Presupuesto insuficiente, personal mal capacitado, manejo deficiente de cadáveres y baja voluntad política son factores que entorpecen los trabajos en México para combatir las desapariciones forzadas y resolver la crisis forense que agobian al país, señala un informe del Congreso de Estados Unidos.
En un reciente reporte del Congressional Research Service (CRS) se advierte que “a pesar de estos esfuerzos, los obstáculos continúan impidiendo los esfuerzos de México para abordar las desapariciones forzadas”, entre los que se encuentran “fondos y personal inadecuados en las comisiones y en los laboratorios forenses; mal manejo de cadáveres e información de casos e intercambio limitado de información y confianza entre familias, comisiones y fiscales”.
Publicado el pasado 25 de julio, a dos meses de que se cumplan ocho de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el documento advierte también “baja voluntad política en algunos estados, y acceso inadecuado a análisis de ADN, además de que aún no se ha establecido un Banco Nacional de Datos Forenses planificado”.
Titulado “México: atención a las personas desaparecidas”, el informe del Congreso estadounidense establece que nuestro país “enfrenta importantes problemas de derechos humanos en medio de una violencia sin precedentes relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado”.
A julio de 2022, el gobierno mexicano ha registrado más de 101 mil 300 casos de personas desaparecidas o no localizadas; el 32.2% de los casos se reportaron desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Hasta la fecha, hay más de 52 mil cuerpos que no han podido ser identificados.
El reporte cita a organizaciones de derechos humanos que han identificado patrones de comportamiento respecto a las desapariciones en México. “En muchos casos, los oficiales policiales o militares primero detienen a las personas de las que buscan obtener confesiones o recopilar información de inteligencia sin orden judicial ni causa probable. Algunos detenidos son torturados con el fin de obtener información y luego ‘desaparecen’ por las fuerzas de seguridad para encubrir sus muertes”.
Otros son entregados a grupos del crimen organizado, “que a menudo los retienen para pedir rescate, los extorsionan o los utilizan para trabajos forzados”. El informe legislativo cita datos de la organización no gubernamental OpenGlobalRights, que describe cómo los funcionarios mexicanos “a menudo falsifican pruebas y utilizan otros medios para ‘encubrir’ su participación en las desapariciones”.