la OCDE. De acuerdo con datos recientes del organismo, ocupa el primer lugar entre los países miembros en horas trabajadas al año, superando las 2 200 horas por trabajador. Paradójicamente, también se ubica en los últimos lugares en productividad laboral y presenta bajas tasas de empleo entre personas de 45 a 54 años, a pesar de mantener una de las menores tasas de desempleo. En ese sentido, reducir la jornada laboral puede entenderse como una corrección necesaria: menos horas trabajadas significan más tiempo personal, menor desgaste y, potencialmente, una mejor salud física y mental.
No obstante, existe un ángulo menos discutido. Si los costos laborales aumentan sin mejoras paralelas en productividad, el riesgo es que el empleo formal se contraiga o que algunas empresas opten por esquemas de contratación más precarios. En un país donde la informalidad alcanza alrededor del 55.4 % de la población ocupada (tercer trimestre de 2025), cualquier reforma que encarezca la formalidad debe evaluarse con especial cuidado.
La visión empresarial: entre la adaptación y la mala implementación
El sector privado no se opone necesariamente a trabajar menos; se opone a hacerlo sin condiciones que permitan mejorar la productividad. La preocupación central no es ideológica, sino aritmética: producir lo mismo —o más— en menos tiempo sin perder competitividad.
Algunos empresarios advierten que la reforma llega en un momento de presiones acumuladas: incrementos al salario mínimo, mayores obligaciones regulatorias y un entorno global incierto. Bajo esa óptica, la reducción de la jornada se percibe como una carga adicional.
Sin embargo, también existe una lectura estratégica. Las empresas que inviertan en tecnología, capacitación y una mejor gestión del tiempo podrían beneficiarse de equipos más motivados y eficientes. Vista así, la reforma puede convertirse en un catalizador de modernización y no solo en un proceso incómodo.
El debate público, no obstante, ha tendido a simplificar la discusión en términos morales — derechos contra ganancias— cuando en realidad se trata de productividad frente a estructura económica. Reducir horas sin atender problemas de fondo, como la baja inversión en innovación o la limitada capacitación laboral, podría acotar los beneficios esperados.
El riesgo no es que la reforma fracase, sino que se quede a medio camino: mejores condiciones en el papel, pero sin cambios profundos en la forma de producir.
La jornada de 40 horas no es solo una política laboral; es una señal sobre el tipo de economía que México aspira a ser. Apostar por menos horas implica confiar en que el país puede generar valor con mayor eficiencia y no únicamente con más tiempo de trabajo.
El dilema es claro: si la reforma se acompaña de políticas que impulsen productividad, formalización y crecimiento, puede marcar un avance histórico. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otra medida bien intencionada que presione tanto a empresas como a trabajadores.
En última instancia, la discusión no debería centrarse en si trabajar menos es deseable — porque lo es—, sino en si México está dispuesto a realizar los cambios estructurales necesarios para que trabajar menos no signifique producir menos.
Porque en economía, a diferencia de la política, las buenas intenciones no pagan la nómina.
