Esta semana la Casa Blanca anunció un acuerdo con México y los países del Triángulo Norte para extender la contención de personas, eje central de la política migratoria estadounidense, a toda la región. El anuncio activa el despliegue de miles de elementos de seguridad como parte de una estrategia con la que se pretende disminuir el flujo de migrantes desde Honduras, Guatemala y El Salvador hacia Estados Unidos. En la superficie, la decisión parece acertada ante el incremento histórico en el número de personas que se han desplazado hasta la frontera norte en los primeros meses del año.
Tan sólo durante marzo, 53 mil familias fueron detenidas por la patrulla fronteriza, mientras 19 mil menores de edad llegaron a la frontera sin un familiar o tutor, el mayor número de niños y adolescentes en la historia. La situación ha superado la capacidad de las autoridades estadounidenses para recibir a estos migrantes. El sistema está diseñado para detener, procesar y deportar a quienes buscan ingresar sin ser detectados, no para brindar atención humanitaria a niños y mujeres que se entregan a los oficiales estadounidenses con la intención de recibir asilo. El paradigma de la migración indocumentada en la región pasó de la oportunidad a la necesidad.
Desde 1993, demócratas y republicanos en Washington han alimentado la narrativa de una frontera vulnerable como el principal factor de atracción para los millones de indocumentados que han ingresado al país. El concepto de seguridad fronteriza se convirtió en bandera de campaña para políticos sin escrúpulos que han explotado el sentimiento anti inmigrante por votos. Incluyendo el movimiento que llevó a Donald Trump a la presidencia en 2016.
Adicionalmente, la noción de una frontera en caos ha justificado la inversión de miles de millones de dólares en la militarización, con un costo enorme para el bienestar de las comunidades fronterizas en uno y otro lado de la línea. La frontera se ha convertido en una de las regiones más vigiladas en el mundo con más de 700 millas de muro, drones, vehículos todo terreno y el equipo de vigilancia instalado a lo largo de las casi 2 mil millas de terreno que separan a ambos países.
Pero el incremento en las medidas de seguridad ha tenido un efecto temporal en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. La semana pasada, el secretario del departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, advirtió que en las próximas semanas las aprensiones de inmigrantes indocumentados podrían alcanzar niveles no vistos desde el año 2000, cuando se alcanzó la cifra récord de más de un millón seiscientos setenta y seis mil arrestos en la frontera.
Las familias migrantes con las que he interactuado durante más de una década cubriendo la frontera y el tema de la migración no atribuyen la decisión de abandonar su hogar a la falsa noción de frontera porosa, sino a una combinación de factores que incluyen la violencia, la corrupción, la falta de oportunidades, la desinformación, los efectos de la pandemia, y cada vez más, el cambio climático.
En vez de reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, el énfasis en una estrategia de contención ha incrementado el número de muertes de migrantes en la frontera, ha fortalecido la operación de las redes criminales que trafican con la vida de los migrantes y ha creado una industria privada multimillonaria que lucra con un sistema completamente abrumado. ¿Esta es la fórmula con la que Washington pretende controlar el tránsito de migrantes desde Centroamérica?
La solución debe privilegiar la inversión en programas comunitarios que combatan las causas de la migración, la construcción de infraestructura humanitaria en la frontera y el fortalecimiento de vías legales para los migrantes. El despliegue de más guardias armados no soluciona la desesperación, solo la empeora.