La salida anunciada por Leonardo Lomelí a la crisis de la UNAM por la vulneración del examen de admisión no sólo es una oportunidad inmejorable para que el rector depure y reconfigure su equipo de trabajo, también es la ocasión para colocar a la universidad como el ejemplo de que un ejercicio de introspección y autocrítica honestas sí funciona, de que, revisar y corregir, rectificar o reponer cuando es necesario, no debilita a la institución que lo hace, pero sobre todo de que ni la trampa, ni el engaño, ni tampoco la corrupción, tienen garantizada la victoria siempre y, por lo tanto, son el destino fatal del país.
A pesar de todo lo que ocurrió en los últimos 10 días, de las críticas justificadas, pero sobre todo de los linchamientos por la violación del concurso de selección que apuntaló el intento de fraude de los aspirantes, para incomodidad de los malquerientes de la UNAM, el prestigio de la entidad académica quedó a salvo, no porque nada hubiera ocurrido, sino porque supo detectar, admitir en público y corregir; algo poco común en la vida pública mexicana.
La universidad puede reivindicar hoy dos acciones de gran relevancia: 1) El fraude no se consumó gracias a la propia universidad y 2) la solución no se quedó sólo en el nivel de los aspirantes tramposos, va a fondo porque también persigue a los responsables de una falla, o una componenda de dimensiones millonarias que, no detectada a tiempo, habría lesionado irremediablemente el prestigio y la credibilidad universitarios de forma más grave que el episodio de la tesis plagiada de hace apenas unos años.
La destitución, que no renuncia, de Patricia Dávila de la Secretaría General, tiene una sola explicación: ella es la primera responsable, aunque no la única, de que la UNAM caminara al borde del precipicio durante dos semanas. Ella supervisó a la Dirección General de Administración Escolar, donde se argumentó e impulsó la asignación directa del contrato millonario a Territorium Life, la empresa privada que incumplió. El hecho estuvo a punto de provocar el mayor movimiento de rechazados en la historia universitaria. Por eso, porque tiene responsabilidad directa y ahora tendrá que rendir cuentas por ello, pues falta el deslinde de responsabilidades legales, en un acto de liderazgo el rector no le permitió la renuncia, destituyó a su segunda al mando en la estructura universitaria.
Dávila nunca fue una colaboradora ni eficiente, ni leal con Leonardo Lomelí. En el proceso de selección donde el economista salió rector, ella fue su principal competidora, no por méritos académicos, sino porque era la candidata de Enrique Graue. Sólo cuando se hizo público que se ostentó como doctora durante al menos una década sin estar titulada y siendo directora de lo que hoy es la FES Iztacala, ella y sus promotores entendieron que no podría ser la primera rectora mujer con semejante mancha académica.
Un acuerdo impulsado por el exrector para promover una “transición de unidad” la llevó a la Secretaría General, pero en el cargo siempre actuó con arrogancia y poco respeto hacia todos, incluido el rector, como si su posición no hubiera sido una designación de Lomelí, sino una cuota heredada a la que tenía derecho. La dimensión de su deslealtad se puede advertir en una constante de conducta: siempre que había un problema grande en la UNAM, Patricia Dávila se escondía y dejaba al rector pagar solo el costo de atenderlo. Con los directores de facultades y escuelas, era grosera y autoritaria. Tras perder la Rectoría y asegurar la Secretaría General, persiguió a sus adversarios para sacarlos de la universidad como si la institución le perteneciera. Ahora que se va, defenestrada y responsabilizada de la crisis del examen de admisión, no habrá muchos que la lloren en la institución, al contrario.
La historia aún no termina. Dávila deberá enfrentar investigaciones y responsabilidades administrativas por el millonario contrato del examen, pero también penales porque sus acciones causaron daño patrimonial a la UNAM. Pero en el viaje no va sola, por lo menos otras dos personas la acompañan: la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence y la titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Anabel de la Rosa, ambas muy cercanas a Dávila, tendrán que rendir cuentas y la lógica apunta a su despido también, una por ser responsable directa de la contratación de Territorium y la otra, por no supervisar técnicamente su trabajo.
