Algo se ha ido cocinando en la vida pública mexicana, en la que un asunto como Ayotzinapa se vuelve el espacio preferido de diversos grupos para considerarlo motivo de debate político y no de ejercicio de la legalidad. Al punto en el que el Presidente actual quisiera cerrar el caso lo más pronto posible y que todos dejen de medrar con ello.
Algo está muy mal, si tenemos al exprocurador Murillo Karam, que con su verdad histórica encerró a 110 posibles implicados en los hechos de Iguala, incluido un presidente municipal involucrado con el crimen organizado y a su esposa y, por ello está en la cárcel, como si él hubiera tenido que ver en el asunto; el perseguidor perseguido por motivos políticos.
Algo debe andar muy podrido si no es posible armar una estrategia de seguridad eficaz y eficiente, que viaja entre la represión y la tortura enseñada en el Ejército, la Guardia Nacional o las policías estatales y municipales y, del otro lado, los abrazos y no balazos. Estamos profundamente enfermos y lastimados a fuerza de años de impunidad y de distancia entre los que procuran, administran y defienden la ley y tratan de otorgar justicia.
Me hago una pregunta, cuya respuesta no poseo: ¿por qué la delincuencia organizada ha ido penetrando la sociedad y se ha vuelto en muchos casos un referente social? Y la respuesta es muy compleja. Los limoneros de Michoacán no se quejan de que exista el crimen organizado, se quejan de las cuotas que tienen que pagar, y si se niegan que interrumpan el buen curso de su negocio.
Los que pagan derecho de piso no se quejan de que la autoridad no funcione, sino de estar a merced de un grupo de personas que les cobran por operar, además de los impuestos que pagan por permisos y derechos y, además, los vuelven cómplices, pues los obligan a que en sus establecimientos se pueda vender droga y, sólo la que ellos distribuyen.
Me llama la atención que nadie se manifieste en contra de que Jesús Murillo Karam esté en la cárcel, sin razón alguna y sin que el proceso esté en curso con pruebas y acusaciones sustanciadas.
Me parece lamentable que un presidente municipal se arrogue derechos y acciones o ninguna, en un municipio de usos y costumbres o constitucional, sobre todo, porque ¿si la autoridad viola la ley, por qué no habrían de violarla los particulares?
Con todo ello, digo algo que sabemos, que se ha dicho, que está en nuestra vida pública, pero que no reclamamos con la decisión implícita de reconocer y acusar que todo eso está mal.
No son sólo los muertos, no son los desaparecidos, es el clima que se ha ido gestando en el que la impunidad proviene de la autoridad, como de la delincuencia. Es el clima en el que hay veces que quisiera alguien tener a un amigo o un conocido que le hiciera el favor, dispuesto a portar y usar una pistola por cinco mil pesos y cobrar venganza de un robo, de una vejación a una hermana o familiar.
Los peores, sin embargo, son los que han politizado la justicia. El Presidente dice que la SCJN es fifí, que trabaja para la oligarquía y los privilegios. Algunas víctimas usan el tema para fortalecer sus posiciones políticas. Los partidos y buena parte de la sociedad civil, salvo honrosas excepciones, carecen de planes, soluciones o propuestas. La sociedad en general se ha acostumbrado a ver la ilegalidad, la impunidad y la corrupción con tolerancia pasmosa y, a veces complaciente, porque a algunos algo les resuelve.
En fin. Yo empezaría por reclamar por qué Jesús Murillo Karam está en la cárcel, porque habiendo sido un chivo expiatorio, muestra que, desde el poder no hay voluntad para cambiar el estado de las cosas el día de hoy, sino seguir haciendo política. Ya no será este sexenio. Nada más, pero nada menos, también.
