Foto: Cuartoscuro

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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

El ministro Luis María Aguilar Morales propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional el objeto de la consulta popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República en busca analice la posibilidad de enjuiciar a expresidentes.

El argumento del ministro ponente del proyecto que se someterá a discusión al Pleno de la Corte el próximo 1 de octubre, señala que “la materia que se solicita consultar (el que se lleve a juicio a exmandatarios), de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.

En el análisis de constitucional se establece que, si bien la consulta popular es un derecho humano de participación política de la ciudadanía, y es válida “para cualquier tema que se coherente con el sistema constitucional y democrático mexicano”, le corresponde a la SCJN vigilar que el objeto de la consulta sea respetuoso de los principios esenciales de la democracia y la protección de los derechos humanos.

Y bajo la consideración de que la consulta no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido implique una restricción de los derechos humanos, ni de sus garantías de protección, el análisis del ministro sostiene que, “se advierte por las múltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida”.

La Suprema Corte tuvo conocimiento de la propuesta del presidente López Obrador por consultar el llevar a juicio a sus antecesores en cuestión de horas el pasado 15 de septiembre, cuando en la conferencia mañanera se informó sobre el envío de la propuesta al Senado, y ese mismo día el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) envió la solicitud al máximo tribunal.

En el marco de sus atribuciones, la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la solicitud de consulta popular consiste en analizar dos cuestiones primordiales: que el objeto de esta involucre un tema que puede ser consultado o si, por el contrario, el tema que se pretende consultar está prohibido conforme a lo que estipula el artículo 35 de la Constitución, al ser considerado violatorio de los derechos humanos.

Un segundo aspecto que debe analizar la Corte es si la pregunta propuesta está planteada con un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y está formulada en forma que se pueda contestar con un “sí” o un “no”, sin que el cuestionamiento implique una idea tendenciosa o emita juicios de valor.

En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tener confianza en la Suprema Corte, y rechazó, como plantea el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que la propuesta para la consulta popular afecte de alguna manera los derechos humanos de las personas, pues aseguró que en el caso de que se lleven los juicios (a expresidentes) la autoridad competente, en el marco de la legalidad debe garantizar la defensa de los implicados, y el que no se violen sus derechos humanos.

Que los ministros “actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio (…) Ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece de que no se deben de violar los derechos humanos. Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos”.

Al considerar que el análisis del proyecto presentado por el ministro para declarar inconstitucional la propuesta de consulta popular es similar a la postura que manifestó el expresidente Felipe Calderón, el mandatario sostuvo que se trata del proyecto de un ministro, y es el Pleno el que debe resolver: “hay proyectos que se aprueban, proyectos que no. Y tiene que decidirse por mayoría, hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte”.

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