El Gobierno federal reconoció que “han sido abordadas de manera efectiva” 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en respuesta al informe anual de la organización Human Rights Watch y su apartado sobre México.
En un comunicado conjunto, secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República aseguraron que, a pesar de importantes desafíos en derechos humanos, hay acciones concretas para enfrentar problemas como la desaparición de personas, la tortura y el uso de la fuerza del Ejército.
Sobre el caso de Tlatlaya, las dependencias aseguraron que se realizaron las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía “el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos”.
En el caso Tanhuato, sostienen que se han investigaciones, hay personas detenidas y procesada: “existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.”
“Existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo (garantizar el goce efectivo de los derechos humanos) por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante... se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”.
México, agregaron, “agradece el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconoce las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.
Al dar el informe a la organización internacional señalaron que ya entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Sobre el caso Ayotzinapa, abundaron, “el Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento” mediante la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.
Aceptaron que se ha regulado el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual redundó en la reducción de 76 por ciento en las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército, en comparación con 2012.
Sobre migración aseguraron que “México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren su protección”.RB