El gobierno mexicano ha destacado consistentemente la expansión histórica del gasto social, poniendo un énfasis particular en el crecimiento de las transferencias directas, tales como becas educativas y pensiones no contributivas.
Es innegable que, en términos absolutos, ha habido un crecimiento acelerado del gasto en subsidios. Un componente significativo y en expansión de este gasto son los subsidios destinados a las pensiones contributivas de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros sistemas similares (ISSSTE).
Este enfoque ha generado resultados importantes en la reducción de la pobreza. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, las transferencias gubernamentales llegaron a representar hasta el 25% de los ingresos en el quintil más pobre entre 2018 y 2022. Esto contribuyó a una reducción de la pobreza por ingresos de aproximadamente cinco puntos porcentuales, pasando de 41.9% a 36.3%. Además, estas transferencias han incrementado su participación en los ingresos familiares, especialmente en los deciles más bajos.
A pesar de los logros en la reducción de la pobreza por ingresos, un análisis más detallado sugiere la existencia de matices críticos en la distribución del gasto que deben ser considerados.
La reasignación de recursos ha tendido a priorizar las transferencias inmediatas, lo cual limita la inversión en áreas estructurales y a largo plazo.
Programas de Desarrollo Humano. Algunos programas enfocados en el desarrollo humano integral han experimentado recortes o eliminación. Por ejemplo, el gasto en investigación científica (CONACYT) y el apoyo a la agricultura familiar han disminuido, mientras que becas como Jóvenes Construyendo el Futuro han crecido.
Salud Universal. El reemplazo del Seguro Popular por el INSABI (y posteriormente IMSS-Bienestar) ha enfrentado desafíos presupuestarios, lo cual puede impactar el acceso efectivo a servicios médicos para la población no asegurada.
Protección Ambiental. Iniciativas como PROAGRO y fondos para la conservación ambiental han sido reducidas.
Este patrón de gasto presenta desafíos en términos de equidad. Si bien el coeficiente de Gini ha mostrado una mejora mínima (de 0.48 a 0.45) tras transferencias, el impacto puede ser superficial y potencialmente regresivo en ciertos casos:
Brechas Acentuadas. Las transferencias universales, al no diferenciar, pueden amplificar inequidades. Por ejemplo, un jubilado con una pensión contributiva alta podría recibir la misma pensión universal que un adulto mayor sin ingresos previos y en pobreza extrema.
Informalidad Laboral. La priorización de transferencias contributivas, financiadas con impuestos generales, puede operar como una redistribución inversa, subsidiando a un grupo con recursos de toda la sociedad. Esto deja al 44% de la población activa (informal), que contribuye al sistema, con protecciones sociales limitadas. Es importante considerar que la informalidad laboral afecta al 56% de la fuerza trabajadora en el país.
El objetivo no es desmantelar los apoyos a los asegurados, lo cual sería injusto e inviable, sino reformular los subsidios para mejorar la focalización en la población más vulnerable y reducir las brechas de desigualdad.
Para ello, diversas propuestas buscan optimizar el impacto social y la eficiencia del gasto:
Análisis de Beneficios Desproporcionados. A manera de lo que sucede en Chile con País Solidario, se recomienda realizar auditorías anuales (vía ASF o Coneval) para identificar subsidios que benefician >50\% a deciles superiores (por ejemplo, pensiones contributivas altas). Esto permitiría rediseñar los subsidios con topes, limitando la pensión universal a quienes no superen un umbral de ingresos contributivos (por ejemplo, 15,000 pesos al mes).
Inversión Progresiva. Reducir la universalidad en programas como la pensión de adultos mayores al convertirlos en focalizados para la población no asegurada o de bajos ingresos, generando un ahorro estimado de 20% del presupuesto (alrededor de 300 mil mdp anuales). Los ahorros generados podrían reinvertirse en transferencias condicionadas a salud y educación para el sector informal, similar al antiguo Prospera pero con mayor cobertura.
Salud Universal. Proponer un aumento del presupuesto de IMSS-Bienestar al 1.5% del PIB en cinco años, con el fin de priorizar la cobertura universal en zonas rurales e indígenas, y así reducir la brecha de servicios entre asegurados y no asegurados (actualmente, los asegurados del IMSS acceden a 80% más servicios que los no asegurados).
Mecanismos de Equidad. Implementar un Fondo Nacional de Equidad Social con reglas que automáticamente redirijan un porcentaje (por ejemplo, 10%) de los subsidios contributivos a programas productivos (como ciencia y agricultura) si los indicadores de desigualdad, como el coeficiente de Gini, superan un umbral predefinido (por ejemplo, 0.45).
