En México nos hemos acostumbrado a hablar de elecciones y violencia casi siempre en la misma frase, como si fuera una combinación inevitable. Como si competir por un cargo público implicara, además de negociar alianzas, recorrer territorio y conseguir votos, asumir el riesgo de que alguien te mate.
El proceso electoral de 2027 ya tiene su primera víctima, y todavía estamos en las previas: Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado el 17 de octubre y en el atentado su esposa resultó gravemente herida. El aspirante había hecho público su registro apenas unos días antes. No sabemos todavía quién lo mató ni cuáles fueron los motivos. Lo que sí sabemos es que quería competir por un cargo público y que ya no podrá hacerlo.
Ser aspirante a un cargo de elección tiene como objetivo convencer a la ciudadanía; sin embargo, en algunos territorios se ha vuelto una actividad donde sobrevivir también forma parte de la competencia.
Y aunque esto ya no es algo nuevo, lo nuevo es la facilidad con la que hemos aprendido a convivir con ello.
Cada elección deja una lista de candidatos asesinados, alcaldes amenazados, funcionarios atacados y comunidades donde votar se percibe como peligroso. Después vienen los discursos, las condenas, las promesas de investigar y las declaraciones de que no habrá impunidad, pero el ciclo se repite.
La violencia electoral no solo es un problema de seguridad, también es un problema de poder. El crimen organizado ha aprendido a no gobernar formalmente un municipio para hacerlo suyo. Le basta con tener capacidad de decidir quién llega a la presidencia municipal, quién ocupa determinados cargos, qué contratos se asignan, cómo opera la policía o qué decisiones puede tomar una autoridad sin poner en riesgo su vida.
El municipio es, en muchos casos, el lugar donde esa disputa se observa más. Ahí están los presupuestos, las policías, los permisos, los mercados, la obra pública y buena parte de las decisiones que afectan directamente a una comunidad. Por eso, las agresiones político-criminales se concentran en ese nivel de gobierno. México Evalúa y Data Cívica documentaron que el 77.9% de las agresiones político-criminales registradas entre 2021 y 2024 tuvieron como objetivo a actores municipales.
No solo se juega una candidatura, sino el control de una estructura de poder; y frente a eso, los partidos parecen seguir pensando que el problema se resuelve con protocolos, declaraciones y algún mecanismo para revisar los perfiles de quienes buscan una candidatura.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia para prevenir la violencia política y evitar la infiltración criminal en las elecciones, mientras que el INE discute mecanismos para revisar posibles vínculos de candidatos con organizaciones delictivas. Estas medidas son necesarias, pero ¿quién va a revisar a los partidos? Revisar estructuras políticas, candidaturas, financiamiento y decisiones que alguien toma dentro de los propios partidos es algo que debe realizarse.
Los partidos no pueden presentarse como víctimas de una amenaza externa cuando también tienen la responsabilidad de impedir que sus candidaturas se conviertan en instrumentos de intereses criminales. No basta con condenar la violencia contra un adversario, sino que también hay que exigir seguridad para los propios candidatos.
En 2027 se renovarán 17 gubernaturas y más de dos mil ayuntamientos. Es una elección enorme y podremos observar hasta qué punto las instituciones conservan capacidad para garantizar una competencia democrática en territorios donde el poder criminal lleva años creciendo.
Una elección puede celebrarse puntualmente, cumpliendo con todos los elementos que marca el código electoral, como tener una participación considerable, contar con representantes de todos los partidos y producir resultados legales. Pero eso no la convierte en una elección libre.
Si alguien decide quién puede competir, si una candidatura se retira por amenazas, si un alcalde gobierna bajo órdenes de una organización criminal o si una comunidad vota con miedo, la democracia no está funcionando como debería, aun con los lineamientos establecidos en la materia electoral.
Pero la democracia en México no solo necesita candidatos protegidos, sino que, más bien, necesita recuperar territorios donde la política dejó de ser una actividad libre, partidos capaces de asumir responsabilidades, gobiernos que no administren la violencia y autoridades que entiendan que garantizar elecciones no consiste únicamente en contar votos.
Porque una elección no puede ser verdaderamente libre cuando hay quienes tienen el poder de decidir quién puede competir, quién debe retirarse y quién puede aspirar a gobernar.
