Proceso para designar fiscal ‘se echó a perder’

Especialistas llamaron a los legisladores para que, con voluntad política, “salven” la elección de quien será responsable de las investigaciones anticorrupción y la autonomía de la institución jonathanjnd@ejecentral.com.mx

Con más de un año de retraso, muchos cuestionamientos y un opaco proceso que más bien parece que “se echó a perder”, los legisladores del Senado de la República están obligados a destrabar el rediseño institucional de la fiscalía anticorrupción y nombrar a la persona con el perfil idóneo. A 69 días de la fecha para que se instaure el Sistema Nacional Anticorrupción en el país, presiones e intereses políticos son las causas de las dilaciones parlamentarias que reflejan ilegitimidad, coincidieron expertos.

ejecentral conversó con expertos en el tema en relación con los pendientes que en materia legislativa deben abordarse y resolverse previo al nacimiento de este órgano fiscalizador y sus consecuencias.

“El proceso, todo, se echó a perder porque llevamos más de un año con el tema, varios retrasos, muchos cuestionamientos; comités ciudadanos que opinan y no les hacen caso, periodos de sesiones cerrados sin resolución. Nos queda salvar la parte institucional y la del perfil, salvar la autonomía y la capacidad de la fiscalía, rediseñándola desde su interior, lo que requiere de mucha voluntad política para hacer una buena reestructura institucional y legal del órgano”, señaló Max Kaiser Aranda, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para el exfuncionario de la Secretaría Función Pública, de no lograr la reestructura institucional que la dote de autonomía de gestión, presupuestal y de capacidades, y si tampoco se elige un perfil con capacidad técnica y autonomía personal, “se sacará el trámite y llegara una persona con cualquier cantidad de cuestionamientos y esto va generar un grado importante de ilegitimidad y va a complicar una labor que ya de por si va a ser monumental. El Senado tiene una gran responsabilidad por delante”.

Para Eduardo Bohórquez López, director general de la organización civil Transparencia Mexicana, con el nombramiento de un fiscal anticorrupción se contará con un especialista en el tema, aunque el combate a este fenómeno tiene un responsable y debe dar resultados.

El tiempo pasa.

El 12 de marzo de 2014 se oficializó la creación de la Fiscalía Anticorrupción, a través del Acuerdo A/011/014 en el Diario Oficial de la Federación.

La silla no está vacía

“El sistema nacional anticorrupción arranca el 18 de julio, estamos a tiempo de que se nombre un fiscal, si hay periodo extraordinario de sesiones y una vez que pasen los procesos electorales del 4 de junio. Pero no hay un vacío legal ni en la función, la silla está ocupada y hay un responsable que es el procurador, Raúl Cervantes, y mientras no haya nombrado un fiscal, él sigue siendo el encargado de dar resultados en la materia. Bohórquez López consideró que existe una “tensión política” entre dos grupos de senadores que impide el resolver de forma pronta el nombramiento del zar anticorrupción.

›“Un grupo, refirió, quiere resolver el fast track del transitorio 102 constitucional para pasar de Procurador General a Fiscal General primero, y entonces nombrar al fiscal anticorrupción. Y otro grupo prefiere nombrar al fiscal anticorrupción sin abrir la conversación sobre el Fiscal General y sin atender el tema de transitorio 102”, comentó.

Mientras no haya nombramiento oficial, el activista destacó que la cualidad más sobresaliente de quien ocupe ese cargo, será la “independencia política” y empresarial. “Esta persona (fiscal) debe tener independencia completa respecto a intereses del sector privado, porque si no es capaz de perseguir al funcionario, y tampoco a la empresa que lo soborno, claramente estaría haciendo de forma incompleta su trabajo”.

Eduardo Bohórquez consideró tres consecuencias del fenómeno de la corrupción que persiste en el país: un daño a la democracia mexicana, porque la sociedad desconfía de su clase política; el fracaso del modelo de descentralización financiera y económica que se inició hace 25 años, en el que se transfirieron más recursos a los estados para que fueran más cercanos a la gente, pero “sólo se hicieron más cercanos a los bolsillos de las empresas y los políticos que se apoderaron de esos recursos”, y las clases políticas locales han llenado los vacíos con corrupción.

“En los lugares donde no hay una comunidad, una sociedad civil exigente, los gobiernos han hecho lo que han querido, cuando la gente por cansancio, frustración o desidia, se alejan de la vida pública, las clases políticas locales han aprovechado el vacío para llenarlo de corrupción”, advirtió.