Vetar es una facultad que se le ha dado al ejecutivo de la nación, en ciertas materias constitucionales, para oponerse con toda su fuerza política a la decisión de la representación nacional encarnada en el Congreso. Es poner un mecanismo constitucional de última instancia en favor del presidente, para que según sus propias consideraciones o las que percibe de la sociedad, pueda suspender los efectos de lo que considera un error o un peligro para el bienestar del país.
La prensa reporta el día de hoy en el periódico La Razón, lo siguiente: Dos semanas después de que el Senado aprobó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó vetarlos porque los elegidos “no destacaron” (sic) en el proceso de elección. El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, notificó la decisión al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien reconoció que el mandatario sólo “hizo uso de sus facultades”.
“El Ejecutivo federal hizo uso de sus facultades, que previene el apartado A del artículo 6 constitucional. La posibilidad de objeción que hace el Ejecutivo federal es parte del procedimiento establecido en dicho artículo constitucional, que en su momento aprobó el órgano reformador de la Carta Magna, y sirve para establecer rigurosidad en los nombramientos de este tipo”, expuso Monreal.
La decisión del Presidente de aplicar su facultad de veto se da de cara a la salida del comisionado Francisco Javier Acuña, quien el 31 de marzo concluye su gestión. Con ello, el INAI quedaría inoperante debido a que el pleno estaría integrado sólo por cuatro comisionados, cuando la Ley Federal de Transparencia establece que, para que las sesiones sean válidas, debe haber un mínimo de cinco miembros.
Asombra en primer lugar, de lo reportado, el tiempo que se tomó el Presidente para llegar a su decisión, poniendo en riesgo la operatividad del INAI. Sabemos de sobra que, para AMLO, el INAI, como el INE, no son sus instituciones preferidas y desde el inicio de su gestión se ha dedicado a torpedearlas cada vez que encuentra el mínimo resquicio de oportunidad.
En este caso, sin embargo, el asunto me parece de mayor envergadura. Rafael Luna es un viejo colaborador de Monreal, pues ocupó la titularidad de la seguridad pública en la demarcación Cuauhtémoc cuando Monreal fue titular de la demarcación. Luna ha sido diputado a la Asamblea Legislativa, maestro de derecho constitucional por oposición de la facultad de derecho de la UNAM y ha ocupado diversos cargos públicos.
Ana Yadira Alarcon Marquez, ha sido directora general adjunta de Apoyo Jurídico Institucional en la Secretaría de la Función Pública; titular de Responsabilidades y Quejas en el OIC IFAI (hoy INAI); titular de Quejas y Responsabilidades en el Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Turismo. En el ámbito legislativo, se ha desempeñado como secretaria técnica en el Senado de la República en las Comisiones de Gobernación; de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Asuntos Fronterizos Norte. En conclusión ambos están ligados de una u otra manera al Senador Monreal. Pero destacan sin duda alguna.
La impresión que deja este veto, más bien parece la resolución de un pleito de familia. El poder que Monreal pudo haber logrado para escudriñar las acciones, las compras, adjudicaciones y hierros del gobierno actual hubieran sido significativos y del siguiente gobierno también. Al Presidente no le quedó otra, ante el temor de que estuviera siempre investigado, le obligó al uso de todas sus facultades constitucionales. Un cañón para matar una mosca. Nada menos, pero nada más también.
