Foto: Cuartoscuro

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Redacción ejecentral

Con la dispensa de todos los trámites, los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde aprobaron una iniciativa con la que se redefine el concepto de propaganda gubernamental, con la que los funcionarios públicos, en su calidad de ciudadanos, podrán emitir opiniones o comentarios sobre la revocación de mandato.

Es ante las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral ha dictado en contra de actores políticos – entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador – por la emisión de comentarios en torno a la revocación de mandato, que Morena impulsó la iniciativa.

Esta, fue presentada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en la que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental que se encuentra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Para ello, propone definir la propaganda gubernamental como un “conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social con cargo al presupuesto público”.

Asimismo, exime de esta conceptualización a opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan servidores públicos en su calidad de ciudadanos.

“Lo que estamos tratando de privilegiar con esto es el derecho de la libertad e expresión y el derecho a la información”, dijo el legislador morenista.

Sergio Gutiérrez Luna acusó que los órganos electorales han hecho una “distorsión” en torno a lo que representa una manifestación de ideas, ya sea de viva voz o a través de redes sociales.

Frente a ello, la diputada Marcela Guerra del PRI consideró que la fundamentación jurídica de esta iniciativa es errónea, pues consideró que si bien el artículo 72 da la facultad al Congreso para interpretar leyes, ello no implica modificarlas.

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En ese mismo sentido se pronunció el diputado Marco Humberto Aguilar del PAN, quien señaló que la modificación de una ley no puede realizarse desde decretos de interpretación.

Apenas el pasado 3 de marzo, Sergio Gutiérrez Luna promovió una controversia constitucional en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten medidas cautelares al presidente López Obrador por difusión de propaganda electoral.

En esa controversia, indicó Gutiérrez Luna, se impugna la interpretación que el INE realiza en torno al concepto de “propaganda gubernamental” afirmando que las medidas impuestas por el órgano electoral “no tienen sustento legal”, al invadir competencias del Congreso. CJG

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