La historia de la democracia en México no puede entenderse sin mirar, con serenidad y objetividad, el largo trayecto de reformas electorales que dieron forma a nuestro sistema político. No fue obra de un solo partido, ni de un solo gobierno; fue la suma de acuerdos, concesiones y pactos entre quienes, desde trincheras distintas, comprendieron que sin reglas claras y un piso parejo la legitimidad del poder estaría siempre en entredicho.
El primer paso se dio en 1946, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, con la creación de los llamados diputados de partido. Con ello se abrió la puerta a que las minorías políticas tuvieran representación en el Congreso, aunque fuera de manera limitada. Este mecanismo buscaba atemperar el monopolio del PRI en la Cámara de Diputados y dar cauce institucional a voces opositoras, que hasta entonces habían sido marginales.
Posteriormente, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se redujo de 21 a 18 años la edad mínima para ejercer el voto. Esta reforma fue crucial: reconocía a la juventud como un actor político con plenos derechos y ampliaba la base electoral en un momento de tensiones sociales tras el 68 y el 71. No fue un gesto menor, sino un reconocimiento a la necesidad de abrir cauces de participación para evitar que el descontento se expresara únicamente en las calles.
El parteaguas llegó con la reforma de 1977, impulsada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Con ella se crearon las diputaciones de representación proporcional, se otorgó financiamiento público a los partidos y se flexibilizó el registro de nuevas fuerzas políticas. Fue la primera gran apertura democrática: permitió que partidos antes proscritos o marginales tuvieran representación en la Cámara, se reconoció el pluralismo político y se garantizó la supervivencia financiera de la oposición.
Con Carlos Salinas de Gortari se dio un paso monumental: la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del actual Instituto Nacional Electoral (INE). Se trataba de arrebatar al gobierno el control directo de los comicios y trasladarlo a un organismo autónomo con participación ciudadana. Con esta reforma comenzó a forjarse la confianza en las elecciones, al tiempo que se establecían reglas más claras para la competencia política.
El presidente Ernesto Zedillo fue responsable de otra reforma clave: otorgar a la ciudadanía de la capital del país el derecho a elegir, por primera vez, a su Jefe de Gobierno, así como a su Asamblea Legislativa. Además, se fortaleció la autonomía del IFE y se impulsaron cambios que harían posible una elección presidencial competida y creíble. El resultado fue la alternancia de 2000, cuando el PRI dejó la presidencia tras 71 años en el poder, en un proceso ordenado y pacífico, sin que se rompiera un solo vaso.
Todas estas reformas tuvieron algo en común: fueron fruto del diálogo político. En cada etapa hubo acuerdos entre el PRI y los partidos de oposición que, sin renunciar a sus diferencias, entendieron que las reglas del juego democrático debían construirse entre todos.
La democracia mexicana no nació en un día, ni como concesión graciosa de un gobernante iluminado. Se fue construyendo paso a paso, en un proceso muchas veces complejo, pero siempre orientado a fortalecer la legitimidad del sistema político.
Hoy, cuando algunos pretenden desmantelar lo logrado y debilitar las instituciones electorales, vale la pena recordar esta historia. Porque si algo nos enseña es que la democracia la hemos construido todos y, por lo mismo, a todos nos corresponde defenderla.
@jlcamachov
