lleon@ejecentral.com.mx /jonathanjnd@ejecentral.com.mx
›Funcionarios de Segob desatendieron las advertencias que existían sobre la fragilidad de la seguridad en el penal de máxima seguridad de El Altiplano
El 22 de enero de 2015 un dron “propiedad de un elemento” del área de Inteligencia de la Policía Federal, sin autorización, sobrevoló el Centro Federal de Readaptación Social No.1 El Altiplano y no reportó a las autoridades carcelarias las razones. Cinco minutos después, un helicóptero Bell 212 con la leyenda de la misma corporación voló sobre el penal, pero tampoco tenía permiso, ni consta en el expediente los detalles del porqué se hizo ese sobrevuelo.
Ambos parecerían hechos irrelevantes, pero justo en ese momento, los cómplices del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, terminaban de construir, en las inmediaciones del penal de máxima seguridad, la mitad del túnel que 170 días más tarde, el 11 de julio de 2015, con extremada precisión, llegaría a la regadera de la celda del capo y éste escaparía.
Esta fue una de las 46 alertas que registraron en minutas de trabajo, reuniones, notas informativas y oficios que se emitieron en los poco más de 13 meses que el capo estuvo recluido en ese Cefereso, ubicado en el estado de México, y que documentan cómo una decena de funcionarios de la Secretaría de Gobernación no atendieron los reportes o solicitudes que les correspondía de acuerdo a sus facultades y que, de haberlo hecho, habría hecho imposible la fuga del capo.
En la carpeta de investigación PGR/SEIDO/UEIDCS/10281/2015, a la que ejecentral tuvo acceso, se documenta cómo el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de oficios con folio y tarjetas informativas, solicitó la reparación de equipo de seguridad, el incremento de personal de vigilancia, el apoyo para restringir las visitas de Guzmán Loera, e incluso la rotación del director del penal y personal de seguridad, así como su cambio de celda y la alerta sobre las verdaderas intenciones de difundir en medios de comunicación, la inexistente huelga de hambre que se suponía encabezaba el propio líder del Cártel de Sinaloa.
›Ninguna de esas solicitudes fueron atendidas por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dirigida por Monte Alejandro Rubido García; tampoco por la División de Inteligencia de la Policía Federal, que encabezaba Ramón Eduardo Pequeño García, y que tenía bajo su responsabilidad la vigilancia directa de El Chapo.
Tanto Rubido García como Pequeño García presentaron su renuncia sin recibir alguna sanción. En el caso del primero, después de 15 meses sin trabajo, nuevamente se incorporó a la Secretaría de Gobernación, con un cargo de menor perfil en la Unidad de Gobierno. El segundo mantiene escolta y vehículos blindados del gobierno, bajo el argumento de que su trabajo obliga a brindarle protección.
Todo bajo control
Apenas habían transcurrido 144 días desde que Guzmán Loera ingresó al penal de El Altiplano, cuando se difundió en medios de comunicación, el 16 de julio de 2014, que había estallado una huelga de hambre impulsada por El Chapo y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quienes contaban con el apoyo de unos mil internos. El hacinamiento, insalubridad y malos tratos, decía la información, motivaron la protesta.
En un acuerdo contenido en seis fojas, fechado el 14 de julio de 2014, Juan Ignacio Hernández Mora, entonces comisionado del OADPRS, recibió el informe de Valentín Cárdenas Lerma, quien era director General del Cefereso 1, en torno a una llamada anónima de un supuesto familiar de un interno que alertaba sobre a una posible huelga de hambre que estallaría al interior del centro.
Pero la huelga de hambre en realidad no existió y tampoco participó Guzmán Loera. Abogados de internos entregaron una carta a una revista, la cual publicó dando por cierto el hecho y más tarde difundiría que, después de cinco días y ante la respuesta positiva de las autoridades, los internos abandonaron su protesta. Este hecho nunca existió, pero la sola difusión colocaba el hecho en una alerta, por lo que debía investigarse para comprender las verdaderas intenciones y porque públicamente mostraba una aparente vulnerabilidad a la seguridad interna.
Jueces vulneraron seguridad
Un año antes de la fuga de El Chapo, ante las denuncias de que los citatorios de los jueces a internos vulneraban la seguridad del penal, la coordinadora general de los Ceferesos, Celina Oseguera Parra, solicitó al director del penal un informe detallado de la situación.
En un oficio fechado el 11 de julio de 2014, Valentín Cárdenas Lerma, reportó sobe la “debida vigilancia” que la institución procuraba al interno Joaquín Guzmán, pero advertía que las constantes solicitudes de diversos órganos jurisdiccionales provocaban el envío del reo “3578” (número de interno de Guzmán Loera) al área de locutorios. Y no sólo eso, los citatorios a diversos internos que no aparecían como coacusados en los expedientes y juicios, les permitía reunirse en las áreas de locutorios y conversar, lo que significaba una constante vulneración de las medidas de seguridad.
