“Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres.” Pitágoras
La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 ha generado crisis no sólo en las estructuras de salud del mundo entero, sino también en la economía, la política, la educación y en casi todos los sistemas, incluyendo el incremento de la delincuencia, sobre todo saqueos y robos; recordemos tan solo los ocurridos en las tiendas departamentales de distintas ciudades de nuestro país, organizados algunos desde redes sociales y aplicaciones.
Por desgracia, la recesión económica causada por el COVID-19 impacta directamente en el riesgo de ocurrencia del delito de trata de personas, principalmente por el incremento de población con necesidades económicas derivadas del crecimiento del desempleo lo anterior de acuerdo a datos del informe publicado el pasado 2 de febrero del 2021 denominado: Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este delito es inaceptable, los traficantes ven a sus víctimas como mercancías sin tener en cuenta la dignidad y los derechos humanos; venden a otros seres humanos por un precio que puede alcanzar hasta decenas de miles de dólares estadounidenses, y las grandes organizaciones criminales son las que obtienen los ingresos más altos; una de las situaciones más interesantes es que, el análisis antes mencionado señala que actualmente los criminales han integrado la tecnología en su modelo de negocio en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento hasta la explotación de víctimas.
Y es que a pesar de lo que se ha abordado el tema y de las campañas para disminuir la trata de personas, las cifras continúan siendo alarmantes; en información de la misma UNODC, en 2018, 148 países detectaron y denunciaron alrededor de 50,000 víctimas de este delito. Sin embargo, dada la naturaleza oculta, el número real de víctimas debe ser mucho mayor.
Durante años, las mujeres y las niñas han encabezado este informe anual y en esta edición no hubo excepción, de cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial, aproximadamente cinco son mujeres adultas y dos son niñas. Alrededor del 20% de las víctimas eran hombres adultos y el 10%, niños pequeños, y en términos generales las víctimas tienen al menos tres rubros predominantes: el 5% fueron sometidas a la explotación sexual, el 38% fueron consignadas para trabajos forzados y el 6% destinadas a actividades delictivas forzadas.
Pero, además, el informe destaca que, aunque los mayores porcentajes se han identificado en los rubros antes mencionados; mendigar, los matrimonios forzados y la extracción de órganos han comenzado a sufrir aumentos. Este último delito ha generado muchas especulaciones, ya que durante los años 80 y 90 la imaginativa y mítica idea de la remoción de órganos en una bañera de hotel con hielos se hizo muy popular, e incluso a pesar de que especialistas explicaran como poco viable este proceso, mucho se supuso sobre él.
El tráfico de órganos, sobre todo riñones, pulmones, hígados y corneas se encuentra cada vez más vinculados a una elevada y urgente necesidad económica que en muchas ocasiones implica la pérdida del empleo o las deudas inminentes; es así que con más frecuencia las personas optan por contactar intermediarios que negocien y vendan dichas partes, todo realizado en la mayoría de los casos a través de una cadena de mediadores que incluyen enfermeras y enfermeros, cirujanos y especialistas.
A pesar de que la venta y compra de órganos es ilegal en muchas partes del mundo, es una buena fuente de ingresos para el crimen organizado, incluso de acuerdo a una investigación publicada en New Internationalist los tours de trasplantes se han convertido en uno de los siguientes niveles a alcanzar, indagaciones realizadas en Turquía, Moldavia, EE.UU., Israel, Brasil, Argentina, Filipinas y Sur África, China, y Bangladés, hicieron evidente que los intermediarios de órganos eran traficantes de personas involucrados en acuerdos que se hicieron cumplir con violencia.
Es, aunque prevenible, casi probablemente irremediable que los delitos continúen creciendo, sobre todo si no se hace un análisis detallado del problema, si no se trabaja en políticas públicas que protejan a la población y si no se cubren los vacíos legales aún existentes en la trata de personas y en la compra y venta ilegal de órganos, porque recordemos que nuestra infancia, quién continúa siendo sumamente afectada, es lo más valioso que tenemos.