Ante el drástico escenario económico en el mundo, derivado de la pandemia asociada al coronavirus, la Secretaría de Hacienda redujo su estimado de crecimiento de la economía mexicana para este 2020 de un rango de entre 1.5 y 2.5 por ciento a uno de entre -3.9 y 0.1 por ciento.
“La coyuntura actual es más compleja que la que podría hacerse anticipado en septiembre de 2019, cuando se presentó el Paquete Económico 2020. En un periodo muy reducido el panorama económico global se ha deteriorado de forma rápida y significativa, dijo Hacienda en los Pre-criterios.
De acuerdo con el documento, las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura tienen un elevado nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de la epidemia, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía nacional.
Para 2021, Hacienda estimó que el crecimiento económico mejore frente a 2020 y se ubique en un rango entre 1.5 y 3.5%.
Dijo que esa estimación se sustenta “en la mejoría en la actividad económica que se espera desde el tercer y cuarto trimestre de este año, una vez que concluya la contingencia sanitaria” por el coronavirus, que ha dejado hasta el momento 1,378 casos en el país y 37 fallecidos.
Los analistas privados han ido disminuyendo sus estimaciones sobre la economía de México, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, en las últimas semanas.
Este miércoles, los especialistas que consulta mensualmente el Banco de México (Banxico) estimaron que la economía va a tener una caída de 3.5% en 2020.
La economía mexicana recibe debilitada el impacto del coronavirus, pues en 2019 se contrajo 0.1%, su primera caída anual en una década.
Los expertos han señalado que gran parte de la debilidad económica obedece a un freno en la inversión por la incertidumbre que han causado las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al inicio de su gobierno, el mandatario canceló la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México, valuado en 13,000 millones de dólares, tras una polémica consulta popular.
La decisión generó una crisis de confianza entre inversionistas locales y extranjeros con el gobierno de López Obrador.