Gobierno federal investigará actuación de Odebrecht en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador investigará si la empresa brasileña Odebrecht ha actuado con legalidad en México, luego de señalamientos por posibles prácticas de corrupción en Veracruz.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario recordó que la constructora tenía contratos con varios gobiernos del país y en América Latina, por lo que revisará “si lo que hicieron estuvo mal”.

López Obrador afirmó que era una empresa famosa en su momento, hubo contratos en Veracruz y Michoacán y otras partes, y que incluso hay documentos en los que se pedía desde Brasil que esta empresa participara en México o que funcionarios de esa nación vinieran.

“Estaba de moda esta empresa, pero hay que ver si lo que hicieron estuvo mal”, dijo López Obrador al mencionar un caso en Veracruz donde esta compañía está relacionada, sin embargo, no existe alguna denuncia en su contra.

“No se ha ventilado nada aun cuando se acusó que Pemex (Petróleos Mexicanos) les entregó y les sigue entregando, por el contrato, materia prima a Odebrecht, entonces hay que ver eso”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Aseveró que esta empresa era tan famosa que incluso llegó a realizar su Consejo de Administración en la entonces Residencia Oficial de Los Pinos, en México.

Desde 2014 que estalló la bomba llamada “Lava Jato”, en México se dio a conocer la relación de Odebrecht con obras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y presuntos sobornos a Emilio Lozoya, cuando estaba al frente de la paraestatal.

Pemex había otorgado contratos por más de mil 500 millones de dólares para obras en dos refinerías y en un gasoducto. Gobernadores también fueron señalados de recibir compensaciones económicas y materiales a cambio de contratos, como Fidel Herrera y Javier Duarte.

Y aunque pocos han sido los funcionarios sancionados por esta práctica, la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Constructora Norberto Odebrech, fueron inhabilitadas por tres años, por lo que no podrán recibir licitaciones ni contratos del gobierno mexicano.

Esta se suma a la inhabilitación que le había hecho la Secretaría de la Función Pública en abril de 2018, por dos años y tres meses.