El hermano discreto

MONTEVIDEO, Uruguay.- Los vecinos del Quincho Grande, una residencia en el contorno de un campo de golf en Punta del Este, en la costa turística de Uruguay en el Atlántico sur, lo vieron a principios de este año en el verano austral. La casa decomisada a su vecino sirvió de cuartel de la Policía Nacional la temporada vacacional. Gerardo González Valencia vivió ahí de 2012 a 2016, sin mayores sobresaltos.

›La residencia no se distingue entre las demás de la zona por ser más suntuosa, sino por el techo de paja y los muros blancos que evocan a las cabañas europeas medievales en medio del bosque. La policía necesitaba un inmueble para ocuparse de la seguridad en el periodo vacacional de principios de 2018.

El Fondo de Bienes Decomisados (FBD), a cargo de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), ya tenía en su lista de remates la vivienda, por lo que cedió el espacio a los agentes que operaron temporalmente ahí.

Casi dos años y medio han transcurrido desde que González Valencia fue apresado por presunto lavado de activos y aún no hay sentencia sobre su caso en un tribunal uruguayo especializado en crimen organizado, para el cual se pide una sentencia de cuatro años de cárcel.

Preso en un lugar secreto

Los primeros días fueron tan duros para el mexicano que en cierto momento se quejó de tortura y dijo en un interrogatorio policial que Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, “vaya buscando el puente más alto de Uruguay donde lo voy a colgar”. Se retractó y pidió disculpas, pero se diluyeron en medio del escándalo inicial.

González Valencia está aislado y cumple prisión en un lugar secreto. No está ni en cárcel Central de Montevideo, donde normalmente se encierra a extranjeros ni en la prisión de alta seguridad llamada Comcar. Para su detención fue montada una operación bautizada como “Jalisco” y significó toda una movilización interurbana. Agentes lo interceptaron cuando se disponía a recoger a sus hijos en una escuela de Montevideo, el 22 de abril de 2016. Simultáneamente fueron detenidas otras 10 personas, entre ellas, la esposa, el suegro, dos encargados del servicio doméstico, un amigo y una notaria pública que había acreditado en 2012 la legalidad de la compra de Quincho Grande con un valor de dos millones de dólares.

El enlistamiento se hizo conforme a la ley con la aprobación de la autoridad judicial y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades tasaron el total de bienes decomisados en 10 millones de dólares.

“El inmueble se encuentra incautado y con autorización de remate anticipado para garantizar la conservación de su valor”, dijo el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera, en respuesta a un cuestionario. Pero en virtud de que no hay sentencia del caso, la SND “debe esperar la sentencia definitiva en donde se podría decomisar el bien o reintegrar a sus propietarios”.

De 10 sólo queda uno

Además del juicio por lavado en Uruguay, González Valencia fue solicitado en extradición por Estados Unidos en junio de 2016. Una jueza uruguaya concedió la entrega el 28 de agosto de 2017. La decisión fue apelada en tribunales. Una fiscal y un abogado defensor fueron ya consumidos por el caso. Suscitó además una polémica, cuando se supo de fuentes oficiales que la captura fue posible gracias a la intervención telefónica de conversaciones para fines policiales, conocida en Uruguay como el sistema “Guardián”. Para “pinchar” habría sido necesaria una orden judicial que nunca existió.

Las actuales defensoras, Gabriela Gómez y Ana Audifred, han tomado el asunto a partir del argumento de que el Estado no ha probado la responsabilidad de su cliente, que los bienes incautados no son “de altísimo valor”, como afirmó la fiscalía en su primer dictamen público del año 2016, y que ellas han logrado acreditarlo documentalmente como un empresario que decidió instalarse en Punta del Este, después de haber vendido una tienda de conveniencia que abrió en Buenos Aires.

