Ante denuncias sobre presuntas irregularidades, la Secretaría de la Función Pública ordenó, como medida preventiva y de diagnóstico, verificar el servicio de atención médica a empleados y jubilados, a través de auditorías o servicios de inspección, en las entidades de la Administración Pública Federal que ofrecen esta prestación a través de particulares. Como resultado de la fiscalización, los órganos internos de control (OIC´s) en dichas entidades determinaron 59 observaciones que ya fueron notificadas a las autoridades para que en los próximos 45 días hábiles puedan ser aclaradas o, en su defecto, se determinen las responsabilidades administrativas de servidores públicos y de empresas participantes. Las instituciones que participaron en el proceso de fiscalización fueron: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Pemex, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y Nacional Financiera (Nafin), así como los bancos Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), y el del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), además de la Sociedad Hipotecaria Federal, se informó la Función Pública en un comunicado. Entre los aspectos sometidos a revisión, apuntó, estuvieron el gasto de siniestralidad, gasto de administración del servicio, la aplicación de descuentos en medicamentos y servicios médicos, la aplicación de penalizaciones por incumplimientos, el número de derechohabientes, y altas y bajas del padrón de la prestación de servicio (personal activo, jubilado, pensionado y sus beneficiarios). NM
21 de Mayo de 2024