Estos últimos días en Iztapalapa se ha remitido a ocho personas por tirar basura en vía pública. En la Ciudad de México, tenemos cinco Alcaldías con Barrancas, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, con la inmensa responsabilidad de vigilar contra los ilícitos ambientales que tienen sumidas nuestras barrancas en la más terrible suciedad. Vivimos momentos históricos, en la Presidencia de México tenemos a una mujer ambientalista y también en la Jefatura de Gobierno.
Clara Brugada Molina pasará a la historia, no sólo por reinventar la significación de “un gobierno cercano a la gente”, sino por su compromiso con el medio ambiente. Una de las acciones trascendentales es la creación del Gabinete de Barrancas, que como trabajo inmediato impulsó la conformación y capacitación de Comités de Vigilancia Ambiental —los “guardianes” de las barrancas—, integrados por vecinos y brigadas locales, también vacunando a todas y todos los integrantes para garantizar su participación segura en campo así como brindarles capacitación específica sobre delitos ambientales y el marco legal aplicable consolidando mecanismos comunitarios de vigilancia permanente.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), las barrancas de la Ciudad de México forman parte de las Áreas de Valor Ambiental y, en muchos casos, están catalogadas como Suelo de Conservación. Estos espacios cumplen funciones esenciales: permiten la infiltración de agua de lluvia, regulan el microclima, frenan la erosión y resguardan fauna silvestre.
Sin embargo, las problemáticas persisten desde hace décadas: descargas clandestinas, tiraderos de basura, invasiones, deforestación y la falta de infraestructura para el manejo adecuado de residuos. En respuesta, SEDEMA ha fortalecido sus programas de restauración ecológica, manejo de residuos, inspección ambiental y reforestación en barrancas estratégicas como Tarango, Tecamachalco, Eucaliptos y Magdalena. Estos esfuerzos se realizan en coordinación con las alcaldías y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), implementando operativos permanentes para impedir la disposición ilegal de basura y escombro.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) ha documentado que diversas barrancas reciben agua residual o arrastres de sólidos debido a descargas irregulares o a infraestructura insuficiente. Para atender esta crisis, la dependencia lleva a cabo desazolves programados, rehabilitación de colectores, saneamiento de cauces y obras de conducción para mitigar riesgos durante la temporada de lluvias. Asimismo, ha reforzado los sistemas de monitoreo de calidad del agua, permitiendo detectar puntos críticos y actuar con mayor precisión. La protección de barrancas también implica un componente jurídico claro.
En México, las sanciones por faltas ambientales pueden incluir multas económicas, clausura de actividades, obligación de restaurar el daño, sanciones administrativas, responsabilidad penal e incluso acciones civiles por daños y perjuicios. En resumen: contaminar, destruir o dañar el medio ambiente acarrea consecuencias que pueden ir desde sanciones moderadas hasta penas de prisión, según la gravedad del delito.
Estas medidas no solo castigan, sino que buscan inhibir prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas de la ciudad. Aun así, recuperar ríos y barrancas requiere más que vigilancia y sanciones. Implica procesos técnicos de restauración que comienzan con una evaluación del área, la planificación de acciones, la recolección manual de residuos, el uso de maquinaria para remover desechos voluminosos, el control de sedimentos mediante reforestación o barreras naturales, y en casos de contaminación severa, el tratamiento del agua mediante filtración o bioremediación. Pero ninguna intervención es sostenible sin educación ambiental, campañas permanentes de prevención y la participación activa de la comunidad.