“Independientemente de las acciones de seguridad que se han mantenido al interior y exterior de este Centro Federal, a fin de tener la adecuada seguridad institucional sin dejar de mencionar la coordinación existente entre las diversas corporaciones tanto militares como policiales de la certeza de que el interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, está debidamente vigilado tanto por los medios electrónicos de seguridad, así como por el personal de custodia asignado en el área de su ubicación…” indicó Cárdenas Lerma en el oficio enviado a la entonces coordinadora general de los Ceferesos,
Oseguera Parra informó al comisionado del OADPRS, por lo que acordaron reunirse con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Lo hicieron en dos ocasiones y no sólo les plantearon su preocupación por los extraños citatorios a reos que no estaban acusados en un mismo proceso, sino también de los constantes amparos que se emitían y que permitían a los presos contar con pantallas de televisión o incrementar las visitas de abogados y familiares, o incluso trasladarlos a penales menos seguros. Pero nada cambió, los consejeros no investigaron, reportaron las autoridades penitenciarias.
›Y es que Guzmán Loera fue uno de los principales beneficiados por los jueces federales. Ganó más de 10 amparos que le permitieron, por ejemplo, tener una pantalla en su celda, mantener el cabello más largo y atender a sus abogados permanentemente en el área de locutorios. Todos estos beneficios trataron las autoridades penitenciarias de eliminarlos.
En una nota informativa del 22 de septiembre de 2014, dirigida al comisionado del OADPRS, la coordinadora de los Centros advertía de la urgente necesidad de retirarle “el aparato de televisión” y el impedir las constantes visitas de familiares del interno. Pero no recibieron el apoyo de las áreas jurídicas de Gobernación ni de la Procuraduría General de la República que no actuó al detectar estos juicios de amparo e impedir que los ganara.
Hasta el día de su fuga, El Chapo contaba con su pantalla y tenía el cabello más largo que lo permitido.
Impiden reubicación
Guzmán Loera era el único preso que ya había intentado fugarse del penal de El Altiplano en 1999, y lo logró al año siguiente, pero del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. El perfil criminológico de El Chapo hacía suponer que podría intentarlo nuevamente y al estar ubicado en la misma área que otros presos de altísima peligrosidad, el riesgo crecía, por lo que apenas 74 días después de asumir el cargo de coordinadora General de Ceferesos, Oseguera Parra propuso reubicar al capo y al no obtener respuesta lo propuso una segunda ocasión en menos de un año.
De acuerdo con el expediente, la primera de esas propuestas quedó asentada en una tarjeta informativa fechada el 29 de agosto de 2014. El documento fue dirigido a Juan Ignacio Hernández Mora, y la coordinadora proponía la reubicación de Guzmán Loera a un módulo aislado dentro del área del Centro de Observación y Clasificación de El Altiplano. Específicamente intentaba reubicarlo en el área de “enfermedades infecto contagiosas”, debido a que estaba desocupada, lo que permitiría “separarlo de la población, evitar el contacto con la población interna y el personal”, lo que mejoraría los niveles de seguridad.
Sin abundar en los motivos, el comisionado Hernández Mora recibió el acuse de negativa por parte de Monte Alejandro Rubido.
En otro anexo dentro de la carpeta, se hace referencia a que en febrero de 2015, cinco meses antes de la fuga, se intentó por segunda ocasión el traslado de Guzmán Loera al Cefereso 12 en Guanajuato, para internarlo en un módulo exclusivo y restringir su contacto con otros internos y personal penitenciario, alejarlo de la capital del país para evitar las frecuentes visitas que recibía de sus abogados. Pero nuevamente desde la CNS se negó el traslado, de acuerdo a la respuesta del comisionado Hernández Mora, quien le expuso a Oseguera Parra que consideraban que sería un problema ante la posibilidad de que los abogados pudieran tramitar un amparo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La rotación del personal, muestran los lineamientos oficiales y documentos dentro del expediente, es un proceso obligado para disminuir el riesgo para el personal, evaluar su trabajo e impedir que el trabajo rutinario y el contacto repetitivo con los mismos internos y funcionarios, relaje la disciplina y seguridad.
El Chapo permaneció hasta el día de su fuga en la celda número 20 del área de Tratamientos Especiales del penal de El Altiplano, la misma que inexplicablemente, violando todos los protocolos de seguridad, siendo comisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón hizo pública en febrero de 2014, al ser capturado el capo.
Cinco intentos y poca vigilancia
Igual que ocurrió con las negativas para reubicar a Guzmán Loera, la CNS y el comisionado del OADPRS no autorizaron la rotación de directores generales ni de personal estratégico como los directores de seguridad. La propuesta de rotación consta en al menos cinco acuerdos, cuya aprobación nunca ocurrió antes de la fuga de El Chapo, salvo en el caso de algunos directores de seguridad, porque se presentó una situación de riesgo en Tamaulipas.
