Los hermanos Edmundo, Enrique y Heriberto Santiago Lorenzana llevan más de 15 años privados de la libertad en un penal del estado de México por un delito que no cometieron.
En 2008, la Policía de Investigación los acusó de homicidio y los obligó, con torturas, a firmar una declaratoria de culpabilidad. Catorce jueces conocieron la causa penal en distintas etapas del juicio y luego de tres años, los hermanos fueron sentenciados a 60 años de prisión sin más pruebas de su responsabilidad.
“La última jueza determina que no hay prueba más fehaciente que la declaración que firmaron. No encontraron un solo testigo ni prueba en su contra, y aun así nos destrozó la vida”, dice su hermana Tere Santiago Lorenzana.
Los Santiago Lorenzana y otras 16 familias forman parte del colectivo Haz valer mi libertad, que desde hace más de siete meses instaló un plantón frente al Palacio de Gobierno del estado de México, en Toluca, para pedir la liberación de los injustamente presos.
Daniel Plácido Arroyo es otra víctima del sistema de justicia. “Su delito es ser moreno y estar sucio de sus ropas por su oficio”, señala su hermana Leidy Plácido Arroyo.
El aspecto físico del joven bastó para que en 2015 policías del estado de México lo acusaran, sin pruebas, por el delito de secuestro. Fue sentenciado a 70 años de prisión. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pidió su libertad con la Ley de Amnistía, pero el Tribunal Superior de Justicia no lo ha dejado salir de la cárcel.
María Félix Peña también defiende la inocencia de su hijo Miguel Ángel Juárez y de su nieto Jorge Daniel, acusados en 2017 de homicidio, cohecho y delitos contra la salud, luego de que acudieron a presentar una denuncia por el robo de su vehículo. Fueron sentenciados a 55 años de prisión. “De mi nieto dijeron que era un sicario, pero es universitario”, afirma la mujer.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización social creada hace casi 12 años, estima que de las más de 34 mil personas privadas de la libertad que estaban en las cárceles del estado de México hasta 2022, 19 mil 500 (58%) tienen indicios de estar injustamente presas por motivos de discriminación.
“Este porcentaje se replica en otros estados y en el ámbito federal. Entonces, la estadística nos dice que dos de cada tres personas presas en México son inocentes. La justicia está de cabeza”, expone Antonio Lara Duque, abogado y fundador del Zeferino Ladrillero.
En octubre de 2023, la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, pidió a las mujeres del plantón levantar una huelga de hambre que habían iniciado 23 días atrás con la promesa de revisar los casos, pero las familias reclaman que no “han hecho nada”.
“Estamos luchando contra un monstruo de mil cabezas: el Estado”, lamenta Leidy Plácido, vocera de la organización Haz valer mi libertad.
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