ITZEL REYES | @ItzyBit_Reyes
A un año del asesinato de Gregorio Jiménez, su familia no está tranquila, teme por su seguridad y acusa que los apoyos prometidos por las autoridades aún no han llegado. Su viuda, Carmela Hernández, ha sido víctima de intimidaciones en al menos tres ocasiones, la última ocurrió el 23 de enero.
“Por eso vine aquí, a solicitar las medidas de protección para mí y mi familia, la investigación sigue y pido que realmente se haga justicia”, afirmó Carmela, que explicó que el único apoyo que recibe es de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).
Ella y sus cuatro hijos regresaron a su casa, en Villa Allende, el 29 de agosto de 2014, debido a que no veía que los recursos destinados a su caso llegaran; afirmó que las becas para sus hijos no han llegado y tampoco la han dejado ver los avances de las investigaciones del caso.
[su_pullquote]Gregorio Jiménez fue secuestrado por hombres armados el 5 de febrero de 2014, en Coatzacoalcos, Veracruz, luego de que dejara a sus hijos en la escuela. Su cuerpo fue encontrado el 11 de febrero en una fosa en Las Choapas, junto a otras dos personas[/su_pullquote]
Un rumor la tiene preocupada, afirman que los presuntos asesinos de su esposo pueden salir libres debido a un amparo que interpusieron por violación al debido proceso y tortura. “A un año de lo que pasó no estamos tranquilos, y el hecho de pensar que puedan salir libres, no es posible que no haya justicia”.
Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, explicó que han tenido diversas reuniones con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para solicitar los avances de las investigaciones y se le otorgue un asesor jurídico que acompañe a la señora en el proceso.
También pidió al tribunal donde se encuentra este amparo, que lo resuelva lo más pronto posible. “Si este amparo se resuelve a favor se estaría mostrando impunidad, además hay dos o tres personas que siguen prófugos, entre ellos el autor intelectual”, sostuvo la periodista.
Asimismo, solicitaron a la Feadle que se haga un monitoreo permanente del momento en que se resuelva el amparo y se notifique a la familia; que se consigne lo más pronto posible este caso de Gregorio Jiménez para evitar que los presuntos responsables puedan salir libres.
Balbina también denunció que la CEAPP ha bajado la supervisión hacia la familia de Goyo y solicitó que refuerce sus medidas de protección de riesgo.
“La principal petición que hacemos a las diferentes instancias es que se coordinen para que las medidas de seguridad sean lo más efectivas posibles”, indicó Balbina, quien aseguró que estas mismas condiciones se pueden aplicar a la familia de Moisés Sánchez, periodista asesinado en enero pasado.
Víctor Arrazola, de la Casa de los Periodistas, afirmó que en los estados no hay voluntad política, capacidad técnica, ni la intención para hacer bien las investigaciones. En el caso de Goyo, los 6 implicados interpusieron un amparo al auto de formal prisión dictado por un juez, en febrero de 2014, por violaciones evidentes al debido proceso como la falta de un abogado y denuncias de tortura.
“Si esas fallas tan elementales se están cometiendo en las fiscalías estatales, entonces como vamos a poder confiar en que esas fiscalías van a realizar van a realizar una investigación científica y seria, por eso reiteramos que sea la Fiscalía Federal la que atraiga todos los casos de agresiones a periodistas”, afirmó Arrazola.
Goyo, como lo conocían, era reportero de Notisur y El Liberal del Sur, y de acuerdo con su viuda, había informado sobre varios homicidios contra inmigrantes en un bar, tras lo cual fue amenazado por Teresa de Jesús Hernández Cruz la dueña del establecimiento. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, detuvieron a seis personas y confirmaron que el crimen fue por una “venganza personal”.
Sin embargo, la Misión de Observación realizada por un grupo de 16 periodistas; miembros de Reporteros Sin Fronteras, Periodistas de a Pie, Casa de los Derechos para Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), determinó que Gregorio Jiménez fue asesinado por informar y que la autoridad evadió reconocer que se trataba de un ataque directo a la libertad de expresión por parte del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.