El robo de ductos no es un delito cualquiera. Genera pérdidas a Pemex calculadas en 53.8 millones de pesos por día, en promedio, por la sustracción de gasolinas, diésel y petróleo, pero esa cifra no considera la pérdida de mercado, el gasto en seguridad y persecución de los delincuentes, además del costo de las reparaciones, por lo que habría que incrementarlo en por lo menos 20 o 30%, calculan los expertos.
El monto que representa de ganancias para los delincuentes, que debe ser, por lo menos, la tercera parte o la mitad de las pérdidas que sufre la empresa productiva del Estado, de entre 17.9 millones de pesos o hasta 26 millones de pesos ha generado en menos de 13 años que una parte importante de los grupos criminales que antes operaban como una suerte de gavillas se hayan transfigurado y ahora estén más entrenados, las tomas sean mejor disfrazadas y elaboradas, cuenten con armas de mayor capacidad, equipo más sofisticado para el traslado de combustible; su organización sea de forma jerárquica y bien articulada en células con responsabilidades específicas de extracción, vigilancia, almacenaje, transporte, distribución, venta, cobro de ganancias y lavado de dinero, además de tener a un encargado del pago a colaboradores ubicados en Pemex, gobiernos municipales y corporaciones de seguridad estatales y federales.
Además, algunas forman parte de estructuras del crimen organizado o tienen vasos comunicantes con esos grupos, tales como Los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero todas tienen una muy estrecha relación con las comunidades donde habitan y sustraen el combustible de los ductos, pues requieren de la protección de una parte de la población para mantener su negocio y, en varios casos, los chupaductos o huachicoleros le “regalan”, venden en extremo barato la gasolina o el diésel a los habitantes o les otorgan algunos apoyos, contratan algunos de ellos para la venta del producto al menudeo o para el traslado en camiones camuflados, algunos de ellos hasta pintados como tipo militar.
Los ductos y poliductos abarcan el 65% del territorio nacional con una extensión de entre 14 mil y 19 mil kilómetros. Se supone que se construyeron para abaratar costos, la velocidad y seguridad, porque el traslado en autotanque y en buque es mucho más costoso, lento y peligroso. Sin embargo, el crecimiento del robo, que este año significó 54% más que el anterior, y aún sin las cifras de diciembre pasado, representa una pérdida sin precedentes para la empresa productiva del Estado.
Estas cifras muestran el gran fracaso de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, que encabeza el general Eduardo León Trauwitz, quien recibió el premio de estar en esa área por ser el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el estado de México.
Y basten las cifras, el más reciente reporte del Grupo de Atención a Instalaciones Estratégicas (GCIE), fechado del 5 al 11 de enero de 2018 revela ya dos elementos graves, una acelerada tendencia de crecimiento de robo de combustible en los estados conocidos y, lo segundo, la comisión de ese delito en entidades en donde no estaban ocurriendo, lo que muestra una ampliación de operaciones de estos grupos criminales.
La comparación entre los tres últimos días de diciembre y las primeras dos semanas de enero, hay ya un incremento de 33.86% en robos. Hidalgo, Jalisco y Puebla concentraron 44% de los casos.
Pero comparando enero de 2017 con el de 2018, ya se superó el número de tomas detectadas en Durango, Morelos, Chihuahua y Ciudad de México. En la capital es el caso más alarmante porque se registraron 13 tomas en estos 14 días. Y en las entidades en donde prácticamente se muestra una tendencia similar a la del año pasado son Hidalgo, Coahuila, Querétaro y Sonora. Y hay una marcada y sospechosa disminución (habría que esperar si no hay una especie de matiz en las cifras) en Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco; Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Baja California y Guanajuato.
Las alertas están encendidas, porque en todos estos estados hay presencia de estos grupos y en todos ellos tienen capacidad e interés en el proceso electoral, especialmente en autoridades municipales y estatales.