La caída en más del 22% del gasto en seguridad pública y justicia que se registró en el actual gobierno provocó no sólo el “desmantelamiento” de las instituciones encargadas de la prevención y el combate de delitos, sino también un rezago presupuestal de al menos 225 mil millones de pesos para el próximo año.
Así lo advierte el estudio “¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia” que hoy dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el que se señala que además de las deficiencias presupuestales en el gobierno federal se mantiene un desinterés por consolidar acciones y estrategias efectivas.
“Esto nos ha llevado a una ruta de deterioro y erosión de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia que hacen imposible recuperar el control del territorio, proteger a los ciudadanos y sancionar los delitos”, subrayó Francisco Rivas, director del ONC.
En el informe se indica que, en 2018, al inicio de la actual administración federal, el presupuesto destinado para la prevención del delito, combate al crimen y para la justicia se fue reduciendo anualmente hasta llegar a una disminución del 22.5% al cierre de 2022.
PUEDES LEER: Admite López Obrador inseguridad en Chiapas
A causa de esa reducción presupuestal en la “política federal de seguridad” implicó el desmantelamiento o debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia, pero además evidenció la falta de un diagnóstico y planeación confiable y efectivas, entre otros aspectos, que agudizaron la crisis de violencia e inseguridad que persiste en el país.
En busca de remontar los rezagos y daños generados en los últimos cinco años, el estudio calcula que para el próximo año se requerirán al menos 225 mil millones de pesos para subsanar el rezago presupuestal del cual señalaron al gobierno federal y las legislaturas de la Cámara de Diputados como “directamente responsables de la inefectividad y la distribución precaria de los recursos públicos”.
De cara a las elecciones de 2024, el estudio advierte que la persona que resulte electa para ocupar la presidencia de la República debe encargarse de subsanar tanto el gasto insuficiente como la mala política pública, a fin de incrementar en más de un 70% para mejorar tanto las políticas públicas como en el funcionamiento de las instituciones.
En ese sentido, el ONC recalca las reducciones presupuestales que han tenido instituciones como la Guardia Nacional, cuya reducción en términos reales fue de casi el 37% entre 2018-2022; mientras que el gasto en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) decayó en 19.2%, lo que también se refleja en la reducción del número de carpetas de investigación que exhiben las estadísticas de la incidencia delictiva.
SIGUE LEYENDO |
Secretaría de Seguridad se guarda mitad del gasto
Molesta al Gobierno de EU el gasto social que aplica AMLO