Uno de los primeros documentos en los que se plantea la necesidad de la rotación del personal se emitió desde el 24 septiembre de 2014, como parte de un acuerdo celebrado con el comisionado Hernández Mora.
Cinco meses más tarde, en un nuevo acuerdo celebrado el 4 de febrero de 2015, pero ahora con Monte Alejandro Rubido, se le expuso la propuesta de “movimientos de personal de seguridad penitenciaria y problemática, relacionada con el apoyo brindado por las fuerzas federales en los Ceferesos”. El planteamiento, que no recibió el visto bueno del titular de la CNS, incluyó la forma de rotación de los directores generales y directores de seguridad de los Centros, y movimiento de personal, y se hacía como parte de las medidas habituales de seguridad, establecidas en el Reglamento de los Centros y los lineamientos de seguridad específicos, y que se habían dejado de implementar.
Dos meses más tarde se insistió en el tema en un acuerdo del 24 de abril de ese año, a través de Ignacio Hernández Mora. La misma petición se extendió en un nuevo oficio del 20 de mayo. Y en un cuarto documento del 24 de junio de 2015, apenas 17 días antes de la fuga, se insistió en la necesidad de rotar al personal.
A pesar de tener los reos más peligrosos y con los antecedentes de fuga del propio Chapo Guzmán, fue necesario que la OADPRS advirtiera, en varias ocasiones, al comisionado Nacional de Seguridad sobre las debilidades en la vigilancia por los problemas con el apoyo en esas tareas de la Policía Federal, que entonces dirigía Enrique Galindo.
El 4 de febrero de 2015, por ejemplo, en el acuerdo con Rubido García se le presentaron todos los oficios de la Policía Federal en los que “se informa sobre la negativa a apoyar en vigilancia en las torres de los Centros Federales y en diversos traslados temporales de internos para atención médica”, que fueron dirigidos en enero en su mayoría al general Alfredo Carranza Rosales, director de Seguridad en los Centros Federales de la PF.
El 14 de abril de 2015, en un acuerdo entre Oseguera Parra y el comisionado de la OADPRS, se aborda entre los temas para la firma de oficios dirigidos al comisionado Enrique Galindo y al entonces Comisionado de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, “solicitando su apoyo para la seguridad de los Centros”.
›Diez días más tarde, el 24 de abril de 2015, en acuerdo con Hernández Mora, nuevamente se informó de los oficios enviados a la Policía Federal solicitando su apoyo para la seguridad de los Centros y se pidió al comisionado del OADPRS que llamara por teléfono y agilizara la respuesta.
Al conocer la falta de personal en las torres de vigilancia, las cuales eran áreas que correspondían a la Policía Federal, Monte Alejandro Rubido ordenó de inmediato a Enrique Galindo que devolviera al personal, lo que ocurrió, de acuerdo a los registros, de manera parcial.
Visitas al penal: nada que reportar
La supervisión de los centros federales tienen como finalidad de verificar el “adecuado funcionamiento de las instituciones”. En el caso del Altiplano, el expediente acredita la existencia de al menos cuatro oficios dirigidos al director del Cefereso, en solicitud del acceso al centro penitenciario de servidores públicos de las diversas instancias responsables de acreditar la inspección y el óptimo funcionamiento de la prisión.
Entre los diversos funcionarios que ingresaron al Altiplano para realizar recorridos en las instalaciones, en los cuales se emitieron informes y en su mayoría fueron concluidos con una reunión de trabajo, están: Ignacio Hernández Mora, titular del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga de la Dirección General de Administración; Celina Oseguera Parra, coordinadora general de los Centros Federales; Patricia Morales Luna, directora de Áreas en dicha coordinación; el general Alfredo Carranza Rosales, director de Seguridad en los Ceferesos; Ramón Eduardo Pequeño García, extitular de la División de Inteligencia de la PF; y David Fernando Rodríguez Robledo, director general adjunto de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la misma dependencia. Monte Alejandro Rubido, durante su gestión al frente de la CNS nunca visitó ese penal.
De acuerdo con el reglamento de la OADPRS, es la Dirección General de Administración –a cargo de Uribe Arriaga-, la responsable de la contratación de servicios, obras y compra de equipo. Al mismo tiempo, para aprobar las herramientas y equipos de seguridad, debe contar con la aprobación de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública y la Policía Científica, dependientes de la CNS. Y en el caso del Centro de Control, desde donde se vigilaba a El Chapo, dependía únicamente del titular de la División de Inteligencia, Ramón Pequeño.
