Nueve días después de que en el Senado de la República se aprobaron las reformas al Poder Judicial, cuya ratificación fue avalada este viernes en el Pleno del Congreso, el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura habló sobre la llamada “Ley Zaldívar” con la que se amplía su mandato por dos años más: “ejerceré el cargo por el periodo para el cual fui electo por mis pares”.
De acuerdo con abogados y especialistas en el tema, la carga política que ha implicado el debate y aprobación de la que es considerada la reforma judicial más relevante de los últimos 27 años, pasará a manos de quienes votaron y decidieron nombrar en el cargo a Arturo Zaldívar.
Tres de los 10 ministros quienes eventualmente tendrán la responsabilidad de resolver la eventual acción de inconstitucional que se interponga en contra de lo que ha sido señalado como un acto anticonstitucional, fueron nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde un inició ha estado a favor de la ampliación del mandato del actual ministro presidente.
“Dice que cumplirá su periodo porque está el temor de que los propios ministros digan que no pasa la ley. Y la mayoría de los investigadores, de los abogados esperamos que no pase, que realmente exista un Poder Judicial independiente, y una soberanía de ese Poder sin influencia del Ejecutivo”, sostuvo Sonia Juárez Moreno, maestra en Derecho por la UNAM.
Desde la perspectiva de la académica en la FES Aragón el hecho de que sean los mismos ministros quienes decidan si ampliar o no el mandato de Zaldívar, quien hoy anticipó que se abstendrá de votar, se trata de “una burla”, pues muchos legisladores, investigadores y juristas que la intención de dicho transitorio es mantener la injerencia del presidente de la República en la Corte.
“Si realmente la Suprema Corte se apega conforme a derecho tendría que decir que el transitorio -que prolonga periodo de Zaldívar- es anticonstitucional. Están dejando esta laguna, es un signo de interrogación para la sociedad”, pues desde la opinión de Juárez Moreno el mensaje que se mandaría en caso de que el transitorio sea avalado implicará que en muchos movimientos o reformas no se realizan con plena independencia de poderes.
Arturo Zaldívar “pierde de vista la cuestión legal por sobre una cuestión moral, hablamos de valores personales, si realmente fueron siervos de la nación, como dicen ser, deberían reconocer que es inconstitucional. Aquí no es cuestión moral sino de legalidad”, señaló la docente respecto a la postura del ministro quien aseguró que asumirá la responsabilidad y “pagar costos”, lo cual dijo hará con gusto.
“Haré lo que en mi conciencia considero que es lo correcto, porque tengo una responsabilidad de Estado que me trasciende por mucho y a esa es a la que voy a honrar”, sostuvo este viernes en entrevista con Ciro Gómez Leyva al señalar que su intención no es abonar a la división que se padece el país.
En ese sentido, el jurista y también catedrático de la UNAM, José Leonel Alarcón apuntó que la ampliación del mandato que hoy aprobaron los diputados recae en “una interpretación de la ley, en la que se escuda (Zaldívar), y la apuesta es que el Pleno de la corte le amplié su periodo de acuerdo con la Ley. Se está lavando las manos, no tiene una postura fija”.
Respecto a la interpretación que ha hecho el presidente López Obrador en cuanto a que sólo Zaldívar Lelo de Larrea es el único quien podría dar cause a una verdadera reforma del Poder Judicial, Leonel Alarcón apuntó: “decir que esta persona es la salvadora de México, que sin ella el poder judicial no va a avanzar, es una contradicción pues como alguien que debe respetar la ley empieza por no respetarla”.
Para el abogado Jorge Olvera Quintero, la posible irregularidad provino desde el planteamiento del artículo en discordia, del cual señaló hoy el ministro Arturo Zaldívar que el Poder Judicial no lo propuso, ni sabía de su existencia. “Al Poder Judicial y al presidente (de la Corte) no le queda otra más que acatar esa modificación que se hace a través de un transitorio, porque es una resolución en la que si hubo un error es imputable a que los propios senadores no estuvieron el cuidado debido”, señaló el catedrático ponente y litigante.
El maestro en Derecho constitucional reiteró que el ajuste al término del ejercicio de Zaldívar como presidente de la Corte provendrá de los pares quienes lo eligieron, y “a la conclusión del término serán sus pares quienes decidan sobre ese tema. Es una facultad que tiene la Suprema Corte como órgano colegiado para tratar ese asunto”.
Con base en a la legislación, a partir del siguiente día de que el Ejecutivo federal publique las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, correrá un plazo de 30 días naturales a fin de interponer una acción de inconstitucional en contra de la llamada “Ley Zaldívar”. Las cuales pueden ser promovidas por los legisladores con al menos el 33% de la representación parlamentaria. Una vez impugnada, la Corte cuenta con un periodo de 90 días para pronunciarse, sin embargo, en el contexto actual de la pandemia hay una jurisprudencia que permite la ampliación de los plazos.