La mayor organización de empresarios en el país, encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y sindicatos obreros, que representan al sector formal de la economía con 43 de cada 100 trabajadores en el país, firmaron un pacto con el gobierno federal para “resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal”.
“Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal”, dijo hoy Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, al leer el acuerdo de cuatro puntos.
“Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente”, señala el punto cuatro que leyó Alcalde.
La funcionaria señaló que la contratación a través del outsourcing genera “crecientes abusos” que afectan a los trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y a las empresas que sí cumplen, porque eso genera una competencia desleal.
Con la tregua, las partes prepararán una propuesta consensuada para que sea discutida en el Congreso a partir de febrero y en menos de un mes, podría ser aprobada.
Un punto que llama la atención es que las partes firmantes representan (con datos a septiembre) a 21.7 millones de trabajadores del sector formal de la economía. Sin embargo, también hay otros 29.4 millones de trabajadores que están en el sector informal, sin prestaciones económicas para el trabajador y sin ingresos tributarios para las arcas de la nación.