A finales de mayo e inicios de junio de este año, más de 158 mil aspirantes a ingresar a las distintas carreras de la UNAM presentaron un examen de admisión para el ciclo escolar que debía iniciar este agosto. En esta ocasión, un examen en línea implementado con herramientas de inteligencia artificial, encaminadas a prevenir y detectar el fraude. Como resultado, aproximadamente 22 mil jóvenes fueron admitidos, a quienes se les envió un aviso de selección: habían logrado superar el filtro de acceso universitario más competido del país.
Pero pronto se advirtió que algo no andaba bien. Y ese algo, más que relacionarse con los aproximadamente 3 mil casos de cancelación de examen, se vinculaba con datos históricos y estadísticos que no podían obviarse: el porcentaje de alumnos que obtuvieron 100 aciertos o más en el examen y el puntaje mínimo de aciertos que permitió asegurar un lugar en la facultad correspondiente. En ambas métricas, hubo incrementos abruptos muy difíciles de explicar a través de hipótesis distintas a la trampa.
Esta hipótesis vino a reforzarse en el debate colectivo por las publicaciones de TikTok, donde algunos presuntos aspirantes alardeaban sobre la manera de burlar la vigilancia de la IA. Teléfonos en puntos ciegos, chicharitos bajo el pelo, herramientas digitales, y asistencia personal empleando hardware adicional fueron parte de las recomendaciones documentadas por los medios. Particular alerta causó el llamado a la trampa bajo el argumento de que el examen de acceso no es una prueba de inteligencia, sino un mero trámite susceptible de ser cumplido a través de medios fraudulentos.
El debate público asociado a estos sucesos es altamente complejo, pues tiene, al menos, aristas legales, éticas, institucionales y sociales: ¿está la Universidad en aptitud legal de exigir una nueva evaluación? ¿Tienen los aspirantes seleccionados, frente a ello, medios de defensa? ¿Cuál de estos cursos de acción legal es consistente con lo que es éticamente exigido? ¿Es justo que los aspirantes que acreditaron sin trampa “vuelvan a presentar” el examen de admisión, a causa de quienes fueron seleccionados gracias al engaño? ¿O lo correcto es mantener los resultados a manera de responsabilidad por la insuficiencia de garantías institucionales para prevenir el fraude, a costa de todos los que, por la derecha, presentaron el examen, pero no fueron seleccionados por haber sido desplazados por quienes se burlaron del proceso? ¿Deben descartarse los resultados de un proceso cuya legitimidad está en duda a fin de defender el prestigio de la UNAM? ¿O esa exigencia de legitimidad debe ceder ante las exigencias de “justicia social” de quienes dicen que el examen es un obstáculo que excluye y que debe librarse a toda costa, incluso con artificios que perviertan su finalidad?
Como podrá anticipar, querido lector, es imposible ahondar en estas discusiones en una sola entrega. Por ahora, baste con decirle que la UNAM ordenó la revisión del proceso y suspendió provisionalmente las inscripciones de ingreso. Esto incluyó la instalación de una Comisión Técnica que, este viernes, emitió las siguientes recomendaciones: (1) verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control; (2) convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en 2026 mediante el examen original, y a quienes obtuvieron, en dicho examen, un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos que el programa, plantel y modalidad posibilitó el ingreso entre 2021 y 2026; (3) aplicar el examen de control de manera presencial, bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad para reducir la afectación al calendario escolar, y (4) asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control. Y, frente a ello, por supuesto, las protestas.
Protestas de aspirantes que sostienen que no tienen por qué probar su inocencia. Que exigen respetar el resultado, dado el “dinero y salud mental” que se invirtió para quedar por mérito. Y que sostienen que la incapacidad técnica de la universidad no es su responsabilidad. Sin embargo, hasta ahora, no he visto que alguien haga referencia a las responsabilidades adquiridas al participar en el “Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura 2026”, específicamente con motivo de la aceptación de la Convocatoria y su instructivo.
¿O será que es irrelevante que, al aceptarlos, cada aspirante aceptó no solo las prohibiciones aplicables al examen, sino los principios que rigen el proceso, particularmente los de honestidad, respeto, responsabilidad y apego a los valores universitarios de verdad, justicia y servicio a la sociedad? ¿Será irrelevante que, al aceptarlos, se aceptó también la facultad de la UNAM de cancelar registros frente a su incumplimiento, y las facultades instrumentales de verificación que son necesarias para alcanzar esa finalidad, como lo sería un examen de control? ¿Será que las recomendaciones de la Comisión Técnica pueden desvincularse de los principios de honestidad y servicio a la sociedad —que, conjuntamente, apuntan hacia la integridad del proceso— que los aspirantes se comprometieron a abrazar?
