1.
El segundo debate presidencial habrá transcurrido con el cruce habitual de acusaciones de corrupción y posturas a modo, entre las candidaturas que compiten por la Presidencia de la República, a prácticamente un mes de que concluyan las campañas el 29 de mayo, cuando vendrá un periodo de tres días de silencio electoral y reflexión para que los ciudadanos hagan su mejor elección el 2 de junio. Para el graderío, cada candidatura sacó lo suyo; del lado del oficialismo, enfatizando el continuar la obra para ponerle un segundo piso a algo que pareciera no haberse nunca concluido, según señala el lado opositor, en donde contrastaron los otros datos de las realidades de pobreza, estancamiento, inflación y deterioro de la infraestructura física y la inversión productiva, con salarios y empleos de baja calidad y a punto de desaprovechar el efecto que la relocalización pudiera significar para nuestro país, por la inseguridad, impunidad y corrupción que siguen pesando en la valoración de prioridades de los inversionistas globales. ¿Cómo echar un segundo piso si el primero es tan endeble?
2.
De ahí vendrán las críticas; quien ganó fue Álvarez Máynez, al arrancarle puntos a las contendientes; quizá del Palacio Nacional volveremos a escuchar, a despecho de la ley electoral, que no se resaltaron bien los logros de la administración; en medios y redes sociales, que el formato fue otra vez limitante y exasperante, en tanto que cada uno de los protagonistas considera haber conectado los mejores golpes y ganado el debate, faltando un mes y un tercer debate para saber quién paseará al tigre.
3.
Siempre hay otros datos, como los provenientes del Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, que deploran que en México se hayan dejado sin investigar y enjuiciar la mayoría de los casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país son muy altos. Dicho informe concluye que no ha habido cambios significativos en la situación de los derechos humanos en nuestro país y en muchas regiones, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata de personas continúan actuando en connivencia con las autoridades locales y federales. Y, contrario al cano de la democracia, el Poder Judicial y la libertad de expresión siguen bajo ataque continuo, al ser públicamente señalados de “parciales, partidistas y corruptos”, lo que coloca a jueces y periodistas en riesgo.
4.
De lo más interesante resulta analizar cómo las preferencias se perfilan, según el instrumento con el que se midan. Al respecto, tanto las encuestas más centradas como diversos estudios prospectivos estado por estado, muestran que la brecha entre las dos candidaturas principales se ha ido ajustando, ubicándose entre 10 y 26 puntos, según sea el caso, pero mostrando interesantes posibilidades de inflexión en series de estudios estatales, que incorporan, desde luego, la diversidad de realidades regionales de nuestro país. En la elección presidencial, por ejemplo (AOL consultores, Macario Schettino), en un escenario de baja participación electoral de 55%, la candidata oficial obtendría el triunfo con 47% de la votación, frente a 45% de sufragios favorables a la alianza Fuerza y Corazón por México, con 7% para el candidato de Movimiento Ciudadano.
5.
Si la participación electoral fuera de 63%, como en 2018, la candidatura oficial perdería la elección con 44% de los sufragios, en tanto que la alianza opositora ganaría con 49% de los votos. Y de resultar una votación masiva de 70% del padrón, la derrota oficial sería mayor, con 42% de votos para la candidata oficial y 51% para la oposición. El total nacional de votos sería de 68 millones, lo que diluiría cualquier apelación al fraude o a despertar los tigres por ahí dormidos. Pero aún no se canten vísperas, hasta votar, la moneda sigue en el aire.