A Uribe Arriaga, quien nunca compareció ante el Ministerio Público ni ha sido acusado de algún delito, se le giraron por lo menos tres oficios en septiembre de 2014, solicitando recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de distintos equipos, entre ellos: detectores de drogas y explosivos, sistema de intercomunicación de voz y sistemas de control de acceso vehicular de El Altiplano.
Para el 12 de enero de 2015 se emitieron dos oficios más (SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/01028/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/01029/2015) dirigidos a la directora General Adjunto de Informática, Recursos Materiales y Servicios del OADPRS, Enrique Angulo Cervera, con copia a su superior, Uribe Arriaga, para que gestionara ante la Policía Científica de la PF “un muestreo de cobertura de inhibición de la señal celular” en El Altiplano, y la reparación del bloqueador de señal JAMMER’S. Y en el segundo documentos se pidió la reparación del equipo de inspección de Rayos X.
Equipos que no fueron atendidos al menos hasta la fuga de El Chapo.
Un oficio adicional, el SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/01848/2015, fechado también el 12 de enero de 2015 y firmado por el comisionado Hernández Mora y dirigido a Pequeño García, en el que se solicitó “validar los avances al mantenimiento preventivo y correctivo eventual soporte técnico y modernización de los sistemas integrales de monitoreo de audio y video para los Centros Federales de Readaptación Social” siete de ellos, entre los que se incluye el de El Altiplano.
Ese documento, sumado a que 46 días antes de la fuga de Guzmán Loera, el 26 de mayo de 2015, acudieron al penal donde permanecía el capo, Uribe Arriaga y Hernández Mora; así como personal de la Unidad de Inteligencia de la PF; David Fernando Rodríguez Robledo, director general adjunto de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la PF, y Martín Hernández Roa, director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación.
En esa reunión, de acuerdo al informe presentado por el director del penal, Valentín Cárdenas Lerma, y fechada el 27 de mayo de 2015, se realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Control.
Y un cuarto oficio, con terminación 26354/2015, fechado el 2 de junio de 2015, 39 días antes de la fuga del capo, fue dirigido a Angulo Cervera, en el que se insistía en el mantenimiento de equipo de seguridad, responsabilidad de la Dirección General de Administración, a cargo de Uribe Arriaga, quien junto a Ignacio Hernández Mora, fueron exonerados de todo cargo con respecto a la fuga de El Chapo Guzmán. El primero continúa en su cargo y el segundo pasa largas temporadas en España.
Sin embargo, pese a todas las alertas y a todos los responsables que fueron informados, Guzmán Loera se fugó y el equipo de monitoreo de la Policía Federal y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) fallaron.
Los nombres que faltan por investigar
Estos son algunos de los más importantes nombres de funcionarios y los cargos que ostentaban en 2015, y que conocieron las alertas que, de haberse atendido, habrían impedido la fuga del líder del Cártel de Sinaloa
•Monte Alejandro Rubido García - Comisionado Nacional de Seguridad. Actualmente Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
•Ramón Eduardo Pequeño- Comisionado General Titular de la División de Inteligencia de Policía Federal.
•General Alfredo Carranza Rosales- Director de Seguridad en Centros Federales. Actualmente ofrece cursos de seguridad en instalaciones a Pemex, según cuatro contratos vigentes.
•David Fernando Rodríguez Robledo- Director Adjunto de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la Policía Federal.
•Jorge Francisco Márquez Montes- Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación. Continúa en el cargo.
•Martín Hernández Roa- Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Gobernación. Continúa en el cargo.
•Juan Ignacio Hernández Mora- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Radica actualmente en España
•Celina Oseguera Parra- Coordinación General de Centros Federales. Actualmente sujeta a juicio por la evasión de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
•Paulo Uribe Arriaga- Director General de Administración del OADPRS. Representante del Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional.
•Enrique Angulo Cervera- Director General Adjunto de Informática Recursos Materiales y Servicios del (OADPRS).
•Valentín Cárdenas Lerma- Director General Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1, El Altiplano. Actualmente sujeto a juicio por la evasión de El Chapo.
•Leonor García García- Directora Jurídica del Cefereso 1. Fue absuelta de la evasión de El Chapo y salió libre.
•Jesús Martínez Uscanga- Jefe de Departamento de Control Jurídico del OADPRS.
Comisionado. Monte Alejandro Rubido.
Mando superior
“He cesado a quienes tienen relación directa y lo he hecho para que pueda darse la investigación correspondiente por parte de las Procuradurías; de entrada, tenían algo que ver o mucho que ver y por eso es que se tomó esta decisión”, fue la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la fuga de El Chapo, ante el cuestionamiento sobre por qué no cesó al comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García o al excomisario general de la División de Inteligencia de la PF, Ramón Pequeño García, responsable del centro de control que vigilaba a Guzmán. (Ilustración: Guillermo Bobadilla)