Hoy más que nunca confirmamos por qué en noviembre de 2021, AMLO nos sorprendió con un decretazo en el que declaró de interés público y de seguridad nacional las obras de su gobierno. Pues claro, el Elefante Maya … digo, el Tren Maya, se construye sin tener los permisos ambientales definitivos en cuatro de siete tramos.
El decretazo permite autorizaciones provisionales hasta por un año para ejecutar las obras, ¡así como lo están leyendo! Con esto, el Tren Maya podría avanzar sin ningún problema, a menos que los jueces le metan freno de mano.
Con el decretazo, el mismo gobierno mandó al diablo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que obliga a todo aquel que quiera realizar una obra a presentar estudios técnicos-científicos de impacto ambiental.
A diferencia de hace 40 años, y para molestia de la 4T, existen leyes ambientales que hay que cumplir y que costó muchos años tenerlas, aunque ahora se les señale de conservadoras y neoliberales.
Desde que comenzó esta megaobra he documentado que Fonatur ha retorcido y usado a conveniencia el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, que se convirtió en letra muerta gracias al contubernio entre Semarnat y Profepa. A pesar de prometer que no iban a derribar ni un árbol, han talado miles y afectarán la fauna silvestre, incluyendo el jaguar, especie en peligro de extinción.
Digan lo que digan, Jimmy Pons salió de Fonatur por la puerta de atrás y dejó un tiradero que tampoco quiere recoger Javier May, quien ha dejado claro que el tren va porque va, así, sin permisos definitivos.
Este mes, los ojos están puestos en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida porque determinará si suspende de forma definitiva el Tramo 5. Este tramo que corre de Cancún a Tulum es uno de los más polémicos porque expertos y artistas alzaron la voz.
Qué les cuento, que ante los señalamientos del gobierno, muchos de los ambientalistas que han protestado comenzaron a tener represalias. Sí, desde Palacio Nacional los pusieron como blanco en el segundo país más peligroso para los defensores ambientales.
Les recomiendo que vayan por una jicarita de pozol (para sentirse en el sureste) porque, al parecer, hay rutas que se hacen por donde dice el dedito de YSQ.
El aspecto más controvertido ha sido el eje de trazo, que a pesar de que dijeron que estaba definido, se ha modificado, de nuevo, porque no se hicieron los estudios geológicos, sociales y medioambientales correspondientes, y también por el humor presidencial del momento.
Jimmy Pons, en su momento, a grito pelado, me contestó que no habría cambios en los contratos y ya he documentado por lo menos tres convenios modificatorios, con todo y que la Ley de Obras no lo permite. Ante el evidente retraso, la instrucción de Javier May para las empresas es construir sin proyecto ejecutivo y al costo que sea necesario. ¡Quihúboles!
Muchos le han dicho a AMLO que su megaobra tiene tantas fallas que se puede descarrilar, bueno, hasta la Auditoría Superior de la Federación resaltó que el costo del tren se incrementó, de 2019 a 2020 –redoble de tambores–, 26.9%, es decir, 37 mil 963.7 mdp. ¡Y lo que falta!
También destapó que en 2020 hubo personal inexistente, durmientes fantasma, trabajadores no calificados y peligro ambiental. Ah y les tengo la exclusiva: de los 267.9 mdp determinados por la ASF como posible daño al erario por ocho auditorías al Tren Maya, Fonatur no ha aclarado ¡ni un solo peso!
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los expertos, tan solo en el Tramo 5 de Quintana Roo, han evidenciado que el suelo kárstico NO va a aguantar el peso del tren, en pocas palabras, ¡se podría caer! Ahora que se cumple un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro, ¿no es momento de reflexionar?
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