Fracasan estados en el combate a narcofinanzas
A más de una década de su creación, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) no han dado los resultados esperados, revela informe
Sin un diagnóstico claro, con deficiencias en el reclutamiento y capacitación de su personal y la falta de indicadores sobre su desempeño, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), enfocadas a combatir las estructuras financieras de los grupos criminales en los estados, no han dado los resultados esperados.
El estudio de Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados, que hoy dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) revela que, a más de una década de su creación, y a cuatro años de su relanzamiento en la actual administración, “no existe ninguna evaluación sobre los resultados e impacto” de estas unidades.
Bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las 33 UIP estatales, 17 de ellas adscritas a las fiscalías y procuradurías, 13 están incrustadas en las secretarías de Finanzas, Planeación o Hacienda, y tres más se encuentran integradas a las secretarías de Seguridad, tienen como objetivo general debilitar las estructuras económicas y patrimoniales de la delincuencia.
Sin embargo, la falta de transparencia e indicadores no sólo sobre su operatividad sino de su misma existencia dio cuenta incluso en el estudio del ONC que no en todos los casos fue posible determinar el número de funcionarios públicos que trabajan en estas unidades debido en buena parte a los diversos problemas de diseño y diagnóstico.
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Esto se suma a la insuficiencia de personal y capacitación, como en el caso de la unidad de Baja California Sur, la cual está integrada por una sola persona. O que sólo los funcionarios de 11 unidades, equivalentes al 33 %, han recibido al menos un curso de capacitación, y que el
70 % de los 105 cursos que se identificaron en total abordaron temas ajenos a la función central de las UIPE.
En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, el estudio detectó que la UIPE sólo existe en el papel, pues aunque está reconocida en la estructura de la fiscalía estatal, no está operando por la falta de recursos para su funcionamiento.
En Campeche se dificultó rastrear y obtener información, pues la unidad tiene un nombre alternativo; mientras que en estados como Chihuahua, Guerrero y Veracruz las autoridades no las ubicaron orgánicamente en sus áreas de transparencia, pese a la evidencia de su creación.
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