La notaria que hizo las diligencias sobre la legalidad de la compra del Quincho Grande fue llevada a proceso en tribunales, pero su caso fue finalmente archivado, sin mayores explicaciones. Los empleados domésticos, también llevados a juicio y encarcelados por meses, salieron de prisión después de que su caso fue sobreseído. La esposa y el suegro de González Valencia tuvieron libertad preventiva porque sus posibles condenas son de plazos menores. De 11 detenidos en 2016, sólo queda uno. Interrogado sobre el caso, el fiscal Luis Pacheco optó por el silencio para no publicitar un juicio en curso.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió por vez primera en abril de 2015 informaciones que revelaban las actividades de tráfico de drogas de Abigael, el mayor de una familia de 18 miembros, arrestado en México en febrero de ese año. Otros miembros de la familia fueron mencionados después en las listas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), pero en los comunicados públicos no se menciona a Gerardo. La solicitud de extradición en su contra fue enviada a Uruguay por “conspiración para introducir y distribuir” cocaína y metanfetaminas. La embajada en Montevideo declinó comentar sobre la petición. Fuentes con acceso al expediente procesal afirman que la prueba del delito es la declaración de un funcionario que recibió una llamada telefónica alertando de ello. Pero no hay transcripción de la conversación ni números telefónicos.

En las solitarias calles que bordean el club de Punta del Este, las dos unidades de la residencia incautada están cerradas y sin atención de su morador, quien en su defensa en tribunales dijo que su propósito de radicar en Uruguay fue vivir tranquilo con su esposa, su suegro y sus tres hijos, alejándose de los escándalos de la familia en México. En el interior del Quincho Grande quedan algunos objetos, la cochera está vacía, un farol está roto, la yerba está crecida.

Todo confluye en Punta del Este

Este año Uruguay estrenó legislación contra el lavado de dinero, siguiendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con miras a una evaluación a la que se someterá en 2019. Con la nueva ley se reforzaron controles sobre partidos políticos, asociaciones civiles, clubes deportivos, fundaciones, contadores y notarios.

El fiscalista Leonardo Costa, exfuncionario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, sostuvo que ante los casos que se han descubierto en este país, las autoridades han adoptado las medidas de previsión, confiscación y procesamiento judicial ante los casos que se han presentado en el país.

El hecho de que existan casos (en tribunales) implica que el sistema funciona. Y una vez que funciona, en el futuro, o se sofistica el lavador o dirá que acá no es un buen lugar para estar. Muy probablemente siga habiendo casos. La delincuencia transnacional aplica inteligencia, recursos y eventualmente corrompe al sistema. Lo que yo puedo decir del país es que la legislación, más la seriedad de las autoridades, permite que eso no suceda, que no exista permisividad a nivel de cumplimiento de la ley”, expuso.

Sin embargo, hay una buena lista de casos de lavado de dinero que han estallado en Uruguay en los tres últimos años y todos tienen un punto de conexión: la ciudad turística de Punta del Este, que es el eje de atracción de inversiones que implican millones de dólares y grandes cantidades en efectivo:

Eugenio Figueredo, uruguayo, exjerarca de la Conmebol y de la FIFA, fue acusado de ser miembro de una red de corrupción en el futbol internacional, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) destapó en 2015. Negoció con la autoridad de su país, en un juicio por lavado, la entrega de una residencia y dos departamentos en Punta del Este, valuados en un total de 10 millones de dólares. Fue extraditado de Suiza para cumplir dos años de prisión en Uruguay.

Una serie de irregularidades en una casa de cambio de Punta del Este, llamada Cambio Nelson, llevó a la captura de Francisco Sanabria, exdiputado uruguayo, en abril de 2017. Un año después se le abrió un juicio por blanqueo de activos.

Rocco Morabito, un miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, fue capturado el 2 de septiembre de 2017 en Montevideo, después de haber pasado 23 años prófugo, acusado de tráfico de drogas en Italia. Residió en Uruguay con nombre falso, desde 2002. Fue solicitado en extradición por el gobierno italiano.

Marcelo Balcedo, dirigente sindical argentino del sector de la educación, fue detenido el 4 de enero de 2018; estaba en posesión de armas, entre ellas un rifle de asalto, así como medio millón de dólares en una casa de playa cerca de Punta del Este. Tenía además almacenados 7.5 millones de dólares en efectivo, una cifra record de incautación en Uruguay. Había establecido residencia para su familia en Punta del Este y él viajaba desde Buenos Aires, casi cada semana, desde 2010.

La Fiscalía General reabrió en agosto de 2018 la carpeta con los casos de empresas que pudieron servir de canal de apoyo en la llamada “ruta del dinero K”, es decir, el efectivo de dudosa procedencia que allegados de Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández, movieron en aparente complicidad en los años que gobernaron Argentina (2003-2015).