A los dos meses de haber dejado el gobierno de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero recibió una notificación de que sus cuentas bancarias serían revisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para sorpresa del político perredista no fue revisión de los cincos años inmediatos anteriores, como marca la ley, sino que indagaron sus operaciones de 25 años atrás, desde que él se desempeño como diputado federal.
El gobernador de Guerrero (1 de abril de 2011 al 26 de octubre de 2014) cuando ocurrió el ataque y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa aseguró que dicha inusual revisión a sus operaciones financieras se debió a que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó, a toda costa, vincularlo con la delincuencia organizada, como parte de “una serie de elementos para proporcionar mi desprestigio (…) Alguien tenía que caer, y en este caso escogieron al entonces gobernador de Guerrero”.
En entrevista con el periodista Federico Sariñana, el exmilitante del PRI aseguró que, aunque de la revisión a sus cuentas “afortunadamente” no encontraron nada, sólo le impusieron una multa por el uso de tarjetas de crédito. Pero, denunció: “hay oficios, hay documentos donde obra cómo quisieron perjudicarme, vinculándome con la delincuencia organizada y lavado de dinero. Es otro factor que indica que hubo obviamente el ingrediente político para perjudicarme (…) Hubo sesgo político para perjudicar a un gobernador de la coalición de las izquierdas”.
Durante la charla con el comunicador conocido como “Piko” Sariñana, el ex mandatario guerrerense reconoció que desde su campaña en busca de la gubernatura, había rumores acerca de la supuesta vinculación de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, donde ocurrió el ataque en contra de los jóvenes normalistas, con la delincuencia organizada.
“Algunos políticos locales me lo ponderaron, me lo acercaron, el señor me hizo alguna insinuación para aportarle algo (de dinero) a mi campaña, cosa que definitivamente le dije que no se lo iba a aceptar, que le agradecía el gesto, pero que no se lo iba a aceptar…ya desde entonces corrían algunos rumores de la posibilidad de que tuviera vínculos con la delincuencia organizada”.
Y añadió, “mi relación se circunscribía a las visitas que yo realizaba a la ciudad de Iguala, de carácter oficial siempre, para la inauguración de alguna obra o para una reunión de trabajo”.
Aguirre Rivero destacó que luego de la noche de Iguala, la procuraduría estatal, a cargo entonces de Iñaki Blanco Cabrera, realizó un buen trabajo y un avance en las investigaciones las cuales fueron desechadas por la desaparecida Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, pues, aseguró que, desde entonces, se quería hacer una “verdad histórica a modo”.
No obstante que Ángel Aguirre reiteró que “de parte nuestra nunca hubo omisión, ni irresponsabilidad, ni deseo de tratar de perjudicar a un grupo de jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”, las investigaciones que el entonces procurador Iñaki Blanco había encabezado dieron cuenta de la presencia y operación que mantenían los grupos criminales, particularmente los Guerreros Unidos, señalados como los agresores de los estudiantes, antes de los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Pues además de los hechos de violencia, focalizados en Iguala, previo a la desaparición de los jóvenes, ya evidenciaba una alta cifra de personas desaparecidas, al grado de que el entonces procurador había solicitado la intervención de la PGR, debido al nivel de infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales municipales.