La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), vigente desde 2023 y promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió al centro del debate público debido a que la Suprema Corte de Justicia confirmó su constitucionalidad. Investigadores y universidades privadas cuestionaron algunos artículos, en particular el 34, el 41 y el Décimo Transitorio, con el argumento de que vulneraban el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, el fondo de la discusión no fue nunca estrictamente jurídico, pies radicaba en el descontento por las reglas de distribución de apoyos económicos dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
El propósito de la Ley es garantizar que todas las personas puedan acceder a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, en cumplimiento del mandato contenido en la fracción V del artículo 5 constitucional. Para ello, establece mecanismos de apoyo y fomento en los que participan tanto el Estado como los sectores social y privado, bajo la rectoría pública. Uno de esos mecanismos es el SNII, que busca fortalecer las capacidades nacionales en HCTI mediante el reconocimiento y estímulo económico a investigadores que contribuyen al desarrollo del país.
El artículo 34 de la Ley otorga prioridad a los apoyos destinados a investigadores que trabajan en instituciones públicas, junto con becas de posgrado y proyectos estratégicos. El establecimiento de prioridades para las políticas de HCTI y el uso de recursos públicos generó inconformidad en el sector privado, que percibe en tales medidas un trato desigual para sus investigadores. Sin embargo, el artículo 41 aclara que la adscripción institucional no es determinante para recibir apoyos: lo relevante es que los investigadores realicen actividades en HCTI en instancias públicas, independientemente de si provienen de universidades públicas o privadas. Además, los investigadores del sector privado también pueden integrarse al SNII si sus instituciones celebran convenios con la autoridad federal, en los que se comprometen a entregar los estímulos económicos en caso de que sus académicos obtengan el reconocimiento.
En consecuencia, la Ley no excluye a los investigadores privados, sino que establece alternativas a su favor y condiciones de corresponsabilidad. Los apoyos federales no dependen de la naturaleza de la institución, sino de que las actividades tengan un impacto en el interés público nacional. La oposición surge porque las universidades privadas (las autoridades de la Ibero recorrieron los pasillos de la Suprema Corte) buscan que el Estado subsidie directamente el salario de sus investigadores, para así eludir los costos correspondientes y mantener márgenes de ganancia. El conflicto, por tanto, evidenció la tensión entre el interés público nacional y los intereses económicos de las instituciones privadas, que se resisten a perder privilegios en el marco de un capitalismo pendenciero y dependiente del Estado.
Históricamente, el SNII nació en los años ochenta para compensar la caída de los salarios de los académicos del sector público durante la crisis económica. Con el tiempo, se abrió de manera limitada al sector privado, siempre bajo convenios de corresponsabilidad. La actual legislación retoma esa lógica, reafirmando que el financiamiento de la investigación es una tarea compartida entre los sectores público, social y privado.
Es importante destacar que el SNII no es el único mecanismo de apoyo previsto en la Ley. Existen otros programas que también pueden beneficiar a investigadores privados, así como garantizar el mandato constitucional de fomentar la investigación científica, humanística y tecnológica, además de asegurar el acceso abierto a la información derivada de ella. La intención es que toda la comunidad nacional de HCTI cuente con recursos y estímulos suficientes, sin distinción de origen institucional, pero bajo reglas que prioricen el interés público nacional.
La controversia judicial, entonces, no radicó nunca en la defensa abstracta de principios constitucionales, sino en la resistencia de las instituciones privadas a perder subsidios y privilegios, que buscan que el Estado absorba sus costos de producción, mientras mantienen esquemas de bajos salarios y prestaciones para sus investigadores. En ese sentido, la Ley impulsada por el ex Presidente López Obrador representa un cambio de modelo: pone fin a prácticas de “capitalismo académico” y reafirma la rectoría estatal en la materia, lo que inevitablemente afecta las ganancias privadas. Por supuesto, falta mucho por hacer para superar los fraudes y abusos de la “ciencia neoliberal” y las redes de poder que dominan el sector, pero precisamente la Ley es un instrumento para avanzar hacia la consolidación de la soberanía científica y tecnológica del país y la garantía del derecho humano a la ciencia.
En conclusión, la Ley General en Materia de HCTI y el SNII buscan garantizar el derecho de todos los ciudadanos a beneficiarse del desarrollo científico y tecnológico, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales y asegurando que los apoyos se orienten al interés público. Aunque el sector privado puede participar y acceder a estímulos, debe hacerlo en condiciones de corresponsabilidad y convenios específicos. La oposición a esta primera Ley General del sector refleja más un conflicto de intereses económicos que una verdadera defensa de la igualdad o la libertad de investigación. El debate en la Suprema Corte ha sido clave para definir la prevalencia del mandato constitucional de que la investigación científica y la innovación tecnológica estén al servicio de toda la sociedad mexicana sobre la lógica de privilegios privados heredada por el neoliberalismo.
Habrá que ver si la Secretaría del ramo está dispuesta a cumplir con la Ley, si la casta dorada dentro de instituciones como la UNAM atenderá sus mandatos y si la “mafia de la ciencia” finalmente aceptará su derrota.
