El Día Internacional contra las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró este 30 de agosto, es trascendental para visibilizar a las personas, hombres y mujeres que han sido sometidas a esta práctica inhumana, y también para sus familias que han impulsado una lucha heroica por encontrar a sus familiares. Las y los periodistas también forman parte de esta tragedia.
Vale la pena recordar el informe que Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica presentaron en noviembre de 2021, y que se retomó en abril de 2022 por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en su informe sobre México, y en el que expresó su “preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021.
De ellos ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada”, señaló el organismo.
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Las desapariciones de personas en México es una tragedia que sigue ocurriendo cada día en el país y que
suman a la fecha 100 mil personas, entre las que se encuentran 26 periodistas. “Una tragedia desgarradora”, como ha señalado el Comité en sus conclusiones.
Todas estas familias, incluyendo el caso Ayotiznapa, enfrentan el mismo dolor, las mismas condiciones de abandono y burocracia de las instituciones. Además de un sistema de justicia ahogado en su propia maraña de inoperancia. Y la incapacidad de un gobierno que no ha podido prevenir ni frenar esta práctica.
En el caso de las y los periodistas desaparecidos, el 100% de ellos se mantiene en la impunidad, siguen sin ser localizados, las investigaciones se han estancado por años, y algunas han sido archivadas.
Desde 2003, año en que se registró la primera desaparición de un periodista en México, Reporteros Sin Fronteras ha llevado un registro puntual de esos casos; así como también junto con Propuesta Cívica, ha dado acompañamiento a sus familiares en su búsqueda de justicia. Y hemos confirmado que en la mayoría, los investigadores no tomaron en cuenta el trabajo periodístico de las víctimas como una de las líneas de investigación prioritaria, y no se han enfocado a la localización de las personas desaparecidas, ni a la identificación de los responsables materiales y mucho menos a los intelectuales de estas desapariciones.
Algunos casos, como el de José Alfredo Jiménez Mota (16 años de desaparición); Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe, Ramón Ángeles Zalpa, José Antonio Apac, y Gabriel Fonseca Hernández, periodista del diario El Mañanero de Acayucan, con 10 años de desaparecido y donde por su expediente han pasado más de siete fiscales, uno de ellos es actual líder de un cártel en Veracruz.
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Los familiares han tenido que enfrentar un sinnúmero de trabas en las fiscalías locales, y la inexistente investigación en la Fiscalía General de la República.
La falta de apoyos por parte la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se conforma con tan sólo tenerlos como una estadística, pero los apoyos nunca llegan, generalmente se quedan en promesas.
En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó la atención a las autoridades federales y estatales, sobre la situación de libertad de expresión con relación a los periodistas asesinados y desaparecidos. En ese momento fueron los casos de desapariciones hasta 2014, todas se encontraban en carpetas en integración. Y esto no ha cambiado a la fecha.
Los contextos de violencia e impunidad que enfrenta la prensa en México se ha extendido por años y las desapariciones continúan.
Hay que recordar la desaparición de los periodistas Jorge Molotzin Centlal y Pablo Felipe Romero Chávez, en marzo de 2021, en Sonora, sin que hayan sido localizados a la fecha.
Gran parte de las desapariciones de periodistas se han registrado principalmente en regiones emblemáticas de la violencia, como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sonora, Tamaulipas o Coahuila, entre otras.
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Los 26 periodistas desaparecidos hasta la fecha en México cubrían en su mayoría las fuentes de política, seguridad, corrupción y narcotráfico, y ejercían el periodismo en el momento de su desaparición.
En todos ellos hay un patrón: ninguno ha sido localizado, las investigaciones están estancadas, ninguna autoridad los busca ni a las víctimas ni a los responsables, y el tiempo ha pasado y los indicios para su localización han desaparecido.
Estos casos ilustran perfectamente la tragedia de las desapariciones en nuestro país, que ha impactado directamente a la libertad de expresión. Para evitar que los periodistas informen sobre actos de corrupción o la colusión de los políticos con miembros de los cárteles, o inseguridad; primero se presiona y amenaza de muerte constantemente a los periodistas.
¿Dónde está la Comisión de Búsqueda en estos casos en los que ni siquiera se ha acercado a las familias? ¿Dónde está la Comisión de Víctimas?
La búsqueda de las y los periodistas desaparecidos en México es una tarea pendiente para el actual gobierno.
Metas por cumplir
En noviembre de 2021 se emitieron al Comité de Desapariciones Forzadas estás recomendaciones siguen vigentes:
1) Que el gobierno mexicano se pronuncie por una política frontal encaminada a acabar con la impunidad en los asesinatos y desapariciones de periodistas.
2) Se impulse una mayor coordinación entre la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la libertad de Expresión (FEADLE) y la Comisión Nacional de Búsqueda.
3) Se establezca una Mesa de trabajo entre autoridades de la FGR, Comisión Nacional de Búsqueda, organizaciones de sociedad civil y familiares, para establecer una agenda y mecanismos de búsqueda de los periodistas desaparecidos.
Indignación. En mayo pasado, periodistas de Yucatán se manifestaron contra las agresiones que han sufrido los integrantes del gremio.