Foto: Saúl López/Cuartoscuro

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Redacción ejecentral

Luego de que el gobernador de Chihuahua Javier Corral advirtiera que la extradición de César Duarte es “irreversible”, la Secretaría de la Función Pública de la entidad indicó que se han identificado a cuatro operadores de la red de corrupción que participaron en el desvío de más de 2 mil 700 millones de pesos del erario.

Mónica Vargas, titular de la SFP de Chihuahua, indicó que se cuenta con cinco procesos administrativos relacionados al exgobernador César Duarte, en los cuales se identificó a cuatro personas, quienes cuentan con más de 30 procedimientos en su contra.

La funcionaria estatal refirió que cada una de las personas señaladas pesan más de 30 procedimientos de índole penal y administrativa, y fueron identificados por la ejecución de pagos de la Secretaría de Hacienda estatal a la Unión Ganadera Regional División del Norte y la sociedad financiera División del Norte.

Apuntó que dentro de la Unión ganadera, Duarte Jáquez fungió como socio e incluso como presidente por algún tiempo, mientras que en la financiera el exgobernador fue accionista principal y fundador de la misma.

Detalló que desde el inicio de la gestión de Corral Jurado, se presentaron 97 denuncias administrativas ante la SFP estatal, de las cuales 88 tienen el carácter de penales, de ellas 86 fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

Abundó que en términos administrativos, se iniciaron 73 procedimientos en los que se encuentran involucrados 778 exservidores públicos, quienes representan un daño al erario estatal por un monto que asciende a los mil 789 millones de pesos.

En ese sentido, Mónica Vargas subrayo que de los 79 proceso administrativos se ha logrado la inhabilitación de 19 servidores públicos; y se impusieron sanciones económicas que ascienden casi a los 550 millones de pesos.

Entre las irregularidades encontradas por la Función Pública de Chihuahua se encuentran adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, empresas fantasma, pagos indebidos, obras no ejecutadas con remuneración, predios a sobrecosto y otorgamiento indebido de beneficios.

La funcionaria explicó que se cuenta con un avance importante a todos los procedimientos, con lo que se busca que sea reintegrado al estado la totalidad de los recursos desviados. CJG

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